Por: Mauricio Fernández Díaz
Los entes obligados federales y estatales están fallando en cumplir con el derecho ciudadano de acceso a la información. Cada vez hay más recursos de impugnación por sus respuestas deficientes, y acaba de publicarse la lista de los más fallidos o que acumulan más solicitudes de revisión. Y sí, ahí está Tamaulipas.
En esta materia, la que pudiera decirse característica de un sistema verdaderamente democrático, México se ha transformado mucho en los últimos cuatro años, pero para mal, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
En 2022, los recursos de impugnación presentados por ciudadanos que recibieron respuestas a medias o insatisfactorias aumentaron 48.4 por ciento. Lo hacen porque las entidades públicas les han negado un ocultado información, y la número seis a nivel nacional, para mayor escándalo, es el mismísimo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas (ITAIT).
¿De verdad extraña a alguien esta situación cuando el ITAIT se convirtió en una madriguera de panistas, incluso de exfuncionarios de ese partido, como Dulce Rocha? Otros organismos autónomos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General y hasta la misma UAT, siguen secuestradas por emisarios de Francisco García Cabeza de Vaca. Error inmenso cometerá el funcionario morenista que crea en la imparcialidad de estos políticos, porque de hecho eso son y solo eso: políticos, no servidores públicos.
En la lista de los peores en garantizar el acceso a la información están la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con 5 mil 329 impugnaciones; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con mil 656; Telecomunicaciones de México (Telecom), con mil 407, y la Secretaría de Salud, con 717.
Le sigue el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas (ITAIT), con 607, recursos de inconformidad, que es otro de los medios de reclamación para los casos de respuestas insatisfactorias.
Completan el listado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con 553 inconformidades; la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 537; el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 493; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 444, y la Fiscalía General de la República (FGR), con 422.
El saldo elaborado por el INAI del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022 es de 24 mil 740 inconformidades. En el mismo periodo de 2021, se presentaron 16 mil 670. La tendencia a regatear un derecho fundamental de ha escamoteado en el último año y podría sentar un precedente negativo. Si cada vez menos organismos y dependencias abren su información, ¿por qué habrían de hacerlo otros?
Tampoco nos extraña, lamentablemente, que los principales entes sean federales cuando el propio presidente ha puesto en duda la utilidad de estos institutos. Cualquier gobierno que ejerza recursos públicos de espaldas a los ciudadanos delinque y viola el mandato popular. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información es un contrapeso directo sobre los gobernantes para asegurar la correcta aplicación del presupuesto, entre otros recursos. No es un invento neoliberal ni menos una carga para el Estado, como se le suele descalificar ahora.
La prueba fehaciente de que el INAI funciona y de su carácter imparcial está en este informe, donde señala al instituto tamaulipeco entre los que afectan este derecho. No es un asunto de partidos sino de instituciones.
Sin embargo, el ITAIT sí está sesgado políticamente para proteger o justificar a dependencias estatales durante el gobierno de Cabeza de Vaca, ya que sus principales comisionados son panistas, fueron funcionarios o hasta aspirantes a cargos de elección por el PAN. Mientras estén ahí nunca vamos a saber qué recorridos o vuelos hicieron los aviones del gobierno durante el cabecismo, del destino de los fideicomisos y hasta del pago de diversos proveedores de Salud y Seguridad Pública, entre muchos otros temas.
Ojalá que este informe sirva para depurar al ITAIT y ponerlo en manos de especialistas del derecho, íntegros e imparciales. Si el nuevo gobierno se declara transformador, aquí tiene una oportunidad de demostrarlo.
