*De julio 2017 a 2022, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió más de mil denuncias por algún acto de corrupción, pero solo 56 fueron judicializadas y existen apenas cinco sentencias condenatorias
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- (Primera Parte) En julio de 2017, el Congreso de Tamaulipas aprobó la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, su principal lema en su primer informe fue: “En Tamaulipas la corrupción no se negocia, se denuncia y se castiga, ¡nadie por encima de la ley!”, pero un análisis de sus resultados en estos cinco años muestra que de las más de mil denuncias que llegaron ante el organismo en este periodo, solo lograron judicializar un 5%, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.
Esta dependencia, que cuenta con 72 servidores públicos y un presupuesto, en 2022, de 27 millones 120 mil 552 pesos tan solo para el gasto de nómina, según lo reportado en una solicitud de transparencia, solo ha obtenido cinco sentencias condenatorias en toda su historia, es decir, una por año, tres por abuso de autoridad ejercido por dos policías estatales y un tránsito municipal y dos más por cohecho por parte de dos funcionarios de la Dirección de Pagos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
Los pocos resultados son claros: de 2017 a julio 2022 llegaron a sus oficinas 1,062 denuncias, en 71 la dependencia aseguró que no era de su competencia y fueron devueltas desde el inicio. El resto, es decir 991, llegaron hasta una carpeta de investigación, y de estas, solo 56 han sido judicializadas, según los datos que se obtuvieron en solicitudes de información.
La falta de sentencias no es la única bandera roja con la que cuenta esta Fiscalía, en el reporte “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2021, ubican a este organismo en un nivel de cumplimiento regular en el marco jurídico debido a que no contaba con reglamento interno, manual de procedimientos, protocolo de investigación ni de audiencia y tampoco de protección a testigos. Y en el eje de resultados su calificación simplemente fue catalogada como deficiente.
El estudio realizado por IMCO y TOJIL ubican a la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas como una de las pocas que tuvo un aumento de presupuesto entre 2021 y 2022, el cual fue del 14%, pero al mismo tiempo que lograron este incremento, el número de Ministerios Públicos pasó de 13 en 2020 a tan solo ocho en 2022.
Además, Tamaulipas se encuentra entre los diez estados que menos carpetas judicializaron en 2022 con apenas el 2% de carpetas judicializadas por investigaciones iniciadas el año pasado, de acuerdo con el documento publicado por IMCO.
A esto se le suma el escándalo en el que está envuelto su hoy titular, Raúl Ramírez Castañeda, debido a que no aprobó los exámenes de control y confianza a los que está obligado a cumplir por su posición de “alto mando”. Incluso el Centro Nacional de Inteligencia emitió una recomendación de no mantenerlo en el cargo.
Este hecho no es una cuestión trivial. “La figura del titular de una dependencia encargada de perseguir y castigar los delitos de corrupción debe representar la confianza, tecnicismo y especialidad en la materia y esto no ocurre al momento de que existe alguna duda sobre su persona”, comenta Fernanda Avendaño, Coordinadora Anticorrupción del IMCO.
Cuando se trata de un titular, suele surgir la falta de imparcialidad y autonomía durante las investigaciones, por lo que es muy complicado realizar una investigación contra Ramírez Castañeda. “Qué difícil es realizar una investigación contra el titular de la Fiscalía Anticorrupción cuando hay algún riesgo de tener represalias en materia de la investigación, o ¿cómo asegurar que las investigación se puede realizar, cuando es el mismo fiscal del que se tiene algunas dudas de su capacidad para cumplir eficientemente el cargo?”, cuestionó Avendaño.
Hasta la publicación de este reportaje se estuvo buscando al titular de la Fiscalía Anticorrupción o algún funcionario de la dependencia para conocer su opinión respecto al desempeño del organismo a su cargo, pero no se logró concentrar ninguna reunión.
Costos altos, resultados pobres
La baja calificación del organismo tamaulipeco no está acorde con sus presupuestos ni con el personal que está en su nómina; en 2017 la Fiscalía contaba con 44 empleados y en 2022 esta lista creció a 72, este incremento también se reflejó en el gasto en los sueldos, el cual llegó hasta los 27.1 millones de pesos tan solo para el año 2022, de acuerdo con los informes presupuestales entregados por transparencia.
Además, por primera vez esta dependencia obtuvo fondos del Proyecto de Inversión del programa “Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública”, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP), con lo que sumó 2.7 millones de pesos más a su presupuesto.
Algunas de las compras para las que se destinó este monto fueron: 10 computadoras de escritorio, un router, una cámara de video de 91 mil 176 pesos y un vehículo pick up de seis cilindros con un costo de 950 mil pesos, entre otros, según los datos publicados en el primer informe de Raúl Ramírez Castañeda como nuevo fiscal Anticorrupción en septiembre de 2022.
La capacitación es otro ámbito que se ha dejado en el abandono en el organismo tamaulipeco; en 2021 reportaron alrededor de 46 capacitaciones y en 2022 esta cifra llegó apenas a 16. “Cuando se habla de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la clave está en “especializada”, ya que es importante que se lleve a cabo el proceso investigativo […] se necesita el personal más capacitado y que al mismo tiempo se mantenga en constante capacitación y aprendizaje. Hay un montón de cosas especializadas que cuando una fiscalía anticorrupción o un titular de una fiscalía anticorrupción carece, sí se ve limitado y afectado el trabajo que puedan realizar”, aseguró Fernanda Avendaño.
La historia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha sido lenta desde sus inicios. En su primer año, 2017, se iniciaron 69 carpetas de investigación, pero tardaron todo un año, es decir hasta 2018, en judicializar apenas seis casos; y de 2019 a agosto de 2022 llegaron ante un juez, en promedio, cada año, alrededor de 12 expedientes con indicios suficientes para comprobar el delito de corrupción, pero todas estas cifras se traducen únicamente en cinco sentencias condenatorias, de acuerdo con los datos entregados por la dependencia. Los únicos delitos que sí han logrado comprobar son abuso de autoridad, lesiones y cohecho.
En el último año, del 08 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, la Fiscalía a cargo de Raúl Ramírez Castañeda integró 488 carpetas de investigación y 27 averiguaciones previas, pero solo 14 casos han llegado ante un juez de control con la evidencia inicial suficiente para proceder contra los probables responsables.
El reto de estas instituciones, que son prácticamente nuevas, es lograr trabajar en la institucionalización de procesos, el recurso humano y la capacitación de los mismos para tener resultados eficientes, de lo contrario, estas capacidades limitadas se ven reflejadas en menos investigaciones judicializadas y en la falta de elementos concretos para llevar una investigación ante un juez y lograr alguna sanción como una sentencia condenatoria, explicó la Coordinadora Anticorrupción del IMCO.
Por Perla Reséndez
