*No obtienen respuesta por quejas ante autoridades regias
Altamira, Tam.
Debido a que no hay respuesta de parte de las autoridades de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey, los transportistas del sur de Tamaulipas podrían iniciar con medidas más drásticas, como son las protestas en aquella región.
El consejero nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Arturo Puente Vázquez, confirmó que a medida las protestas van ir subiendo de tono, hasta que les hagan caso y dejen de «cazar» a los traileros que llegan a esa zona, pues les aplican multas mínimo de 15 mil pesos, sin sustento alguno.
Y es que, recientemente, un grupo de transportistas del sur de Tamaulipas denunció que los agentes viales regiomontanos les aplicaban multas de hasta 15 mil pesos, además de ser víctimas de extorsiones, porque aparentemente han cometido alguna falta o violado el reglamento; sin embargo, todos los transportistas que llegan a esa zona, sin motivo alguno, son detenidos para revisión.
Señala Arturo Puente que la retención de los tráileres provoca que las empresas transportistas tuvieran sanciones con las navieras de hasta 300 dólares diarios, situación que afecta fuertemente la economía de este sector.
Por ello señaló que, a modo de presión, los transportistas pudieran irse a paro en Tamaulipas, el Bajío y Nuevo León para ser escuchados.
«Se está planeando ir intensificando las protestas; en este caso, se está empezando buscando el amparo de la ley, y de ahí podemos subir a manifestarnos pacíficamente en el propio Monterrey, su área metropolitana o donde estemos; lo que buscamos es concientizar a las autoridades que lo que están haciendo daña gravemente la economía, daña el transporte, principalmente, pero ahí se va en cadena; es un efecto dominó», refirió.
El consejero de la Conatram puntualizó que este tipo de problemas se había presentado con anterioridad en entidades como Jalisco, sin embargo, las autoridades entendieron mediante el diálogo, y no hubo necesidad de algún paro.
Por último detalló que las acciones tomadas por las autoridades viales, dejan una pérdida económica incalculable, tanto para los transportistas así como para los clientes y propietarios de las cargas.
