*Tamaulipas hipotecado: La actual administración deja boquete financiero de 26 años a las arcas del gobierno estatal que iniciará en octubre
La actual administración estatal heredará al nuevo gobierno de Tamaulipas una deuda pública de 24 mil 402 millones de pesos, de acuerdo con registros oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La información consultada en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios establece que desde el inicio de la actual administración estatal, se contrataron 17 créditos, comprometiendo recursos federales y estatales hasta el 2048.
Así, se traduce que la nueva administración estatal que entra en funciones a partir del primero de octubre del 2022, encabezada por Américo Villarreal Anaya, se estaría enfrentando a una severa crisis económica para cubrir los gastos corrientes y pago de nómina.
En el último trimestre del 2021 la Secretaría de Finanzas, a través de su titular María de Lourdes Arteaga Reyna, adquirió seis créditos a corto plazo o de «factoraje» financiero, autorización que no debe pasar por el Congreso del Estado para firmar como aval, pero sí registrarse en Hacienda.
BBVA México le otorgó tres créditos al Estado por 250, 150 y 100 millones de pesos, de los cuales quedan pendientes de pago 499 millones 984 mil 891 pesos, y cuentan con un plazo de vencimiento del 29 de junio del 2022.
El argumento de la Secretaría de Finanzas para solicitar los empréstitos fue que se requiere el dinero para «cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal», las tasas de interés de los créditos son del 6.8%, 7% y 4.9%.
El 26 de noviembre del 2021 el Gobierno del Estado adquirió una deuda de 100 millones de pesos con Scotiabank a corto plazo, por una tasa del 7%, de los cuales no se ha pagado un peso, según los datos otorgados por el apartado de Financiamientos y Obligaciones inscritos en SHCP.
También Banco Santander le prestó a los panistas 300 millones de pesos, de los cuales sólo ha pagado 80 millones nueve mil pesos, otro más fue otorgado por Banco Azteca por 250 millones de pesos.
Es decir, el Estado vendió a la banca comercial los servicios por cobrar, sus facturas, lo cual le permite adquirir efectivo de forma inmediata y continuar con sus operaciones como pago de nómina, servicios, rentas y otros.
Los préstamos mencionados son a corto plazo, y se encuentran pendientes los créditos simples adquiridos desde el inicio de la administración estatal panista, destacando entre ellos el adquirido con Banorte por 5 mil 461 millones de pesos, del cual queda pendiente de pago más del 90 por ciento.
A lo anterior se le suma el préstamo por seis mil 300 millones de pesos durante el sexenio de Eugenio Hernández Flores en el 2009, comprometiendo las finanzas por 30 años.
