*Aunque a nivel mundial predominan las disposiciones que obligan a que las donaciones a candidatos y partidos políticos pasen a través del sistema bancario, la falta de regulación en México favorece el uso del ‘cash’.
De acuerdo con un análisis comparativo internacional de directrices sobre el financiamiento privado, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado (IBD), en Asia, América y Europa existen normas que obligan a que los recursos vinculados a los comicios pasen por el sistema financiero.
«México es de los países donde no existen disposiciones que requieren que las donaciones a partidos/candidatos políticos pasen a través del sistema bancario», refiere.
En el caso de Latinoamérica, el comparativo tomó en cuenta a 18 naciones, de las cuales el 66.7 por ciento sí cuentan con legislaciones, reglamentos y normas que obligan a que el dinero circule por el sistema bancario.
«A partir del análisis (sobre financiamiento privado) se observa que México, en general, tiende a mantener una postura más conservadora en los temas, respecto a la mayoría de las naciones a nivel mundial», indica.
«Sin embargo, destaca que en relación con las disposiciones que requieren que las donaciones a partidos y candidatos políticos pasen a través del sistema bancario, México va a contra-corriente que la mayoría de los países a nivel mundial, ya que en nuestro País no existen este tipo de disposiciones».
El documento establece que, contar con ese tipo de controles, podría «reducir la probabilidad de que dinero proveniente de actos de corrupción o de negocios ilícitos entrara en el financiamiento» a partidos políticos y aspirantes a cargos de elección popular.
Por otro lado, el estudio también reconoce que, a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo en el 7.9 por ciento de los países sí existen estas disposiciones, mientras que en el 52.6 por ciento no están vigentes.
Voto en prisión
En otro estudio, difundido este domingo, el IBD aseguró que, de concretarse la reforma electoral, las personas que se encuentran en prisión preventiva podrán ejercer su voto en la elección presidencial de 2024, siempre y cuando existan condiciones de seguridad en los penales.
Según el Senado, para ello será necesario que se apruebe la reforma al artículo 284 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que podría discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero de 2023.
El IBD refirió que, en febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar, y que este derecho deberá ser garantizado en las elecciones de 2024.
En la investigación titulada «Modelos de votación electoral para las personas en prisión preventiva: países seleccionados», se advierte que, en el proceso electoral de 2021, el INE aplicó una prueba piloto en cinco Centros Federales de Readaptación Social en el que se alcanzó una participación del 94.53 por ciento de las personas privadas de la libertad.
«Este ejercicio se llevó a cabo atendiendo una sentencia de la Sala Superior del TEPJF, en la cual se resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar, por lo que se ordenó al INE realizar una prueba piloto, a fin de garantizar dicha prerrogativa», refiere.
Derivado de la prueba piloto del INE, se llegó a la conclusión que es necesario diseñar esquemas de coordinación con las autoridades de los centros de detención, que permitan implementar procedimientos electorales.
- «Se deben generar condiciones que fortalezcan el ejercicio del sufragio de las personas presas», indica.
En la actualidad, Argentina, Costa Rica, Ecuador y España ya cuentan con disposiciones legales para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.
