La Alta Comisionada, Nada Al-Nashif, sostuvo que se generan preocupaciones en materia de derechos humanos, principalmente en la falta de rendición de cuentas
Alfredo Fuentes
El traspaso del mando de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aprobado la madrugada del viernes en el Senado de la República, es un retroceso a la seguridad pública, aseguró la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, expuso la comisionada interina de la ONU-DH, Nada Al-Nashif.
En un comunicado, la Alta Comisionada, quien llegó hace un par de semanas al órgano especializado de las Naciones Unidas en sustitución de Michelle Bachelet, sostuvo que las fuerzas armadas deben estar subordinadas a las autoridades civiles y no al revés, ya que de lo contrario se generan preocupaciones en materia de derechos humanos, principalmente en la falta de rendición de cuentas.
Además, cuestionó que los debates para la aprobación de esta reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron muy limitados antes de que llegara al Congreso de la Unión y se posicionó en contra de la iniciativa planteada por la diputada Yolanda de la Torre del PRI para que el Ejército permanezca en tareas de seguridad pública hasta 2028.
Lo anterior, porque pese a que desde 2006 ha habido un constante aumento de elementos militares en las calles para combatir la delincuencia en el país, esto no se han traducido “en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas”.
Sobre esto, El Sol de México documentó en su edición del jueves que los aseguramientos de droga, decomisos de vehículos y detenciones de presuntos miembros del crimen organizado han decaído al mínimo histórico en el actual gobierno, ello pese al despliegue de elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional.
De acuerdo con la tabla estadística “Esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico” –que se publicó en el Cuarto Informe de Gobierno y que tiene como fuente la Procuraduría General de la República (hasta 2018) y la Fiscalía General de la República (a partir de 2019) –, estos retrocesos se dieron en la erradicación de cultivos ilícitos de marihuana y amapola, que en 2021 fue la cifra más baja desde 2001, año en que se inició con el registro.
El número de detenidos en 2021 por delitos relacionados con la delincuencia organizada también fue el más bajo en dos décadas, con 10 mil 889 arrestos. Similar pasa con el aseguramiento de vehículos, que registró la menor cifra desde 2007, con apenas nueve mil 379.
De tal manera que, a pesar de los altos presupuestos –que en 2023 se prevé lleguen 146 mil 400 millones de pesos combinados– y las crecientes cifras de elementos en las calles, la estrategia implementada por el gobierno de López Obrador ha dado menos resultados que las de sus antecesores en lo que se refiere a detenciones y aseguramientos, pero genera la misma preocupación en materia de derechos humanos.
