*Las investigaciones realizadas sobre el caso Iguala por la vieja PGR quedaron en el limbo debido a diversas omisiones e irregularidades. Una de ellas: las declaraciones de los imputados fueron arrancadas mediante tortura, tal como acreditó un tribunal colegiado
CIUDAD DE MÉXICO
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene identificados a 10 probables responsables por el caso Ayotzinapa; todos están prófugos en el extranjero.
La FGR emitió órdenes de aprehensión y las autoridades realizan las diligencias para lograr las capturas de esos 10 probables responsables, entre quienes hay policías federales, estatales y municipales que pudieron tener participación en la desaparición de los 43 normalistas o cometieron irregularidades en la investigación del caso.
El pasado lunes 20 la FGR intentó formular imputación contra uno de los funcionarios investigados por dichas irregularidades, con las que la extinta Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, construyó la «verdad histórica» que intentó fijar la versión de que en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 los estudiantes fueron secuestrados por integrantes de Guerreros Unidos, asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero.
Pero a la audiencia celebrada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el investigado no compareció: afirmó padecer covid-19 y tener dificultades respiratorias.
Se trata de Ignacio Mendoza Gandaria, exmando del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, actualmente trabajador del Centro Nacional de Inteligencia, a quien la FGR intentó imputar por desaparición forzada, tortura, coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas.
Según las investigaciones, Mendoza Gandaria estuvo presente con Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, durante un interrogatorio en el que Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, supuesto integrante de Guerreros Unidos, fue torturado –como otras personas– para confesar su presunta participación en la agresión contra los jóvenes.
En la audiencia, Javier Avendaño Sandoval, abogado de Mendoza Gandaria, solicitó diferir la diligencia al considerar que su cliente no está «física y mentalmente en condiciones» de comparecer.
El juez reclamó al abogado que su cliente no se conectó por videoconferencia, como le había sido autorizado; el jurista dijo no tener conocimiento de las razones de su cliente. Delgadillo Padierna le dio 48 horas para entregar a la FGR la prueba de que padece covid-19.
Durante su intervención, el juzgador advirtió que Mendoza Gandaria incumplió con la obligación que tenía de comparecer en la audiencia, pese a que se le dieron facilidades para conectarse de manera virtual.
Añadió que del informe presentado por la defensa no se desprende la gravedad del estado de salud de Mendoza Gandaria, pero sí que se automedicó y que, conforme a la fecha en que fue diagnosticado con covid-19, ya excedió el tiempo recomendado por la Secretaría de Salud para mantenerse en aislamiento, por lo que exhortó a la Fiscalía a investigar incluso al médico que firmó el documento.
Asimismo, autorizó al Ministerio Público federal a solicitar cualquier acción legal que considere conveniente para obligar a Mendoza Gandaria a comparecer, por lo que es posible que la FGR solicite orden de aprehensión en su contra.
Imágenes del interrogatorio en el que la FGR sustenta su acusación de tortura contra el exfuncionario fueron difundidas el 13 de junio de 2020 en un video en el que se observa al interrogado, El Cepillo, sin playera y con el rostro cubierto por una bolsa de tela negra.
De acuerdo con la FGR, Mendoza Gandaria es el hombre que aparece frente al Cepillo mientras Zerón inicia su interrogatorio amenazando: «A la primera mamada que me digas, vamos a cambiar de tono (…) Dime todo lo que sepas de los estudiantes».
Según las investigaciones, el video fue filmado en enero de 2015 en las instalaciones de la Policía Federal Ministerial.
Deficiencias de la PGR
A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes, los errores cometidos por la administración de Murillo Karam para investigar lo que ocurrió siguen sin castigo. Pero la FGR tiene ahora identificadas a 10 personas como probables responsables en la manipulación de las indagatorias.
Fuentes judiciales confirman a Proceso que todos permanecen prófugos, incluidos algunos que han sido localizados en el extranjero, como el propio Zerón de Lucio.
Las deficiencias de la PGR en el caso Iguala no son desconocidas, pues además de las constantes denuncias de los padres de los 43 normalistas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2018 un tribunal colegiado en Tamaulipas emitió tres sentencias de amparo en las que enumeró las diversas violaciones cometidas por la institución.
Todas estas irregularidades derivaron en la orden de reponer el procedimiento desde antes de consignar las averiguaciones previas y hasta el momento en que los detenidos realizaron sus declaraciones preparatorias.
La mayoría de las investigaciones iniciadas por la FGR contra los funcionarios, de diferentes instituciones, implicados en estas irregularidades están radicadas en la Ciudad de México; sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha logrado formular imputación contra ninguno de los implicados.
Declaraciones ilegales
Los magistrados indicaron que la PGR, indebidamente, consideró algunas declaraciones de los coacusados como confesiones y otras como testimoniales, sin sujetarlas a las reglas establecidas en la ley para examinar a testigos e inculpados.
Y es que cuando una persona declara como indiciada o inculpada en un procedimiento penal, tiene derecho a no declarar y debe estar asistido de un abogado, mientras que el testigo no tiene derecho a reservarse datos y puede estar acompañado de un abogado, aunque ello no es indispensable.
Estas declaraciones fueron las que la PGR utilizó para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del Cepillo y otros supuestos integrantes de Guerreros Unidos en la construcción de la llamada «verdad histórica» sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos.
Cinco de las declaraciones en las que los inculpados no reconocieron haber cometido delitos, pero sí señalaron a otros de ser responsables de los hechos, fueron tomadas por la PGR como confesiones.
