*El atraco a los fondos de los trabajadores estatales se extendió entre el 2010 y el 2022, aseguró el Secretario de Administración, quien advirtió que el quebranto generará un gran problema a la larga
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La administración deberá cargar con una losa financiera muy pesada, derivada de un quebranto millonario al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), por el cual el gobierno del estado debe solventar, además de las aportaciones regulares, una deuda de más de 2 mil millones de pesos.
El Secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui, dio a conocer que el Instituto no recibió aportaciones de descuentos a trabajadores, ni el recurso que correspondía al estado, lo que implicó una grave descapitalización.
“Actualmente se está trabajando muy fuerte porque aquí hay un problema serio, primero la no aportación ya que se les descontaba el dinero a los trabajadores y no lo aportaban al Instituto y además la obligación que tenia el gobierno del estado tampoco la aportaba, eso ya tiene 12 años”, dijo.
Al corte de septiembre del 2022 -el último informe financiero disponible en la red- se reportaron 128 millones 949 mil pesos de cuentas por cobrar a corto plazo.
De esa cantidad, 76 millones 640 mil pesos correspondían a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y 52 millones 308 mil pesos a la Secretaría de Educación.
Por este desfalco, se conocen pocas acciones de la justicia, salvo la acusación de la Auditoría Superior del Estado que se judicializó contra el ex Secretario de Finanzas, Jorge Ábrego Adame, como uno de los responsables de los desvíos.
Los hechos ocurrieron a partir del 2010 y todavía durante la administración anterior, por lo que una larga lista de funcionarios que van de Oscar Almaraz a Miguel González Salum, han sido objetos de investigación.
El gran robo se dio porque la Secretaría de Finanzas dejó de pagar las aportaciones de los trabajadores al IPSSET, pero sí se las descontó de su salario.
Por esa omisión, se “perdieron” 1,289 millones 547 mil pesos de los que nadie sabe su destino.
Además, un poco antes también se invirtió el dinero de los trabajadores en contratos de inversión con la casa de bolsa Protego que derivaron en pérdidas por casi 40 millones de pesos.
LA GRAN ESTAFA TAMAULIPECA
En el 2018 se destapó un entramado jurídico que permitió el desvío de 1,289 millones de pesos que no se pagaron a las cuentas del IPSSET entre el 2010 y el 2016. Los entonces directores del Instituto, Jorge Silvestre Abrego Adame y Lourdes Benavides Hinojosa, nunca se molestaron en exigir el pago del adeudo.
Ese boquete financiero puso en riesgo la seguridad social y las pensiones de miles de trabajadores y ex trabajadores del sector público estatal.
En aquel momento, la Contraloría Gubernamental revisó los estados financieros del organismo y el cruce de información reveló que las secretarías de Finanzas y de Educación no habían pagado mil 455 millones 488 mil 693 pesos y 76 mil 579 pesos, respectivamente.
Gobierno del Estado no pagó 114 millones 306 mil 934 pesos en 2010. Luego el pasivo fue de 343 millones 716 mil 472 pesos con 83 centavos. Por los siete años el monto de este concepto sumó 755 millones 339 mil 921 pesos.
“La Secretaría de Finanzas no entregó las aportaciones tal como estipula la Ley de IPSSET dándose una responsabilidad o incumplimiento. También existe por parte del IPSSET responsabilidad por no requerir por escrito la entrega de dichos recursos. Existe un daño patrimonial ya que no administrar esos recursos no generaron intereses”, concluyó la investigación de la Contraloría.
También se detectó que los directores del IPSSET, Pedro Lara Mendiola, Javier de la Mora Gómez, Carlos Benjamín Gómez Guerra, Jorge Silvestre Abrego Adame y Lourdes Benavides Hinojosa avalaron préstamos ilegales en efectivo e hipotecarios e intentaron esconder el pasivo real de antiguos funcionarios de primer nivel.
En el 2018, la Auditoría Superior del Estado anunció el inicio de un proceso judicial contra los responsables del desvío. Se dijo, en ese momento, que estarían implicados Alfredo González Fernández, Miguel González Salum y Jorge Ábrego Adame, así como Oscar Almaraz.
En su informe del 2021 entregado al Congreso de Tamaulipas, la ASE solo mencionó a Jorge Ábrego Adame como “pendiente de ejercicio de acción penal”, por el desvío de poco más de 1 mil 114 millones de pesos, relacionados con el caso del IPSSET.
A partir de entonces, pasaron tres años para que la anterior administración estatal anunciara un convenio en el que empezaría a pagar las contribuciones que no habían llegado a las arcas del Instituto.
Para ese momento, la deuda ya era muy superior.
El monto para septiembre del 2021 ascendía a 2 mil 010 millones 865 mil 910 pesos.
En el convenio se acordó pagarlos en un plazo de 8 años a una tasa de interés del 6 por ciento anual, mediante 96 amortizaciones (mensualidades) de 26 millones 425 mil 654 pesos.
A la fecha, se han pagado cerca de 300 millones de pesos, pero buena parte del compromiso de pago tendrá que pagarlo el gobierno de Américo Villarreal Anaya e incluso la administración siguiente.
Durante el proceso de entrega-recepción, el comité de enlace de la administración entrante mostró su preocupación por el manejo de los recursos del IPSSET.
Jesús Lavín Verástegui aseguró que, por parte del gobernador electo, doctor Américo Villarreal Anaya existe el compromiso de cumplir debidamente a los pensionados, aun cuando el actual Gobierno no deje los recursos suficientes.
“Lo tradicional en un proceso de entrega-recepción es que se pueda garantizar todos los compromisos nominales como prioridad de prioridades para efecto de poder ser solventados, no solo en un mes, sino que se deja hasta el último día de diciembre para facilitar la cobertura de muchos compromisos y pasivos”, dijo.
