Por esta razón renunció Omar Gómez Trejo a la Fiscalía para el caso Ayotzinapa
Omar Gómez Trejo presentó su renuncia a la Unidad Especializada para Investigar y Litigar el Caso Ayotzinapa el pasado 15 de septiembre para ser efectiva el próximo 1 de octubre. Proceso tuvo acceso al documento en el que el fiscal expresa su inconformidad por haber sido desplazado por la FGR.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especializada para Investigar y Litigar el Caso Ayotzinapa, renunció a su cargo “por diferencias” según admitió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los procedimientos para aprobar las órdenes de aprehensión que dejaron fuera a 21 personas vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas.
Fuentes federales confirmaron a Diana Lastiri, reportera de esta casa editorial, que Gómez Trejo renunció a su cargo el pasado 15 de septiembre, misma fecha en que, aún en funciones, dirigió un oficio al juez Segundo de Distrito, Enrique Beltrán Santes, en el que le reprocha no haberle notificado de la solicitud que le formuló el agente del Ministerio Público adscrito a su juzgado en la FGR para cancelar 21 de 83 órdenes de aprehensión que ya estaban liberadas desde el 19 de agosto.
Esa actuación beneficia a 16 militares y cinco servidores públicos del estado de Guerrero en funciones en septiembre de 2014.
Proceso tuvo acceso a la resolución del juez Segundo de Distrito, Enrique Beltrán Santes, fechada el 13 de septiembre que elimina las órdenes de aprehensión del juez, así como la respuesta de la Unidad Especializada para Investigar y Litigar el Caso Ayotzinapa, emitida dos días después, y firmada por su titular, Omar Gómez Trejo, cuya renuncia sería efectiva a partir del próximo 1 de octubre.
En su edición 2395, en circulación, el semanario publicó el reportaje «Una sucia maniobra de la FGR que exonera a los militares del caso Ayotzinapa» en el que relata que a petición de la FGR, el juez federal Beltrán Santés canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos –militares, 16 de ellos– por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.