Por: Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- Medio caminaban los negocios en la capital de Tamaulipas cuando apareció la pandemia del COVID-19, y las ventas se derrumbaron; muchos no resistieron el confinamiento y cerraron para siempre. A ello se sumó el veto comercial aplicado por el gobierno energúmeno del PAN, y la quiebra se hizo histórica. Un respiro, por fin, comenzó en 2022, con la normalización de las actividades productivas, pero llegó después una amenaza completamente inesperada para el sector privado: las multas y cobros de la Secretaría de Finanzas de Ciudad Victoria.
Representantes de la Canaco, la Coparmex y la CMIC, que integran a la mayoría de las empresas locales, se muestran incrédulos ante el ansia recaudadora de la Tesorería municipal, hasta llegar a preguntarse si en realmente hay victorenses en esa dependencia o siguen ahí, escondidos, los reynosenses que actuaban bajo las órdenes de García Cabeza de Vaca.
Quien ha mostrado cordura en este conflicto es el alcalde Lalo Gattás Báez. Ante la reacción de los empresarios, el edil accedió a retirar el cobro de la Licencia de Funcionamiento que estaba propuesto en la Ley de Ingresos de 2023. Gattás Báez se reunió con los líderes de las cámaras privadas y acordó suspender la orden de pago.
La mayoría de los negocios en Ciudad Victoria son familiares, y en ellos colaboran hijos y padres con el fin de bajar costos, pues el margen de ganancias es muy bajo. Hay otros que emplean de una a cinco personas, y las hay que emplean a más de seis, pero son la minoría. La Licencia de Funcionamiento obligaba a los negocios de todos los giros a pagar dos mil pesos por darse de alta y 1,200 pesos anuales, hubiera o no ventas.
Aunque el tema de dicha licencia se considera cerrado, la Tesorería Municipal ha echado mano de otras licencias para extraer dinero de los negocios a como dé lugar. Nadie está por encima de la ley, en eso convenimos todos, pero tampoco debe utilizarse punitivamente si los infractores no son delincuentes ni personas antisociales para la comunidad, a las cuales, por su peligrosidad, sí se debe castigar con rigor.
La Tesorería de Ciudad Victoria alardea de autoridad e impone sus reglamentos sobre las empresas. Ahora acaba de extender una multa de 100 millones de pesos a Teléfonos de México por no cumplir con las obligaciones correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio.
No pretendemos abogar por una empresa acusada por muchos años de abusar del consumidor y de quedar impune, incluso de prácticas monopólicas. Pero conviene saber si esta sanción ha seguido un procedimiento correcto o si no perjudica más bien al municipio, dándole una imagen negativa ante los inversionistas.
Se desconoce si el departamento jurídico de la telefónica ha expresado su postura al respecto o si ha iniciado un proceso para defenderse del cobro. Porque lo cierto es que nunca, en Ciudad Victoria, se ha sancionado a una empresa con 100 millones de pesos por no tener un permiso. Es una cantidad colosal por no gestionar un trámite. Pero el asunto no para ahí.
Por los 26 sellos de clausura que Ciudad Victoria colocó en las estaciones de servicio, que son unas estructuras cerradas donde se conectan las terminales de cada domicilio con la red principal, por los 26 sellos colocados ahí, el municipio estima que puede aumentar de 300 a 400 millones de pesos la multa.
Conociendo los bufetes jurídicos de Teléfonos de México, que casi pelean a muerte para rebajar el pago de un finiquito en demandas laborales, podemos esperar que Victoria no verá ni pintado ese dinero, mucho menos 300 ó 400 millones de pesos.
Desde luego, la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio tuvo la amabilidad de argumentar los montos de la sanción. Esto se debe, sostuvo, a una serie de licencias y permisos de construcción, así como del “uso del espacio aéreo” que Telmex omitió, pero que otras compañías, como Total Play Axtel, ya solicitaron y recibieron. “La tramitología es muy fácil”, dijo a la prensa Luis Enrique Peláez Barros, titular de la citada secretaría.
Al atacar severamente a la telefónica con esas sanciones, Ciudad Victoria se está dando un balazo en el pie, y si persiste en bolsear a las empresas que invierten en la localidad, que es tanto como decir en Tamaulipas, casi se daría un tiro en la sien. Semejante hostilidad choca con la visión del gobernador Américo Villarreal de promover la inversión y la generación de empleos para reactivar rápidamente el crecimiento económico.
De hecho, este caso lo está siguiendo de cerca Coparmex México, después de haberse hecho público, y sólo van a esperar si el municipio muestra interés de facilitar a Telmex el cumplimiento de los reglamentos. Por otro lado, no es improbable que se hagan dos llamadas telefónicas para cancelar la multa absurda: una de Palacio Nacional al Gobernador, y otra del Gobernador al Municipio. Carlos Slim, presidente honorario de la telefónica, es el magnate más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no de ahora, sino desde su labor como jefe de gobierno del Distrito Federal, de 2000 a 2006.
La situación económica de las administraciones públicas es grave, sobre todo después de los gobiernos corruptos del PAN, pero las empresas tampoco andan con la cartera sobrada después de dos años de pandemia. Y si deben utilizar 100 ó 400 millones de pesos en algo, que sea mejor en ampliaciones para que den más empleos.
Urgen asesores calificados en la Tesorería y en la Secretaría de Desarrollo Urbano de Ciudad Victoria antes de que le pongan sellos de clausura hasta a los boleadores del 15 Hidalgo.
