*El máximo tribunal del país admitió controversias constitucionales que piden anular decretos como el que da más poder a la fiscalía
MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos una lista de asuntos que podrían marcar el desarrollo de la nueva administración estatal, dependiendo de la decisión que tomen los ministros. Las polémicas reformas aprobadas en el Congreso de Tamaulipas al cierre del anterior periodo ordinario de sesiones, derivaron en acciones de inconstitucionalidad promovidas por la bancada de Morena.
Ahora, los ministros deberán definir por ejemplo, si la Fiscalía General de Justicia asume las facultades que le otorgaron los diputados, y que han sido tan cuestionadas tanto por los legisladores como por el mismo gobernador electo, Américo Villarreal Anaya. También está en la cancha de la Corte, la posibilidad de que Morena pudiera volver a asumir el control de la Junta de Coordinación Política del Congreso, si deciden invalidar la reforma que aprobó de manera virtual la bancada del PAN. Incluso, los ministros deberán definir si es constitucional la reforma a la Ley de Aguas que quita de los consejos de los compas a los representantes del municipio y del estado.
La mayoría de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los diputados de Morena ya fueron admitidas a trámite por la Corte, lo que significa que un ministro tendrá que hacer un proyecto y su propuesta deberá ser analizada, para después votarse en una sesión. Aunque esto, podría tomar se mucho más tiempo del que le gustaría a los promoventes. Apenas el pasado 4 de agosto por ejemplo, la SCJN declaró inválido el decreto publicado en septiembre del año pasado con el que el Ejecutivo Estatal extendía su control administrativo sobre la dirección de Tránsito municipal de Matamoros. Es decir, la resolución llegó 11 meses después de que se impugnó el acto.
LA SUPER FISCALÍA
La complejas reformas que otorgaron más facultades a la Fiscalía General de Justicia son las que más atención acapararon y las que fueron combatidas con más interés por la bancada de Morena. Sus recursos presentados ante el máximo tribunal ya fueron admitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforman las acciones de inconstitucionalidad 109/2022 y 110/2022. El primero está enfocado en tumbar el decreto 65-182 que modificó la Ley Orgánica de la Fiscalía, la Ley de Adquisiciones y la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, para darle al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción la facultad de expedir una “Constancia de Antecedentes de no Corrupción”, que a su vez será exigida en la Ley de Adquisiciones para que cualquier proveedor pueda firmar un contrato con el gobierno del estado o cualquier municipio de la entidad.
Mientras los diputados panistas que propusieron esta reforma “contribuye a dotar de transparencia, certeza, seguridad y confianza la prestación de servicios públicos, así como el correcto manejo de los recursos púbicos, mediante la actualización de las leyes que forman parte de la legislación estatal”, los diputados de Morena alegan que esta es una nueva manera de entorpecer el actuar de la próxima administración estatal, y le da controles a discreción al Fiscal General de Justicia, para favorecer o perjudicar a posibles proveedores.
“Lo anterior restringe los derechos económicos de los ciudadanos, dado que, aún sin ser culpables de uno de los delitos de hechos de corrupción, si no exhiben las constancias de no corrupción, no podrán inscribirse en el padrón de proveedores estatales y municipales”, señalaron.
La acción 110/2022 es la que ataca la reforma estructural más grande: el decreto 65-183 que modifica tres leyes para que pasen a control de la Fiscalía, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Centro Esta tal de Evaluación y Control de Confianza, y la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado. Esto se traduce en que el Fiscal tendrá a su cargo el manejo de los C5 desde donde se monitorean las más de 3 mil cámaras de videovigilancia instaladas en el estado, la evaluación y certificación de los policías estatales, entre otras nuevas tareas. El dictamen aprobado durante la madrugada, en la clausura del periodo ordinario de sesiones, alega que se busca “propiciar y procurar que las estructuras orgánicas encargadas de la protección ciudadana sigan siendo garantía de legalidad y tranquilidad social, para lo cual resulta fundamental renovar y darle mayor movilidad a dichas estructuras”.
Los morenistas en cambio, aseguran que la reforma impugnada “tiene como objetivo eliminar, modificar sin justificación, violentan do diversos derechos y principios constitucionales, atribuciones al Ejecutivo Estatal”.
LAS COMAPAS Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también dio entrada a la impugnación realizada por los diputados contra la reforma a la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, en la que se limita la presencia de representantes municipales y estatales en los consejos de las Comapas.
En resumen, el decreto 65/184 elimina a tres integrantes del Consejo que representaban al gobierno municipal, y deja solo la presencia del presidente municipal, y también elimina la presencia de dos funcionarios estatales para dar paso a la inclusión de dos “representantes sociales”, con lo que el consejo pasará de tener 11 a 7 integrantes. La bancada del PAN justificó esta reforma, asegurando que con ello se democratiza la conformación de los consejos.
Aseguraron que es “innecesario contar con titulares de tres dependencias municipales representando al Municipio, toda vez que la participación municipal dentro de este Consejo ya se encuentra representada por un integrante, como lo es el Presidente Municipal, por lo que no resulta necesario se incluya dentro de este Consejo a los titulares de tres dependencias municipales, ya que ello representaría casi la mitad del consejo dentro de las votaciones en sus decisiones, por lo que al restructurar la forma de integración del Consejo de Administración de los organismos operadores municipales, establecido en la Ley de Aguas del Estado vigente, pasando de once integrantes a ser solo siete, se abona a un proceso de democratización más ecuánime en la toma de decisiones de dicho Consejo”.
A esta acción se sumó el Ayuntamiento de Reynosa que también interpuso una demanda. En caso de que la Suprema Corte decida rechazar la impugnación de Morena, el sector social y privado tendrá el poder de decisión pues contarán con la mayoría de votos en los consejos, y dejaría fiera de ámbito de decisión a las autoridades municipales y estatales.
LA JUCOPO Los ministros de la Corte también tienen en sus manos la polémica reforma que puso candados para que no pueda volver a cambiarse el control de la Junta de Coordinación Política a menos que un partido cuente con las dos terceras partes de los votos. El decreto 65-172 fue aprobado en el mes de junio en una sesión virtual, tras una jornada caótica que incluyó la toma del salón legislativo. Los diputados de Morena insistieron en que dicha sesión debió invalidarse porque no había faculta des jurídicas para que se realizara vía zoom.
Al final, sin su presencia, la bancada del PAN y del PRI lograron aprobar el dictamen que exige que el Presidente de la Junta sea elegido de manera directa y “obtenga la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso”. Como ninguna bancada cuenta con una mayoría calificada, en caso de que los ministros avalen la reforma, sería imposible para Morena intentar recuperar el control de la Jucopo hasta el 2024, cuando se renueve la Legislatura.
POR STAFF
EXPRESO-LA RAZÓN
