Crece la violencia contra comunicadores: “No pago para que me peguen”, sentencia que sigue vigente
Censura sutil o indirecta, violencia letal contra periodistas e impunidad en las investigaciones de los ataques son los signos distintivos de la situación de la libertad de expresión en México durante la segunda mitad de la administración de López Obrador, alerta Artículo 19.
Los asesinatos y agresiones contra los comunicadores no se detienen, lo que torna a México en país letal, más incluso que Ucrania, comenta a Proceso Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. A este clima de hostilidad creciente, azuzado con un discurso presidencial estigmatizante contra el gremio, se suman los mecanismos de censura sutil o indirecta por medio de la publicidad oficial, mediante la cual el gobierno favorece a sólo 10 medios, entre los cuales destacan Televisa, Televisión Azteca y el periódico La Jornada, dice el entrevistado.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Censura sutil o indirecta, violencia letal contra periodistas e impunidad constante en investigaciones por agresiones a la prensa son los signos distintivos de la situación de la libertad de expresión en México durante la segunda mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador, alerta la organización Artículo 19.
“Estamos en el peor de los mundos”, sostiene Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de ese organismo, al destacar que con 18 asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en lo que va de 2022, México “es más letal que Ucrania, país que está en guerra”.
A ello, dice, se suman mecanismos de control indirecto de la prensa desde el gobierno federal que mantiene la política de “no pago para que me peguen”, frase acuñada en 1982 por el entonces presidente José López Portillo al justificar su boicot publicitario contra Proceso.
Con base en los resultados de una investigación sobre el gasto en publicidad oficial durante los primeros tres años del gobierno de López Obrador, de manera particular en 2021, efectuada por Artículo 19 en conjunto con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Maldonado insiste en que los datos reflejan que “se mantiene el uso de este recurso como premio o castigo a las líneas editoriales de los medios”.
Sin embargo, admite que esta situación persiste por “la falta de voluntad” del Congreso de la Unión para reformar la Ley General de Comunicación Social heredada del gobierno de Enrique Peña Nieto –conocida como Ley Chayote–, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una sentencia de revisión de amparo promovida por Artículo 19, emitida en septiembre del año pasado.
De acuerdo con la investigación de las organizaciones civiles mencionadas, durante los primeros tres años de gobierno de López Obrador se ejercieron 8 mil 648 millones de pesos en la contratación de publicidad oficial, cifra muchísimo menor que los 34 mil 727 millones de pesos erogados por Enrique Peña Nieto durante el mismo periodo.
Aun cuando las organizaciones consideran positiva la disminución del gasto en la publicidad oficial, detectan evidencias en la discrecionalidad en la distribución del presupuesto, al concentrarse 50.01% de los recursos en 10 medios, y más aún, casi 30% han sido destinadas a tres de ellos.
Según datos del Sistema de Comunicación Social, de la Secretaría de la Función Pública, entre 2019 y 2021 el gobierno federal contrató publicidad oficial con 778 medios, pero canalizó 4 mil 325 millones de pesos a sólo 10, mientras los 768 restantes recibieron 4 mil 323 millones, es decir 49.99% de los 8 mil 648 millones ejecutados en ese trienio, “lo cual refleja la persistencia en la concentración de los recursos en unos cuantos medios de comunicación”, advierten Artículo 19 y Fundar.
