Por:Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- Acostumbrados a vivir en crisis desde hace 50 años, los malos augurios sobre la economía mundial y su impacto en México ya no nos espantan. A fuerza de tantas experiencias, tenemos resistencia. Los tamaulipecos somos personas optimistas y siempre confiamos en los cambios favorables. Sin embargo, una acción sí le exigimos al nuevo gobierno estatal: que aplique todo el rigor de la ley a Francisco García Cabeza de Vaca.
Sirva como evidencia de sus crímenes la deuda de 16 mil millones de pesos que dejó su gobierno, un 43 por ciento más que cuando lo tomó. Son pasivos que mermarán el presupuesto de educación, de salud y de ayuda social. No estafó a los morenistas, a López Obrador o a sus opositores: estafó a las familias tamaulipecas, y no se olvidará ni en los seis años de Américo Villarreal Anaya, que apenas comienzan.
A los préstamos ejercidos en nombre de Tamaulipas debe añadirse una serie de concesiones y expropiaciones de dudosa legalidad en playas, ranchos, reservas ecológicas y hasta terrenos ricos en minerales económicamente explotables. La llegada de Cabeza de Vaca al gobierno estatal fue como dejar las gallinas al cuidado del lobo.
Quizás no sea casualidad llamar lobo al reynosense si reconocemos la audacia y la ferocidad que lo caracterizaba, sobre todo en su hambre de poder y dinero. Cabeza de Vaca apareció en el momento justo para crecer en política pues su partido, el PAN, había caído en manos de unos vividores que ocuparon el liderazgo de panistas ejemplares, como Carlos Castillo Peraza y Luis H. Álvarez. En semejante decadencia, resultaba fácil comprar a los nuevos dirigentes y obtener candidaturas.
Francisco siempre estuvo rodeado de sospechas de deshonestidad y delincuencia; siempre. Recordemos que Antonio Peña Argüelles confesó haber recibido 500 mil dólares de un grupo criminal para entregarlos a la campaña de Cabeza de Vaca por la alcaldía de Reynosa en 2004, de acuerdo con el periódico Reforma. Y eran apenas sus inicios. Imaginen lo demás.
La pista de sus despojos es clara, y el gobernador Américo Villarreal solo necesitas seguirla para proceder judicialmente. En verdad, no basta con enviarlo a la cárcel, pues el tesoro robado todavía lo podrían disfrutar injustamente sus familiares y socios. Es imperioso que recupere esos bienes y busque la reparación del daño financiero al estado.
Algunas opciones para lograrlo han sido visibles recientemente. Hay mecanismos legales para incorporar al bien público valores bancarios o inmobiliarios utilizados por la delincuencia organizada. Es cuestión de impulsar una iniciativa en ese sentido entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado. El Gobierno Federal, por ejemplo, ya lo ha hecho, e involucró precisamente a Tamaulipas.
El pasado 16 e octubre, un juzgado federal otorgó al gobierno de la república la propiedad de 110 mil dólares (2.2 millones de pesos) que se habían asegurado a un grupo delictivo de Tamaulipas en 2021. Se resolvió declarar la extinción de dominio sobre este capital.
El supuesto propietario del dinero no pudo demostrar su legítima procedencia, y el Juzgado de Distrito en Materia de Extinción de Dominio determinó reasignárselo al Gobierno Federal, previo juicio. Podrá ser una cantidad mínima para los montos que manejan los grupos criminales, pero representa un triunfo significativo.
Esta sería la sexta sentencia que gana la FGR en juicios de extinción de dominio contra bienes o propiedades en posesión del crimen organizado.
De acuerdo con la fiscalía, los 110 mil dólares asegurados los halló el Ejército en el interior de un vehículo, aparcado en un hotel, durante un operativo de seguridad en Tamaulipas en 2021.
El gobierno de Américo Villarreal debería diseñar una estrategia similar para recuperar terrenos, inmuebles, cuentas bancarias y concesiones que el cabecismo entregó a particulares durante su sexenio, y que ahora presionan las finanzas estatales.
Para ello, es imperativo que remueva a Irving Barrios Mojica de la Fiscalía General de Justicia del Estado por sus obvios intereses con los panistas y Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Cómo va a solicitar extinción de dominio a los bienes del hombre que impulsó su llegada al cargo?
Quizás convenga revisar una iniciativa que impulsó en su tiempo José Julián Sacramento cuando fue senador: la de asignar a los estados los bienes decomisados a las delincuencia organizada en su territorio. Tamaulipas ganaría mucho con un modelo de estas características.
Como quiera que sea, a través de la Federación o de juicios de extinción de dominio, el gobierno de Américo Villarreal tiene sobrados motivos para embargar el patrimonio mal habido por Cabeza de Vaca.
Sopla el viento a favor para “descabezar” al cabecismo. No esperan menos los ciudadanos.
