A petición de la FGR, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos –militares, 16 de ellos– por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A petición de la FGR, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos –militares, 16 de ellos– por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta extraña maniobra fue realizada por funcionarios de la Fiscalía ajenos al proceso judicial. Ni siquiera le avisaron a la Unidad Especial de Investigación y Litigio que lleva el caso. Entre los exonerados está quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Marginada de los procedimientos judiciales, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) fue pasada por alto por la Fiscalía General de la República (FGR) y por un juez federal, en la cancelación de órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, giradas en contra de 21 servidores públicos, 16 de ellos miembros del Ejército Mexicano.
Entre esos servidores exonerados por la FGR se encuentra quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería, y coordinador del programa Guerrero Seguro, el coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera, y la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.
En vísperas del octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, reprochó al juez Enrique Beltrán Santes, titular del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, haber admitido una solicitud para cancelar órdenes de aprehensión concedidas el 19 de agosto pasado, presentada por agentes de la FGR, adscritos a su juzgado y a la delegación estatal de la institución, funcionarios que son ajenos a la tramitación de la causa penal 15/2022, en los que los 21 estaban imputados.
Proceso tuvo acceso a la resolución del 13 de septiembre, que elimina las órdenes de aprehensión, del juez Beltrán Santes, así como la respuesta de la Unidad Especializada, emitida dos días después y firmada por Gómez Trejo y el director general adjunto de la UEILCA, José Miguel Rivera Esquivel.
La UEILCA fue creada a petición de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y materializada a través de un acuerdo emitido por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, el 26 de junio de 2019, fecha en que también se nombró como titular a Gómez Trejo, quien había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y había sido funcionario en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Guatemala y Honduras.
Gertz Manero designó la Unidad “como la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales” vinculados con la desaparición de los estudiantes, así como la tramitación y resolución de “las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren relacionados con los hechos (…) para lo cual contará con los equipos de investigación y litigación necesarios para su adecuado funcionamiento”.
