Proceso publicó en abril pasado un reportaje sobre las autoridades del sexenio de Enrique Peña Nieto que intervinieron en la construcción de la mal llamada «verdad histórica» sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Las autoridades del sexenio pasado que intervinieron en la construcción de la mal llamada «verdad histórica» sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tienen nombre y apellido. Se trata de los más altos cargos de la Sedena, la Semar, el Cisen, la PGR, la PF y la AIC. Todos ellos disfrutan hoy de un retiro dorado u ocupan relevantes puestos en el servicio público.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su tercer informe sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) exhibió una «operación coordinada» por una «serie de autoridades» del gobierno de Enrique Peña Nieto, las cuales «cometieron distintas ilegalidades» en la construcción de la llamada «verdad histórica».
El GIEI determinó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), la Policía Federal (PF) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) -dependiente de la Secretaría de Gobernación- cometieron «falsificación de constancias procesales, detenciones ilegales y torturas, alteración de posibles escenas del crimen», entre otros, para impulsar la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
A excepción de Tomás Zerón de Lucio, quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y está ahora prófugo en Israel, sujeto a una solicitud de extradición por su participación en actos de tortura, los entonces titulares de esas instituciones han continuado sus vidas y carreras sin enfrentar la justicia y algunos incluso han ascendido en el servicio público.
El propio Peña Nieto, Jesús Murillo Karam (PGR) -hoy detenido- y Eugenio Ímaz Gispert (Cisen) se han retirado de la esfera pública; Miguel Ángel Osorio Chong (Gobernación) preside la bancada del PRI en el Senado y Enrique Galindo Ceballos (PF) es presidente municipal de San Luis Potosí.
Vidal Francisco Soberón Sanz (Semar) es ahora asesor del almirante Rafael Ojeda Durán en la misma dependencia, cargo por el cual recibió 1 millón 930 mil pesos del erario en 2021, según su declaración patrimonial.
Por cierto: cuando sucedió la tragedia y en las semanas siguientes, durante las cuales la Semar envió soldados a manipular el basurero de Cocula, Ojeda era jefe de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero.
El general Salvador Cienfuegos Zepeda (Sedena), quien se enfrentó al GIEI y se negó a cooperar con la investigación, tuvo un trato aún más favorable: a principios de 2021 fue rescatado de Estados Unidos por la Cancillería en una inédita operación diplomática que le evitó un juicio por narcotráfico. Como integrante de la cúpula militar, Cienfuegos estuvo presente el pasado 21 marzo en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles protagonizada por López Obrador.
Alejandro Saavedra Hernández, entonces comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, fue elevado a jefe del Estado Mayor por Peña Nieto. A pesar de que su nombre se rumoreaba entre los prospectos para encabezar la Sedena en la administración de López Obrador, el tabasqueño prefirió a Luis Crescencio Sandoval y dio a Saavedra la dirección general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
De los civiles, Omar García Harfuch, quien era coordinador de la PF en Guerrero, fue nombrado por Peña Nieto al frente de la AIC en lugar de Zerón y encabeza ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
Rodrigo Archundía Barrientos y Gustavo Salas Chávez, quienes dirigieron la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada -dependiente de la PGR- durante la investigación de Ayotzinapa, también continuaron en el servicio público: el primero acaba de ser designado fiscal general del Estado de México y el segundo es subsecretario en el gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, exsecretario de Seguridad de López Obrador.
«Autoridad superior»
Aunque no logró determinar el paradero de los estudiantes, el GIEI documentó en su tercer informe las colusiones entre instituciones federales que construyeron la «verdad histórica» con base en mentiras e ilegalidades, y han saboteado su investigación en los últimos siete años.
De acuerdo con el GIEI, la Sedena y el Cisen espiaban a la escuela normal desde antes de la noche de Iguala, «sin que consten autorizaciones judiciales para ello». Agentes de la PF y la Sedena estuvieron presentes durante las agresiones a los normalistas en Iguala por parte de los agentes municipales. Agentes de la Semar, la PF, la PGR, la Sedena y el Cisen perpetraron detenciones arbitrarias y «tortura sistemática» en instalaciones de la Semar o de la PGR, de las cuales existen más de 60 videos. Y la Sedena, la Semar y la PGR alteraron el basurero de Cocula.
Lo anterior, según el GIEI, tuvo como efecto «desviar la investigación» e impedir el seguimiento a ciertas «líneas de búsqueda», en «una forma de ocultar el destino de los estudiantes ya que sostuvo por todas las autoridades federales una versión distorsionada, que daba por cerrado el caso y que impedía que los estudiantes fueran realmente buscados y en lo posible encontrados».
Y advirtió: «La coordinación de todas esas instituciones no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior que se tiene que investigar si se quiere tener claridad de cómo y por qué se llevó a cabo toda esta operación, como parte de la verdad que puede ayudar a tener claridad sobre los hechos, las circunstancias de la desaparición y el paradero de los normalistas desaparecidos».
Si bien el GIEI no señaló directamente a Peña Nieto, el presidente López Obrador lo hizo en su conferencia matutina del pasado 30 de marzo. Consideró «muy difícil» pensar que el priista no estuviera enterado, «más cuando se trata de un asunto delicado», y refrendó que «no es cierto eso de que el presidente no sabía».
Además de la falta de empatía con los padres de los normalistas -marcada por el infame «¡Ya supérenlo!» que lanzó en una visita a Guerrero, en diciembre de 2014-, Peña Nieto fue uno de los grandes impulsores de la «verdad histórica». Durante su mandato se reprimieron varias de las protestas que surgieron en todo el país, se frenaron las investigaciones y su gobierno trató de dar por cerrado el caso. En 2016 decidió terminar el mandato del GIEI en México.
Los expertos salieron del país en abril, después de presentar su segundo informe, en el cual tacharon de «lamentable» la conclusión de la misión, denunciaron la «obstrucción» a su trabajo y lamentaron que «se hicieron diversos intentos de regresar» a la «verdad histórica».
Todavía en marzo de 2017, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrán, entonces subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, declaró que el gobierno seguía convencido de la «verdad histórica», ante el asombro y la indignación de sus interlocutores. Después del sexenio de Peña Nieto, Campa se recicló en el sector privado: es ahora cabildero para FEMSA, una de las principales embotelladoras de Coca-Cola en el mundo.
Los principales hallazgos del GIEI en su tercer informe evidencian que durante siete años y medio las fuerzas militares ocultaron que efectivos de la Sedena -del 27 Batallón, con sede en Iguala- y de la Semar estuvieron presentes en el basurero de Cocula antes del aseguramiento del sitio.
El GIEI confirmó que la Sedena infiltró la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y monitoreó los sucesos del 26 de septiembre de 2014 «en tiempo real»; «este seguimiento detallado y reproducido en los referidos informes cesa en las horas críticas de la ocurrencia de los hechos».
Los expertos también encontraron que la Sedena y el Cisen espiaban a «actores que intervinieron en los hechos».
En julio pasado, Proceso y los demás socios de la investigación internacional Pegasus Project revelaron que, después de la salida del GIEI, el Cisen y la Sedena intervinieron los teléfonos de los abogados de los padres -los integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan-, así como a dos familiares de normalistas, y trataron de espiar a dos expertos del GIEI. En lugar de averiguar el paradero de los estudiantes, espiaron ilegalmente a sus familiares.
La Fiscalía General de la República tiene abiertas dos carpetas de investigación sobre el espionaje ilegal realizado con Pegasus en el sexenio pasado, sin que a la fecha ni Osorio Chong ni su incondicional en el Cisen, Eugenio Ímaz ni Cienfuegos hayan sido llamados a declarar.
