*El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas que endurecen las penas para los delitos de feminicidio y de homicidio cuando éste se cometa en violación de una medida cautelar
CIUDAD DE MÉXICO
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas que endurecen las penas para los delitos de feminicidio y de homicidio cuando éste se cometa en violación de una medida cautelar.
Las modificaciones a diversas leyes y al Código Penal Federal fueron avaladas en medio de críticas de la Oposición, que advirtió que sin recursos presupuestales, éstas serían insuficientes para modificar el contexto de violencia por el que atraviesa el País.
Con 455 votos a favor y 24 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal para establecer que la pena por el delito de feminicidio aumentará hasta en un tercio cuando la víctima sea menor de edad, esté embarazada, sea adulta mayor, padezca alguna discapacidad o el agresor sea un servidor público.
Actualmente, el Código Penal Federal sanciona con penas de entre 40 y 60 años de prisión el delito de feminicidio.
El dictamen agrega como uno de los criterios para acreditar como «razón de género» los antecedentes de violencia en el ámbito comunitario y político, el parentesco por consanguinidad o afinidad y la existencia de una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o de hecho entre alguna de las partes, así como los antecedentes de amenazas, ya sea directas o indirectas.
La reforma elimina también los derechos del imputado sobre los hijos de la víctima y establece la obligación de los estados y de la Federación de contar con Fiscalías especializadas para la atención de delitos contra las mujeres y de Centros de Justicia.
Además, señala como medidas de reparación del daño la declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima y de las personas vinculadas, la disculpa pública y la aceptación de la responsabilidad cuando en el delito participe un servidor público.
Al argumentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Felipe Fernando Macías, indicó que al dictamen lo han denominado Ley Reyna, como un homenaje póstumo a Reyna Gonzáles, víctima de feminicidio y cuyo caso no sólo derivó en la detención del feminicida serial de Atizapán, sino que destapó la «putrefacta corrupción del sistema de justicia».
Dijo que el objetivo de la reforma es combatir la política de las instituciones de procuración de justicia de no hablar de la violencia en contra de las mujeres, de esconder y de maquillar las cifras.
«Exigimos, pedimos que los encargados de administrar la justicia en este País hagan su trabajo y lo hagan bien, porque de eso depende salvar vidas, pero que no le estén preguntando a una mujer que va a denunciar violencia que cómo iba vestida, que qué hacía a ciertas horas de la noche, eso debe terminar y tiene que acabar ya», sostuvo.
Paulina Rubio Fernández, del PAN, dijo que si bien la obligación de crear fiscalías especializadas es una buena medida, sin recursos sólo será un pendiente más en la lista de buenos deseos.
«La realidad nos muestra que en las entidades federativas (las Fiscalías especializadas), que las hay, resultan instituciones sobrepasadas de trabajo y trámites engorrosos. Tienen poco presupuesto, tienen personal insuficiente, así que, sí, diputadas y diputados, esto también se trata de presupuesto», advirtió.
Sostuvo que la violencia contra las mujeres está desbordada y eso requiere de una inyección importante de recursos.
El Pleno de San Lázaro aprobó también reformar el artículo 310 del Código Penal Federal para establecer que cuando un homicidio se cometa en violación de una medida cautelar otorgada por la autoridad competente, se impondrá una pena de entre 14 y 25 años de prisión.
El dictamen fue aprobado con 450 votos a favor, uno en contra y 23 abstenciones
Hamlet García, diputado de Morena, señaló que las medidas cautelares es la forma en la que las autoridades responden a las situaciones de violencia denunciadas por las mujeres.
Indicó que si bien este mecanismo de protección en algunos casos es acatado por los agresores, en otros ocasiona que éstos regresen con más violencia e incluso de forma fatal. El legislador confió en que la reforma es una solución a esta problemática.
La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, advirtió que en un País en donde 11 mujeres pierden la vida cada día, el acceso a la justicia se convierte en una lucha diaria, máxime cuando el Gobierno se empeña en reducir el presupuesto para el combate de la violencia de género y en eliminar las instituciones que las apoyan, como los albergues.
Pérez demandó a sus pares hacer valer la paridad de género de la 65 Legislatura para asegurar la dotación de recursos para las mujeres en la próxima discusión de la Ley de Egresos.
La emecista Mirza Flores advirtió que el punitivismo no sirve, por lo que demandó a sus pares no caer en la tentación de aumentar las penas para transformar un sistema impune y una cultura machista.
«Quieren ustedes aprobar que se aumenten las penas, cuando no están invirtiendo en lo que verdaderamente se requiere, que es la prevención, la atención y la erradicación de la violencia contra las mujeres», lamentó.
- Las modificaciones fueron aprobadas luego de que el Pleno rechazó una reserva presentada por Movimiento Ciudadano para obligar a la Cámara de Diputados a garantizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para la implementación de la reforma.
