La aprobación fast track del paquete de iniciativas que el Ejecutivo envió al Congreso es una sentencia de muerte para gran cantidad de publicaciones periodísticas. En ese paquete se incluyó la Ley General de Comunicación Social; pone un tope de 0.1% del presupuesto de cada entidad gubernamental.
La aprobación fast track del paquete de iniciativas que el Ejecutivo envió al Congreso es una sentencia de muerte para gran cantidad de publicaciones periodísticas. En ese paquete se incluyó la Ley General de Comunicación Social, que pone un tope de 0.1% del presupuesto de cada entidad gubernamental para los gastos publicitarios, que son la sangre de numerosos medios.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Una serie de disposiciones que limitan el gasto publicitario de los tres órdenes de gobierno puso en vilo el arranque de 2023 para los medios de comunicación de todo el país pues, dependientes mayoritariamente de la publicidad oficial, la reducción de ingresos los vuelve inviables.
Cuando la atención pública estaba centrada en el llamado “Plan B” de la reforma electoral, durante el fin del periodo ordinario de sesiones y ya iniciadas las fiestas decembrinas, la aprobación fast track del paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo incluyó la Ley General de Comunicación Social que, en su artículo 26, establece un tope en gasto publicitario de 0.1% a toda entidad pública.
Mayoriteado por Morena y sus aliados, frente a la oposición de los demás partidos que votaron en contra de todo el “Plan B”, el articulado regulatorio de la “propaganda” tiene un impacto tangible: ese porcentaje representa que el gobierno de López Obrador contará este año con unos 8 mil millones de pesos en gasto publicitario, independientemente de que lo use o no. Pero en los estados y municipios, así como en los demás poderes, los montos son exiguos.
Por ejemplo, un estado como Campeche, con un presupuesto anual de 24 mil millones de pesos, puede destinar a comunicación social sólo 24 millones de pesos en un año. La cantidad equivale a 2 millones de pesos mensuales que deberá destinar a la contratación de publicidad con unos 150 medios formales, contando diarios, radiodifusoras, televisoras y otras publicaciones.
Suponiendo que la contratación fuera equitativa, el gobierno estatal destinaría 13 mil 330 pesos mensuales a cada medio.
Aun más. El impacto es también para las grandes cadenas nacionales que cuentan con emisoras locales o enlazan sus transmisiones de la Ciudad de México, que han acudido a los contratos publicitarios en los estados de la República, debido a la reducción del gasto publicitario federal en los cuatro años de gobierno de López Obrador.
E inclusive para los efectos de los proyectos de gobierno morenistas, el golpe fue severo. Un caso: Claudia Sheinbaum programó incrementar 37% su gasto publicitario para 2023 y tenía aprobado un monto de 753 millones de pesos. Con la nueva ley sólo podrá gastar 248 millones, menos de la mitad de lo que gastó en 2022, de manera preliminar calculado en 541 millones.
Los datos son contundentes: en el sexenio de Enrique Peña Nieto el gasto en publicidad oficial fue de una media próxima a 11 mil millones de pesos anuales; en contraste, durante su cuatro años de gestión, López Obrador ha destinado a publicidad sólo unos 8 mil millones de pesos, esto es, unos 2 mil millones por año, lo que representa casi un sexto de lo erogado hasta 2018.
La contracción del presupuesto de publicidad provocó una crisis en medios que se ha materializado en frecuentes despidos masivos de periodistas y personal administrativo, el cierre de espacios, profundización en la precariedad en las contrataciones de periodistas por abajo del mínimo profesional, que este año se fijó en poco menos de 14 mil pesos mensuales.
