Por: Vicente Hernández
“El dinero y su poder pueden desvirtuar la voluntad del pueblo; pueden alterar la competencia electoral; sobornar, dictar políticas públicas, y tornar frágil a la democracia”
‹Política, Dinero y Poder›
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la orden de aprehensión que se emitió en contra del actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y la resolución implica que cuenta con inmunidad procesal, aunque no lo exime que a partir del 2 de octubre nuevamente este enfrentando una nueva carpeta de investigación de parte de Santiago Nieto Castillo.
Claro que este resolutivo no cayo nada bien en el ánimo de la gente que deseaba verlo con traje de rayitas el 2 de octubre, y aunque quizás lo merezca, pero por esta ocasión les gano un raund, y quizás ahora los misiles de sus detractores vayan dirigidos a Manuel Bartlett Diaz, Napoleón Gómez Urrutia, Pio y “Martinazo” López Obrador, Ana Gabriela Guevara, David León Romero, Irma Eréndira Sandoval, Carlos Lomelí, o algunos otros posibles “N” que también tienen mucho que contar acerca de sus ilícitas actividades financieras.
Pero tal vez estos acérrimos enemigos y perseguidores de la corrupción, tengan como doctrina el apotegma de “Hágase justicia en los “bueyes” de mi compadre” y no en los míos -yo agregaría- y otra vez los fiscales, jueces, gobernadores y secretarios de estado, ante las denuncias ciudadanas y periodísticas volverán a declarar ante los medios su cacareado discurso: “hasta las últimas consecuencias”, “tope donde tope”, “debe investigarse” y “caiga quien caiga”.
Pero que mejor que recurrir a un pequeño texto de “Mexicanos frente a la corrupción” para poder entender todo lo anterior: “La corrupción es clandestina. Como ocurre con otros actos socialmente sancionados, quienes la cometen buscan borrar la evidencia, cubrir sus rastros y diluir la responsabilidad entre sus cómplices.
Existe, sin embargo, un agravante particular: los corruptos utilizan estratégicamente su posición de poder para no ser detectados, investigados y sancionados. En pocas palabras, para quedar impunes.”
Desde el inicio del presente sexenio la frase “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas” ha venido repitiéndose continuamente en las diarias misas mañaneras, y vaya que si la están cumpliendo los jueces y magistrados, empezando con Rosario Robles a quien es mantenida en la cárcel por considerarla traidora, cuando siendo todavía perredista acepto trabajar como Secretaria de Estado durante el gobierno priista del entonces presidente de Enrique Peña Nieto, y acusada de haber participado en lo que dieron en llamar “La estafa maestra” por el delito de omisión, el cual aun después de casi cuatro años no le han podido comprobar.
Sin embargo, la justicia en los tiempos morenos se ha hecho de la vista gorda ante acusaciones de corrupción contra Ana Gabriela Guevara, Marcelo Ebrard, Manuel Barttlet, Delfina Gómez, Eréndira Sandoval, Santiago Nieto, Julio Scherer, entre otros muchos.
Un caso emblemático de abuso de poder es el del Fiscal Alejandro Gertz Manero, al poner tras las rejas a su ex cuñada Laura Moran a quien acuso de provocar la muerte de su hermano, afortunadamente en la Suprema Corte de Justicia de México, votaron por unanimidad liberar a la acusada.
Después vinieron las grabaciones que se hicieron públicas, y su enconado enfrentamiento con el propio Julio Scherer en ese entonces consejero jurídico del Ejecutivo Federal, y con el también ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo, y solo por esto Gertz Manero si tuviera dignidad ya hubiera renunciado, pero desgraciadamente en México la dignidad es muy escasa, mas si se tiene el respaldo presidencial.
A partir del primero de octubre se escribirá otra historia con la llegada de Américo Villarreal Anaya a la gobernatura de Tamaulipas, esperemos que el mandatario escoja bien a sus colaboradores y en verdad lo ayuden a bien gobernar el estado, y no se dediquen a una desgastante “Cacería de brujas”, pero tampoco dejar de castigar a los funcionarios que se les compruebe algún delito, para que esta administración entrante a su final deje el sello de que además de honrada fue justa.
