El anuncio de que la FGR investiga a Enrique Peña Nieto por presunto lavado de dinero ocurrió unas semanas después de que el expresidente se reunió en Madrid con destacadas figuras del PRI mexiquense para acordar cómo enfrentar las elecciones del año próximo en el Estado de México.
El anuncio de que la FGR investiga a Enrique Peña Nieto por presunto lavado de dinero ocurrió unas semanas después de que el expresidente se reunió en Madrid con destacadas figuras del PRI mexiquense –como el exgobernador César Camacho Quiroz y el exsecretario Alfonso Navarrete Prida– para acordar cómo enfrentar las elecciones del año próximo en el Estado de México, último bastión del priismo y entidad clave para los comicios presidenciales de 2024. Se rompió “el pacto de no agresión” entre el gobierno de la 4T y Peña Nieto, pero “los amarres” que lo hicieron posible ya se habían debilitado, confía a Proceso una fuente del entorno del exmandatario.
MADRID (Proceso).– Ya se han visto alterados su exilio dorado y las largas horas que dedica a practicar su swing en el madrileño Real Club de Golf La Moraleja. El expresidente de México Enrique Peña Nieto ahora tendrá que hacer frente a la denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó en su contra tras detectar movimientos financieros millonarios –durante su mandato y después de él– y por ser el beneficiario de un esquema de transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, que constituirían presunto lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió diligencias por esta denuncia que se formula más de tres años después de iniciada la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que colocó la erradicación de la corrupción como su prioridad.
Hasta ahora había amagos de actuar contra el exmandatario priista, como sucedió a raíz de la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien acusaba al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y a Peña Nieto de ser quienes recibieron y gestionaron los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Los acusó de haber destinado al menos 100 millones de pesos a la campaña electoral del PRI en 2012, y de haber utilizado otros 400 millones de pesos para sobornar a los diputados que aprobaron las reformas estructurales de Peña Nieto, según informó el fiscal Alejandro Gertz Manero en agosto de 2020.
Los sobornos para los legisladores que aseguraron la apertura energética a las empresas privadas, vinculaban a Peña Nieto con el delito de “traición a la patria”, de acuerdo con un documento de la misma fiscalía, que dio a conocer el diario Reforma en noviembre de 2020.
Sin embargo, en otro momento, López Obrador podía tener una reacción diametralmente opuesta respecto de Peña Nieto, como decir que merecía su “respeto” y “consideración” por no haber operado ilegalmente en su contra durante la elección de 2018, como se lo pedían “los ‘machuchones’”.
Ahora, la denuncia de la UIF y la actuación investigadora de la FGR parece dar un paso hacia adelante. Coincidentemente estas acciones se conocen unas semanas después que el expresidente Peña Nieto realizara en Madrid una reunión con destacados políticos del PRI mexiquense, para acordar su estrategia para enfrentar la elección del Estado de México, del 4 de junio de 2023, quizá los comicios más emblemáticos por ser el último bastión priista (con 12 millones de votantes, 13.1% de la lista nominal del país) y, por tanto, una elección que va a definir el cuadro político-electoral con miras a la elección presidencial de 2024.
Apenas celebradas las elecciones estatales del 5 de junio último, en las que Morena y sus aliados conquistaron cuatro de seis gubernaturas, Peña Nieto recibió en su casa del fraccionamiento Valdelagua, en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, al exgobernador César Camacho Quiroz y al exsecretario Alfonso Navarrete Prida, ambos muy cercanos al exmandatario y a figuras del Grupo Atlacomulco.
La fuente consultada, identificada por este semanario, pero que solicita mantener en reserva su identidad, explicó que en estos más de tres años se “debilitaron los amarres” que permitieron “el pacto de no agresión”, alcanzado en la etapa de transición, y se “cerraron los canales de interlocución” con la salida de Alfonso Romo Garza del gobierno, primero, y la del ahora exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, después.
