Apenas el 25 por ciento de los casos de mujeres asesinadas en México se investigan como feminicidio porque hay mucha resistencia de las autoridades.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Matar a una mujer puede llevar al responsable a prisión perpetua en Argentina o a cumplir una condena de hasta 60 años en México. En Guatemala implica hasta 50 años de cárcel, 41 en Colombia, 40 en Honduras y no menos de 12 en cualquiera de los 17 países de América Latina que han tipificado el delito de feminicidio. Pero aún con castigos tan altos, en el subcontinente están 14 de los 25 países más violentos para las mujeres.
Ha pasado casi una década desde que la región comenzó a tomarse el tema en serio, al menos desde la legislación. Sin embargo, «la realidad es una sola: nos siguen matando», denunció Ada Beatriz Rico, directora del Observatorio de Feminicidios de Argentina y presidenta de la organización civil La Casa del Encuentro, la más relevante en la protección de las mujeres.
Su diagnóstico este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es simple: «Tenemos las mejores leyes de la región, pero falla su implementación».
Latinoamérica comenzó a sancionar normas en materia de género en la primera década de los años 2000 a las que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) llamó «de primera generación sobre violencia doméstica o intrafamiliar». A partir de 2010 empezaron a germinar las reformas penales para crear la figura del feminicidio.
Guatemala y Chile fueron la avanzada en 2008 y 2010, respectivamente. El feminicidio se castiga en Argentina desde 2012, en México, Bolivia y Perú desde 2013; en Ecuador y Venezuela desde 2014, y en Colombia desde 2015.
Cuba y Haití son los únicos que carecen de un tipo penal específico para las muertes violentas de mujeres con componente de género y éstas se tratan como homicidios agravados.
Esa armadura legal rige un territorio de 640 millones de habitantes donde las muertes de mujeres se cuentan por hora: una mujer es asesinada cada 38 horas en Venezuela o en Ecuador, por ejemplo.
En México, 3 mil 750 mujeres fueron asesinadas en 2021, de las que mil 4 fueron clasificadas como feminicidios, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y hasta septiembre de este año ha habido 695 feminicidios, cifra que está por debajo de los 736 del mismo período del año pasado.
En Colombia 758 mujeres fueron víctimas de homicidio entre enero y septiembre de 2022, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En 2021 la cifra fue 993. Además, este año reportaron 26 mil 377 casos de violencia de pareja en la que la mujer fue la víctima.
En Argentina el Registro Nacional de Feminicidios de la Corte Suprema es el encargado de contabilizar anualmente los asesinatos de mujeres. En 2021, su última cifra publicada, hubo 231 víctimas directas y 20 feminicidios vinculados -cuando la víctima no es la mujer sino otra persona, frecuentemente los hijos-. Hasta el 31 de octubre de este año van 247 femicidios y 16 vinculados, según el observatorio civil Adriana Marisel Zambrano.
Chile lleva registros de feminicidios desde 2007 y desde entonces ha sumado 710 casos, según cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y del Servicio Nacional de la Mujer. En 2021 se registraron 44 feminicidios y 33 este año hasta el 8 de noviembre.
En Perú la fiscalía ha contabilizado 44 feminicidios comprobados en lo que va de 2022 frente a los 211 de 2021.
La Fiscalía de Guatemala no facilitó las cifras de muertes de mujeres, pero The Associated Press accedió a estadísticas de la fiscalía sobre denuncias de violencia. Hasta la primera semana de agosto sumaban 28 mil 906 de las cuales 80% fueron desestimadas con la justificación fiscal de «no se puede proceder».
En Venezuela se han contabilizado mil 8 casos «consumados y frustrados» desde 2017, aunque la Fiscalía no ha ofrecido cifras de agresores con sentencia firme.
Ecuador empezó a contar los feminicidios en 2014 y hasta noviembre de 2021 sumaba mil 22. Este año, lleva cifras récords con 345 muertes violentas.
El año más sangriento para las mujeres de Bolivia fue 2018 con 120 feminicidios. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre enero y octubre de este año van 77. En 2020, con 113 feminicidios, la nación andina se ubicó sexta en Latinoamérica y primera en Sudamérica con más mujeres asesinadas por razones de género, según la CEPAL.
En Cuba las cifras son parciales o desactualizadas. Aún se rigen por una Encuesta Nacional de Género de 2016 en la que el 26,6% de las mujeres declaró haber sido víctima de violencia de género. Según el portal YoSiteCreo, de un grupo de activistas civiles, hubo 32 feminicidios en lo que va del año.
Si el problema está cuantificado y las normas para combatirlo están vigentes, ¿qué es lo que falla? Todo lo demás.
Las organizaciones sociales que trabajan con las víctimas ven fugas en toda la estructura estatal: en el sistema judicial, en la pobre formación en género de los funcionarios policiales, fiscales o judiciales, en la falta de educación en igualdad, en la dispersión o falta de recursos y, principalmente, en la impunidad.
MÉXICO
Apenas el 25% de los casos de mujeres asesinadas se investigan como feminicidio porque hay mucha resistencia de las autoridades. «Los Estados no están garantizando la integridad de las mujeres ante contextos que cada vez son más graves, que no están suscritos en la violencia familiar sino en contextos más complejos de criminalidad», denunció María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
A la violencia de género se ha sumado, con cada vez más visibilidad, la desaparición de niñas y mujeres.
México apostó por crear fiscalías autónomas para estos temas «pero al final no fueron depuradas, entonces seguimos teniendo las deficiencias de fiscalías con altos índices de corrupción e impunidad», dijo Estrada.
COLOMBIA
En 2021 el Congreso aprobó la ley «Ni una más» con la que busca prevenir la violencia de género a través de la educación.
Pero como en los demás países, la existencia de normas no ha garantizado una solución. Se necesita un «mayor compromiso del Estado para ser más ágil, disminuir la impunidad», apuntó Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, una organización no gubernamental de más de 30 años. Faltan, subrayó, transformaciones culturales para que cuando las mujeres denuncian les crean y les den las medidas necesarias de protección.
ARGENTINA
La flamante ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, dijo a poco de asumir que estaba «impactada» por los números de feminicidios en el país y que la forma de resolverlo es con una «política interministerial» y una «justicia con perspectiva de género».
Ada Beatriz Rico, presidenta de la organización civil La Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Feminicidios Adriana Marisel Zambrano, indicó que urge la capacitación de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial»para que el abordaje ante una denuncia por violencia sexista tenga un accionar con perspectiva de género», como lo ordena una ley de 2019.
«Hay escaso patrocinio jurídico gratuito y muchas mujeres no pueden continuar con el proceso luego de la denuncia», recalcó.
CHILE
«Aumentar las penas no es una solución, necesitamos cambios culturales», remató Lieta Vivaldi, integrante de Abogadas Feministas de Chile y consejera del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos. «No necesariamente más años de cárcel van a lograr que haya menos agresiones».
La académica de la Universidad Alberto Hurtado, especialista en temas de violencia de género, abogó por la prevención desde el Estado.
En la agenda legislativa oficialista figura la reactivación de un proyecto de ley para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia que duerme en el Congreso desde enero de 2021. También se contempla incluir a los niños y niñas como víctimas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras, según el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
PERÚ
La prevención es la principal deuda pendiente, entendida como una educación «continua y permanente» para reconocer «los aportes de las mujeres y promover un trato igualitario», sostuvo la abogada Ivonne Macassi de la organización feminista Flora Tristán.
En el plano judicial, dijo, «hay un esfuerzo del Estado en sus diversos niveles de motivar a las mujeres a denunciar los hechos de violencia, sin embargo, no es capaz de asegurarles que no serán revictimizadas, que obtendrán justicia».
GUATEMALA
«Históricamente las mujeres no existen para el Estado», reprochó Andrea Villagrán, una diputada que ha presentado varias iniciativas de ley en favor de las mujeres.
«No estamos reconocidas por un Estado guatemalteco machista que prefiere proteger, por ejemplo, a los violadores antes de garantizarle acceso a la justicia a las mujeres», dijo.
En dirección contraria a la protección de los derechos de las mujeres, el 8 de marzo de este año el Congreso aprobó la Ley de Protección a la Vida y la Familia que criminaliza el aborto y endurece las penas de prisión a la vez que prohíbe informar o educar sobre diversidad sexual.
VENEZUELA
«Los órganos de seguridad del Estado no hacen seguimiento, tampoco lo hacen los funcionarios del Poder Judicial», denunció Victoria Capriles, abogada y defensora de derechos humanos y directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana.
La falta de formación de los funcionarios judiciales deriva en la revictimización de las mujeres que piden medidas de protección. Tampoco hay casas de cobijo para las mujeres y por eso «quedan expuestas a los ataques de sus agresores al no tener adónde acudir».
Agregó que «la jurisdicción especial en materia de violencia contra la mujer sufre las mismas falencias que el resto del sistema de justicia venenezolano, es decir, no es independiente, no es imparcial, hay retardo procesal muy amplio».
ECUADOR
El Estado se ha vuelto un mero contador de feminicidios según la activista y abogada feminista Vianca Gavilanes, de la Fundación Dignidad. No hay políticas públicas que puedan aplicarse por falta de presupuesto y falta de estrategias estatales.
Hay «representantes políticos que claramente son machistas que expanden la cultura y las leyes que generan violencia de género», sostuvo la abogada que aseguró que la policía encubre a los agresores que están en sus filas.
La activista y directora de la fundación feminista Surkuna, Verónica Vera, fue tajante: «Vivimos en un contexto muy agresivo y violento». La impunidad y la reparación de un Estado que «no garantiza justicia ni puede evitar que los delitos se repitan» son los dos grandes pendientes. «Los crímenes que suceden contra las mujeres son los que menos se condenan y los delitos sexuales son de los que menos se denuncian porque no hay confianza», añadió.
BOLIVIA
Las bolivianas se quejan de la lentitud de la justicia, de la falta de parcialidad y las denuncias de sobornos. En las áreas rurales hay un mayor desconocimiento de los derechos de las mujeres por falta de una capacitación integral.
«El Estado debe garantizar e impartir una mejor justicia para las mujeres y niñas y niños, esa es la deuda más importante en el país», resumió Acá Tania Sánchez de la Coordinadora de la Mujer, quien sostuvo que el presupuesto para luchar contra la violencia de género «es aún insuficiente».
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Los periodistas de Associated Press Almudena Calatrava en Argentina, Fabiola Sánchez en México, Astrid Suárez en Colombia, Eva Vergara en Chile, Franklin Briceño en Perú, Sonia Pérez D. en Guatemala, Jorge Rueda en Venezuela, Gonzalo Solano en Ecuador, Paola Flores en Bolivia y Andrea Rodríguez en Cuba han contribuido en esta información.
