Fuentes fidedignas. Por Isaias Alvarez
El Congreso de Tamaulipas rompe años de silencio y, a propuesta del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, pide a la FGR investigar a Francisco García Cabeza de Vaca por el huachicoleo institucional de su gobierno.
La LXVI Legislatura aprobó por mayoría —27 votos a favor y cinco en contra— un punto de acuerdo que pide a la Fiscalía General de la República investigar al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca por su presunta participación en operativos irregulares de decomiso de combustible durante su administración.
A cada gobierno de impunidad se le llega a su fin, antes intocable, Francisco será hoy investigado. La iniciativa fue presentada por el diputado Prieto Herrera, en representación de Morena y del Partido del Trabajo.
En su exposición, relató con detalladamente cómo, en 2020, el entonces gobernador creó un órgano estatal de administración tributaria que operó sin base legal y que, bajo el argumento de combatir el contrabando, terminó invadiendo facultades federales y duplicando funciones de las secretarías de Finanzas y Administración. Era, en pocas palabras, una estructura paralela de control económico.
Entre el 15 y el 18 de noviembre de ese año, funcionarios de ese aparato embargaron quince pipas y ocho tractocamiones que transportaban 444.000 litros de combustible, bajo la simple sospecha de que se trataba de contrabando. No hubo orden judicial, ni intervención federal. Solo la voluntad política de un gobierno voraz.
El acuerdo aprobado por el Congreso pide a la Fiscalía investigar delitos que van desde operaciones con recursos de procedencia ilícita hasta contrabando de hidrocarburos, pasando por uso indebido de facultades, encubrimiento y extorsión. Es, en los hechos, una petición para abrir el expediente que el cabecismo creyó enterrado: el del huachicoleo institucional.
Prieto Herrera no se guardó nada. “La creación de instituciones públicas debe responder al interés general y cumplir con la legalidad, no servir para fines particulares”, declaró ante el pleno. Detrás de esa frase hay una advertencia al modelo de gobierno que hizo del poder un botín y del Estado una herramienta para vigilar, castigar y recaudar por cuenta propia.
El punto de acuerdo entró en vigor de inmediato y será remitido a la Fiscalía General de la República. De confirmarse los delitos, el caso podría escalar a nivel nacional y reabrir un capítulo que el exgobernador intentó cerrar con su exilio político. Pero más allá del proceso judicial, la carga simbólica es profunda, el Congreso, antes sometido al panismo, se atreve ahora a revisar sus actos.
La votación tuvo también un valor político interno. Morena y el PT lograron imponer una narrativa de rendición de cuentas en un terreno históricamente blindado, mientras los diputados panistas quedaron atrapados en la defensa de un pasado incómodo. Tamaulipas, tierra de silencios largos, volvió a pronunciar un nombre que muchos preferían no escuchar.
Si la Fiscalía ahora si se pone a trabajar, el expediente Cabeza de Vaca podría convertirse en el espejo más incómodo del noreste mexicano. Desde el exilio se escucha el cascabelear de dientes, ante el temor de los pecados que cometió Cabeza de Vaca en un sexenio de impunidad y voracidad.
