*Reducir los índices de violencia, abato el rezago en la infraestructura hospitalaria, y detonar el desarrollo económico de la entidad se visualizan como las claves para la nueva administración estatal
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al iniciar su primer año completo, la administración estatal de Américo Villarreal Anaya encontrará este 2023 tres retos principales: la herencia de la inseguridad, las carencias del sistema de salud y la insuficiencia de empleos para detonar el desarrollo económico.
El primero es el que más importa a la ciudadanía tamaulipeca y a los sectores productivos, quienes insisten en que sin seguridad, será difícil cumplir las metas económicas y sociales que se plantean.
La principal tarea en materia de seguridad sería mantener a raya e iniciar una disminución gradual en los índices de violencia.
Las cifras más elocuentes que arroja al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son las de homicidios dolosos.
Desde el año 2009, cuando comenzó la espiral de violencia en Tamaulipas, no se ha logrado cerrar un año con menos de 500 asesinatos.
Desde el 2010 hasta noviembre del 2022 se han sumado 8,669 homicidios dolosos en la entidad, con el 2012 como el año más violento con 1,016 víctimas.
El cierre del 2022 ha dejado algunos indicios positivos: octubre y noviembre, el primer bimestre de la nueva administración ha sido en el que menos homicidios se han registrado del año, con 52 (26 en cada mes).
Si la tendencia se mantuvo durante el mes de diciembre -aún no se publican las cifras oficiales- incluso podría cerrarse el año con menos de 400 homicidios, pues hasta noviembre se habían cuantificado 354.
Pero el reto sigue ahí.
Tan sólo entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, se registraron algunos hechos violentos que dimensionan la dificultad del combate a la inseguridad.
La mañana del primer día del año, en Matamoros se registraron una serie de enfrentamientos que de manera extraoficial cobraron la vida de un elemento de la Guardia Estatal y dejaron una niña de dos años lesionada.
Mientras que en Victoria, el 31 de enero, se conoció el asesinato de una mujer de la tercera edad, que habrá sido víctima de un robo, sin que hasta el momento la Fiscalía General de Justicia haya informado los hechos de manera oficial.
El otro gran dolor de cabeza para la ciudadanía son los robos, acaso el delito que más afecta a la sociedad.
La situación se agravó a raíz de la pandemia: de 2021 a 2022, los principales delitos patrimoniales en Tamaulipas aumentaron en casi 200.
La Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022, que presentó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisa que en 2021 se cometieron 11 mil 129 y en 2022 un total de 11 mil 310, la diferencia al alza es de 181.
En el 2022 todos los meses del lapso de comparación superaron los mil delitos y agosto fue el más alto con mil 439.
Se registraron 6 mil 218 robos con la cifra más alta también en agosto, 819; hurtos a casa-habitación, mil 40, este mismo mes fue el que registró más golpes: 120 fueron con violencia y 920 sin ella.
El atraco de vehículo automotor dejó un saldo de mil 517; para variar, agosto con 219 fue el mes de más casos; los ladrones se llevaron mil 276 de cuatro ruedas, 359 de forma violenta y 917 sin emplear esta opción.
Los delincuentes también se apoderaron de 241 motocicletas, “hicieron su agosto” 38; en 20 casos fueron violentos y en los restantes 221 “amables”. No le hicieron el feo a las autopartes y robaron 17, sólo en 2 casos con violencia.
URGEN MÁS Y MEJORES EMPLEOS
El ingreso de la población en los últimos 12 años se ha rezagado en Tamaulipas.
Si bien desde el cuarto trimestre 2021 a hoy se han registrado avances, en los últimos 12 años aumentó la población con ingresos económicos bajos.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó en su Medición de Pobreza del Coneval que realizó del 2010 a 2020, que en 40 de 43 municipios los trabajadores tamaulipecos percibieron en esa década 11 mil pesos mensuales en promedio.
El saldo es negativo: un millón 518 mil 914 tamaulipecos con ese sueldo que está debajo de la línea de pobreza por ingresos.
Y los porcentajes de población por municipio también son negativos: San Nicolás, un 83.3 por ciento; Miquihuana, 82.4; Bustamante, 76.1; San Carlos, 75; Hidalgo, 72.8; Nuevo Morelos, 69.8; Jiménez, 69.4; Tula, 66.6; González, 66.2; Jaumave, 64.6; San Fernando, 64; Padilla, 63; Abasolo, 61.7; Ocampo, 61.4; y Mainero, con 60.3 por ciento.
La pandemia de Coronavirus en 2020, con la paralización económica con despidos de trabajadores a consecuencia del virus, aunado al aumento de precios de productos y servicios, terminaron por detonar la pobreza, sobre todo en esos municipios de mayoría en zonas rurales.
El sector más afectado ha sido el de las manufacturas.
En VIctoria, durante el 2022 la maquiladora Kemet despidió a poco más de mil trabajadores como parte de las medidas de ajustes por la baja demanda de producción y amenaza con iniciar el 2023 con más despidos estimándose que podría arrancar con la baja de 100 obreros más.
Además, en el 2021 también se dio el cierre de una de las dos plantas que mantenía la empresa APTIV en Victoria.
De acuerdo con el programa México cómo vamos, al finalizar el segundo trimestre 2022 el Estado logró un 2.9 por ciento de crecimiento económico de la meta 4.5 para el año, por lo que le falta un 1.6 por ciento.
En su informe del primer semestre 2022, México cómo vamos aclaró que por el porcentaje en el Semáforo Estatal de Crecimiento Económico, Tamaulipas está clasificado entre los estados con tasa de crecimiento
menor al 3.4 por ciento.
Al desglosar por rubros, el Estado obtuvo al corte de octubre pasado un 91 por ciento en Generación de empleo, con color Amarillo por sus 24 mil 254 plazas laborales creadas, de una meta de 26 mil 750 empleos.
En Desigualdad prendió la alerta Amarillo, con el 0.358 del segundo trimestre de 2021 a 0.355 en ese periodo 2022, que sigue siendo menor a la media nacional de 0.375.
El Rojo “frenó” a la entidad en Ocupación del gobierno, superior el de Tamaulipas al nivel nacional (4.2%), pues se ubicó en 4.7 por ciento en el primer trimestre 2021, apenas menor al 5.0 por ciento del primer trimestre 2020, año de plena pandemia de Coronavirus.
SALUD: LO QUE DEJÓ LA PANDEMIA
La nueva administración estatal ha hecho especial hincapié en el mal estado en el que encontró la infraestructura hospitalaria de Tamaulipas.
La infraestructura de salud estatal, está conformada por 9 hospitales generales, 3 hospitales civiles, 2 hospitales infantiles, 5 hospitales integrales, 12 jurisdicciones sanitarias, un hospital psiquiátrico, un centro oncológico, el centro Renacer y 397 unidades médicas.
Pero la falta de inversión y problemas con el personal causaron esta situación que se empeoró durante la pandemia de Covid-19 que dejó necesidades urgentes: más espacios y más especialistas.
De los 435 espacios de atención medica que existen en Tamaulipas, solo los de infraestructura “grande” operan con regularidad, pero con carencias.
De las 397 unidades médicas que existen en el Estado, por lo menos un 30 por ciento se encuentran sin ofrecer servicios.
Pese a que en los años 2019 y 2020 se asignaron recursos para infraestructura, de dos hospitales en proceso de construcción para sustituir los que operan en la actualidad, no se concretaron: el de Matamoros y el de Ciudad Madero, que seguirá en espera.
Sobre el hospital de Matamoros, pese a que se trata de una obra casi concluida, requería de instalaciones para oficinas administrativas que permita la operación adecuada del mismo.
Opera a medias, con el servicio materno infantil, sin embargo para la atención general, hay lentitud, por la falta de unos 100 millones de pesos por parte del INSABI.
Uno de los principales problemas con los que se topó el nuevo gobierno y que será un reto para el 2023 será mantener a punto el abasto de medicamentos.
En los últimos meses se reportaron graves carencias tanto de medicinas como de insumos para realizar los procedimientos más básicos.
La empresa InterMed, fue la única que en el pasado sexenio recibió asignación de licitaciones por más de mil 200 millones de pesos para suministro de insumos médicos y medicamentos durante la pasada administración estatal.
