La CNDH avala la militarización de la Guardia Nacional
Bajo el argumento de que la violencia en el país requiere medidas «no convencionales», la CNDH ofreció su aval a la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) avaló el uso de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para combatir el crimen organizado. Argumentó que “la emergencia merece una respuesta contundente”.
En un largo comunicado, la CNDH argumentó que, para enfrentar al crimen organizado que cuenta con capacidad logística y económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, lo que constituye una amenaza actual y latente, se hace necesaria la actuación de la Guardia Nacional con mando militar.
La Comisión adelantó que no interpondrá ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena.
A pesar de que, en una recomendación reciente, la CNDH advirtió que la Guardia Nacional ha recibido más quejas que el Ejército, señaló que dada la situación de violencia que se vive en el país es necesario el uso de medidas “no convencionales”.
“La emergencia en materia del combate a la delincuencia organizada y los niveles de violencia que se generan, implica una alta demanda de respuestas por parte de la población, por lo que exigen una actuación ‘inmediata’, eficaz y contundente por parte de las instituciones”, sostuvo.
Sin embargo, precisó que todo debe de ser apegado al respeto a los Derechos Humanos, y para salvaguardar la integridad y paz de los ciudadanos.
La Comisión, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, destacó que la violencia puede poner en peligro la seguridad nacional, y esto llevar a la violación de los derechos humanos de todas y todos.
Destacó que la intervención de la Sedena en asuntos de seguridad debe de encontrarse limitado en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad.
Consideró que es necesario implementar una estrategia nacional de seguridad ciudadana, donde se establezcan las responsabilidades de todas las autoridades.