Por el caso Ayotzinapa Jesús Murillo Karam podría enfrentar una pena de hasta 80 años de cárcel. Sin embargo, su defensa argumenta que en las más de 20 mil fojas que contiene la carpeta de investigación no hay víctimas ni testigos ni documentos que lo involucren directamente en lo que se le imputa.
Por el caso Ayotzinapa Jesús Murillo Karam podría enfrentar una pena de hasta 80 años de cárcel. Sin embargo, su defensa argumenta que en las más de 20 mil fojas que contiene la carpeta de investigación no hay víctimas ni testigos ni documentos que lo involucren directamente en lo que se le imputa: tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. El juez que lo vinculó a proceso reconoció que el exprocurador “no participó materialmente en la desaparición de los estudiantes, pero sí propició su ocultamiento” y de manera dolosa fraguó la “verdad histórica” que obstaculizó líneas de investigación válidas para saber qué pasó con los estudiantes.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Por el caso Ayotzinapa, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, puede enfrentar penas que sumarían hasta 80 años de prisión por tortura, desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia.
Mientras dure su proceso, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia determinó que Murillo Karam deberá permanecer sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, donde se determinó un primer plazo para investigación complementaria de 90 días naturales.
Para sujetarlo a prisión preventiva justificada el juez ponderó la facilidad de acceso a recursos y contactos de alto nivel que tiene para considerar que existe riesgo de que se dé a la fuga o de que afecte las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Esto, por encima del arraigo familiar que acreditó, su edad (74 años), su domicilio y la vulnerabilidad en la que se encuentra debido a las afecciones en su salud: hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva e insuficiencia vascular cerebral, que hasta ahora le provoca problemas de memoria y de comprensión de las cosas.
El exprocurador fue presentado ante el juez Fuerte Tapia el pasado sábado 20 y fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR), con lo que se convirtió en el primer exfuncionario de alto nivel en comparecer ante un juez de control por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La FGR lo señaló porque luego de atraer la investigación de los 43 normalistas desaparecidos, que originalmente integraba la Fiscalía de Guerrero, Murillo habría fraguado la creación de la verdad histórica mediante la planeación en cónclaves con altos mandos, acompañados de la comisión de otros ilícitos.
Para la FGR, Murillo Karam es el autor de la verdad histórica mientras que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, oficina que dependía directamente del titular de la PGR, fue el ejecutor de las acciones necesarias para hacerla una “realidad”.
En continuación de la audiencia inicial, el pasado miércoles 24, la defensa de Murillo Karam alegó que no existe ningún declarante en la investigación que señale directamente al exprocurador por alguno de los delitos que le son imputados.
“En más de 20 mil fojas que tiene la carpeta de investigación, detectamos que no hay víctimas ni testigos que declaren en contra del justiciable”, señaló su abogado, Javier López García.
Que tampoco existen constancias en las que se acredite que él tuvo conocimiento de que Zerón de Lucio ejecutó actos de tortura contra al menos los cuatro primeros detenidos del caso: Agustín García Reyes, Darío Morales Sánchez, Jonathan Osorio Cortés y Patricio Reyes Landa, identificados como integrantes de Guerreros Unidos, quienes confesaron haber participado en el homicidio y cremación de los normalistas.
Y que no existe una persona o documento que señale directamente a Murillo Karam de instruir al personal de la extinta PGR a alterar evidencia para propiciar el ocultamiento de los hechos sobre lo que ocurrió a los normalistas para legitimar la verdad histórica, como afirmó la FGR.
