Santiago Aguirre Espinosa recordó que el desplazamiento de la UEILCA por personal de la FGR pudo ser advertido durante el procedimiento de judicialización del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la cancelación de órdenes de aprehensión contra 21 personas involucradas en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) a un juez federal, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, consideró que el hecho revela “injerencia inapropiada” en la Unidad Especializada por parte de la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero.
Luego de que Proceso revelara la cancelación de las órdenes de aprehensión a servidores públicos, de los cuales 16 son militares, entre ellos el coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón con sede en Iguala, así como el exfiscal estatal Iñaki Blanco Cabrera y la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Aguirre, Aguirre señaló que las organizaciones que representan a los familiares de las víctimas analizan “tanto la fundamentación jurídica como los alcances legales de la solicitud de cancelación y la posibilidad de presentar una impugnación formal”.
En espera de que la FGR responda públicamente por qué solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión, consideró “preocupante” lo ocurrido sin tomar en cuenta no solamente a los familiares de los estudiantes sino a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), lo que “confirma que la lupa hay que ponerla sobre la FGR y no tanto sobre los poderes judiciales” en torno al caso, como ha señalado el gobierno federal.
Al puntualizar que la cancelación “es un procedimiento muy inusual que genera mucha suspicacia”, el director del Centro Prodh resaltó que pese a no contar con el pliego de consignación original presentado por la UEILCA, para saber “cómo están encuadrados los hechos, las hipótesis jurídicas y las pruebas, la existencia de una solicitud de cancelación presentada por la otra área de la FGR da cuenta de una injerencia inapropiada de ésta en las labores que venía realizando la UEILCA, que es la instancia con la que venía coadyuvando las familias y en la cual tienen puesta su confianza”.
Aunque resaltó que la cancelación de las órdenes de aprehensión no implica una exoneración judicial, porque la solicitud de la FGR se hizo antes de que se llevaran a cabo capturas, Aguirre Espinosa desestimó que puedan en algún momento revertir la petición.
“En los hechos, si la oficina del fiscal General de la República o una delegación, con mucho desaseo, pidieron la cancelación de las órdenes de aprehensión pasando por encima de la opinión del fiscal del caso, no nos chupamos el dedo, no somos ingenuos, reconocemos que será difícil que venga otro fiscal a reiterar esas acusaciones, pero imposibilidad jurídica, no creo que haya, más bien hay un entorno poco propicio para que eso pueda ensayarse”, dijo.
Recordó que el desplazamiento de la UEILCA por personal de la FGR pudo ser advertido durante el procedimiento de judicialización del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, lo que confirma que el nombramiento de Gertz Manero “lejos de traer el cambio que muchos esperábamos en cómo funciona la procuración de justicia en México, ha implicado un retroceso”.
En espera de una valoración completa por parte de los familiares de los estudiantes y los asesores legales, Aguirre Espinosa confió en que la forma en que ha sido desplazada la UEILCA sea analizada por los organismos internacionales que están monitoreando el caso, es decir, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
“Nos parece muy relevante que los padres y madres de los muchachos tengan a su disposición organizaciones internacionales que puedan ser fieles de la balanza, terceros en discordia, y puede ser relevante para indicarnos a la sociedad, a todo el público interesado, pero sobre todo a las familias, qué cosas de lo que están ocurriendo son avances hacia el esclarecimiento de la verdad y la justicia y qué cosas no”, concluyó Santiago Aguirre.
