Por: Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- De no ser por los cristales blindados de su camioneta, hoy estaríamos hablando de la muerte de Ciro Gómez Leyva, titular del noticiero principal de Radio Fórmula. Un sicario detonó su pistola a centímetros del periodista, del lado del conductor, pero los disparos chocaron contra el material resistente.
Gómez Leyva no se dedica a la construcción, al transporte, a prestar dinero, a nada comercial o industrial. Se dedica al periodismo. Por lo tanto, quien lo mandó matar lo quería callado, fuera de la profesión, lejos de los medios de comunicación.
Podrá alguien estar en desacuerdo con su opinión o con el tratamiento de los temas, pero en la sociedades libres esa es la norma. Nadie debe salir asesinado por expresar sus ideas, nadie debe perder la vida por ejercer el periodismo. Cualquier daño que alguna información dolosa pueda causar es reclamable ante un juez. Matar no es el desenlace lógico en una verdadera democracia; matar periodistas es propio de las dictaduras.
No abordaremos conjeturas fáciles ni politizadas que enrarezcan más las causas de esta agresión, pero es importante poner en primer plano la cuestión: el ataque a Gómez Leyva es un atentado contra la libertad de expresión, de la que formamos parte todos los informadores del país.
Es preocupante que alguien haya ordenado ejecutar al comunicador, con toda la celebridad que le precede y que lo convierte en una figura pública. De esa magnitud es el peligro que ahora corre y que cada uno de los periodistas, en su propio ámbito y lugar, está corriendo.
Porque si de comunicadores asesinados se trata, Tamaulipas ha destacado siempre, incluido en el periodo de Francisco García Cabeza de Vaca, que presume haber reducido la tasa de homicidios dolosos.
Eso quiso hacer el día que asesinaron al compañero Antonio de la Cruz, el 29 de junio. Los reporteros de Palacio interrogaron a García Cabeza de Vaca sobre el ataque, y este dijo que era el primer periodista asesinado en su gobierno. Se equivocaba; era el tercero, y los informadores se lo remarcaron. Molesto, el panista ya no quiso responder más preguntas.
Sin embargo, el atentado a de la Cruz fue más mortal de lo que se creyó al principio. Dos semanas después, moría su hija Cinthia, de 23 años, agredida en la balacera por el mismo sicario, y solo la fortuna evitó la muerte de la esposa, quien resultó herida.
El crimen de Tony de la Cruz conmocionó a todo México, y la noticia fue recogida por el periódico El País, de España y la Agencia Alemana DW, entre otros medios europeos. Gustavo Cárdenas, diputado local de MC, acusó al gobierno del estado de su muerte. “Es muy triste y muy lamentable que estos cabrones del gobierno hayan asesinado a un hombre de bien”, publicó en sus redes sociales.
Con Antonio de la Cruz cerraba el reynosense la cuenta de agresiones violentas a periodistas tamaulipecos, pero queda la sensación de que pudieron ser más por el clima de odio que se respiraba en el estado cuando Cabeza de Vaca estaba en el apogeo de su poder.
Antes que Tony, caía asesinado en Ciudad Victoria Héctor González Antonio, corresponsal de Excélsior, el 29 de mayo de 2018. Su cuerpo fue hallado con señas de tortura en una callejuela de la colonia Estrella. Los compañeros del gremio exigieron justicia y, aunque se presentó a dos presuntos culpable, nunca se aclararon del todo las motivaciones de su muerte.
Y cuatro meses antes, el 13 de enero de 2018, mataban a Carlos Domínguez Rodríguez, reconocido periodista de Nuevo Laredo. Lo cosieron de 24 puñaladas. La fiscalía a cargo aceptó que el atentado se relacionaba con su trabajo periodístico. El 16 de enero la delegación de la Unión Europea y las embajadas de Noruega y Suiza condenaron el crimen.
El caso de Carlos dio un giro más negro y novelesco cuando se detuvo a los supuestos implicados: seis personas cercanas a él, tres de las cuales también eran periodistas o trabajaban en medios informativos. Al respecto, su hijo, Carlos Domínguez, dijo que su padre había sido traicionado por colegas.
En el presente, sabemos de compañeros que han sido amenazados por su labor informativa y que se sienten indefensos, ya que no existe un protocolo de protección que se les ofrezca en la entidad. Las instituciones dejan pasar estas quejas quizás porque las consideran puras palabras. Hay que recordarles que hasta la guerra comienza así, con palabras.
A nosotros también nos han tocado algunas agresiones. Brenda Ramos, reportera de esta empresa, denunció a la diputada local Casandra de los Santos por lesiones y amenazas, y a un servidor le llegan algunos insultos en los comentarios publicados en redes que, por fortuna, son minoría. Miles de usuarios nos siguen y nos alientan a informar todos los días.
Sinceramente, nos sentimos más seguros y libres desde que llegó el doctor Américo Villarreal al gobierno, pero se necesitan protocolos de protección a periodistas para evitar cualquier atentado. Hay un ambiente adverso para la libertad de expresión en el país, y el caso de Ciro Gómez Leyva lo demuestra.
