La Unidad de Género de la empresa reconoce que hay una problema de hostigamiento sexual, mientras las víctimas denuncian en el miedo a romper el silencio por la protección con la que cuentan los agresores
Cynthia acudió el 22 de abril a las oficinas del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y horas más tarde la encontraron desnuda frente a la central de Samalayuca, en Ciudad Juárez. Había sido drogada y violada. La dejaron tirada al creer que estaba muerta. Sobrevivió. La abogada Wendy Herrera fue despedida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) después de sufrir una década de acoso y abuso sexual por parte de tres directivos del mismo sindicato. Sofía, ingeniera y supervisora, lidia desde hace dos años con el hostigamiento sexual de uno de sus compañeros; se sienta a dos metros de ella, todos oyen los insultos y los chistes, todos ven los ataques, todos lo saben, pero nada cambia. Las tres mujeres han denunciado penalmente ante la Fiscalía la violencia sufrida dentro de la CFE. Son la punta del iceberg. Los expertos y las víctimas son unánimes: la violencia sexual está normalizada dentro de una de las empresas públicas más importantes de México. Y nadie le pone freno.
La CFE es un emblema nacional protegido por el Gobierno. Fundada en 1937, tiene una plantilla de unos 100.000 empleados, donde el 75% son hombres y la mayoría es personal sindicalizado. La empresa alberga uno de los sindicatos más poderosos del país, junto al de Pemex, el de ferrocarrileros y telefonistas: el SUTERM, liderado por Víctor Fuentes, de 86 años. «En el sindicato las relaciones entre hombres y mujeres son absolutamente asimétricas. Como eran hace 70 años. Las mujeres están sometidas a discriminación, acoso sexual y laboral», afirma la investigadora de la UNAM María Xelhuantzi.
Wendy Herrera fue directora jurídica del SUTERM, lideró el área de Transparencia y formó parte de la Comisión de Justicia. Retrata un ambiente «de pesadilla» en el que las mujeres deben saludar con un beso en la boca a sus jefes del sindicato y pueden ser «elegidas» para acompañar a Fuentes a cenas o eventos. «Si el señor quería darte una nalgada, te tenías que aguantar. Llega un punto en que lo normalizas, ya ni lo piensas, eso es lo grave», relata Herrera, «él me decía muchas veces que yo era pobre porque quería, que todo podía cambiar si me acostaba con él». Xelhuantzi, autora de una quincena de libros sobre el sindicalismo mexicano, corrobora estas prácticas: «En la CFE es todavía completamente regular el hecho de que las mujeres tienen que corresponder con ciertos favores sexuales para entrar a trabajar o para conseguir ascensos».
Las mujeres hablan de lenguaje sexista, miradas lascivas, chistes ofensivos, insinuaciones sexuales, tocamientos y hostigamiento, de forma diaria y a todos los niveles. La alarmante situación es reconocida por la propia Unidad de Género de la CFE, creada en 2019 por el actual director de la compañía Manuel Bartlett: «El acoso sexual está indebidamente normalizado en muchos centros de trabajo», dice a este periódico su titular, Nimbe Durán.
Desde su departamento, compuesto únicamente por seis trabajadoras, han tratado de convertirse en un espacio de resistencia: dan cursos de capacitación, orientan a las mujeres que se atreven a denunciar y emiten opiniones ante las instancias que dirimen los casos; pero su intervención es limitada, ellas no sancionan, no deciden. Ahí se bloquea el proceso. A Sofía —nombre ficticio— la acompañaron en abril a declarar a la gerencia y a la Unidad de Responsabilidades, que son quienes determinan los castigos, por el acoso sexual que sufría de un compañero. La empresa todavía no ha tomado acciones, así que sigue sentada al lado de su agresor cada día. Durante la espera, los ataques se han agravado: «¿Tengo que esperar a que me viole para que hagan algo?», pregunta.
En lo que va de 2022, la Unidad de Género ha acompañado los casos de 36 mujeres acosadas, en todo 2021 fueron 41. Nimbe Durán interpreta este aumento de las denuncias como que está creciendo la confianza para alzar la voz: «Sí tenemos un problema de acoso sexual, que ya no se esconde, que ya no se tapa, buscamos hablarlo y solucionarlo». Para que eso ocurra, la investigadora María Xelhuantzi cree que lo primero es acabar con la inmunidad que gozan los líderes sindicales y que se trasmite como un «pacto patriarcal» hacia el resto de los empleados. También cambiar una raíz arraigada en la CFE: «Hay una cultura electricista donde el trabajador varón entra ahí y sabe que puede cometer abusos, tocar mujeres, violar mujeres y no le va a pasar nada porque está protegido».
Cynthia, violada entre tres trabajadores
El viernes 22 de abril por la tarde, un amigo invitó a Cynthia a una reunión en las instalaciones de la CFE en Samalayuca, a unos 40 kilómetros de Ciudad Juárez. Era un tipo de convivio que solía organizarse con frecuencia en el sindicato. Al llegar a las oficinas del SUTERM sección 162, el hombre que había llevado a la joven alegó que tenía que irse. La dejó con tres trabajadores del sindicato. Ya había oscurecido. Le sirvieron algo de beber y se empezó a sentir vulnerable. Antes de perder el conocimiento llegó a escribir a quien la había traído: «¿Qué onda con tus compas?». «Él la juzgó de loca y no volvió a por ella», relata su abogado Luis Flores a EL PAÍS, que considera que la joven fue drogada con alguna sustancia.
Unas horas más tarde, Cynthia estaba tirada entre unas tapias al lado de las instalaciones. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Tenía heridas y magulladuras, morados los ojos. Había sido violada vaginal y analmente. Encendió su teléfono y pidió auxilio. El 24 de abril presentó la denuncia ante la Fiscalía de Chihuahua. Cuando fueron los peritos cinco días más tarde su ropa seguía allí.
De momento, el Ministerio Público ha lanzado una orden de aprehensión contra uno de los tres hombres, a quien se identifica como el autor material de la violación. Sigue prófugo y en paradero desconocido. «Todavía falta aclarar la participación de los otros individuos que estaban en esas oficinas», especifica Flores. La defensa de los trabajadores alude que Cynthia estaba borracha, drogada, que ella quería mantener relaciones sexuales.
Mujeres protestan, el 12 de mayo de 2022, por la violación de Cynthia a manos de empleados de la CFE, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La indignación explotó en el pueblo al conocer que la CFE había dado un permiso vacacional a los tres trabajadores, que se fueron de Samalayuca nada más producirse la agresión. La empresa explica que esta es una práctica común cuando los empleados tienen incidentes personales, se les da «un tiempo para resolverlos». Esta semana dos de ellos -sobre los que no pesa una orden de detención- se han incorporado con normalidad a su puesto de trabajo. Tienen más de 20 años en la CFE y, de momento, no van a recibir ninguna sanción administrativa más allá de haber faltado algunos días al trabajo. La compañía eléctrica ha entrevistado a los trabajadores de Samalayuca y todos niegan que allí ocurriera una fiesta ni una agresión sexual. De los tres empleados identificados, uno era el secretario de Trabajo de la organización sindical allí. Las voces más críticas apuntan a una «tapadera» orquestada desde la central de Juárez. A nivel federal, en un comunicado, la empresa ha reiterado que está a disposición de la Fiscalía para colaborar con la investigación: «Se procederá con las sanciones laborales y administrativas que correspondan a quienes resulten responsables».
La joven, de 31 años, sigue en tratamiento psicológico a causa de la agresión. Madre de tres hijos, intenta recuperarse: volver a comer, volver a dormir. Ha recibido amenazas para retirar la denuncia y ha tenido que dejar de usar sus redes sociales por el acoso que recibe. «Además del hecho traumático que vivió, ha sido señalada. La culpan de lo que sucedió», dice su abogado. Cynthia no ha hablado todavía con los medios de comunicación. «La estamos protegiendo».
Wendy frente al abuso de los líderes sindicales
Víctor Fuentes había saludado en muchas ocasiones a Wendy Herrera, pero ella cree que no se fijó hasta que le hicieron ponerse un vestido «embarrado y escotado». Fue en noviembre de 2014, durante un congreso nacional del sindicato en Guadalajara (Jalisco). Cuenta la abogada que en ese evento tenía que hacer de edecán por orden de su jefe Mario Ernesto González, también secretario del SUTERM. «Allí no importa tu cargo, si te ponen de edecán te toca aguantar. Es una forma de rebajarte», relata.
Ese día Fuentes eligió a Herrera para comer a su lado. La abogada recuerda que se sentía muy mal tras haber tomado mucho alcohol en la comida y pidió irse a su hotel. Se lo negaron. «El delegado regional de Valle de México Norte me agarró de los brazos, me cargó, me subió a una camioneta y me llevaron al hotel Quinta Real de Guadalajara. El hotel de Víctor», dice, «ahí había otras chavas. Víctor estaba encima de mí y trataba de besarme. Casi me arranca el vestido. Yo no quise, me puse a llorar». El relato sigue: «Al otro día Mario estaba muy enojado conmigo. Me dijo: ´Me regañaron por tu culpa. Fuiste de las elegidas y no lo aprovechaste´. Porque ahí todos se peleaban por ver quién llevaba a la chica a la que Fuentes hiciera más caso». El SUTERM no ha contestado a las preguntas enviadas por este periódico.
Salta al 2019, donde en una conferencia del 29 de mayo en Ciudad de México, Víctor García, miembro de la Comisión de Justicia, la agarró por la cintura y trató de besarla. Tras el rechazo, dice Herrera, la amenazó y jaloneó: «Te va a costar mucho haberme despreciado». Seis meses después el SUTERM acusó a la abogada de haber beneficiado a su exmarido —también trabajador en la CFE— con honorarios del sindicato. Herrera fue despedida: «Comenzó otro calvario».
Detalle de las manos de Wendy Blanca Herrera Romero, abogada y exdirectora jurídica del SUTERM
