Carlos Manuel Juárez/Elefante Blanco
A diferencia de los gobierno de Chihuahua y Durango, el gobierno de Tamaulipas no quiso indagar la participación del gobierno del priista Egidio Torre Cantú, en el desvío de 3,000 millones de pesos de dinero público al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Este jueves la llamada “Operación Safiro” resurgió por la extradición a México del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, parte esencial de la red para financiar las elecciones de Tamaulipas, Puebla, Chihuahua, Durango, Veracruz y Sinaloa en 2016.
Los exmandatarios César Duarte, Javier Duarte y Egidio Torre pactaron con el entonces líder tricolor Manlio Fabio Beltrones y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, el depósito de centenas de millones desviados de participaciones federales, reveló el testigo Jaime Herrera Corral, quien fue forzado a participar.
La investigación del desvío se encuentra en Chihuahua, donde el exsecretario de Hacienda en la administración estatal, Jaime Herrera Corral, confesó el desvío de más de 250,000,000 pesos. La Secretaría de Educación fue el medio para conducir las partidas millonarias a favor del aspirante tricolor.
En 2017, exfuncionarios chihuahuenses rindieron testimonios acusando a políticos priistas, servidores públicos federales y estatales de operar la red financiera, bajo los mandos del titular de la Unidad Política y Control Presupuestario de Hacienda, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, y el exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, de acuerdo a las investigaciones judiciales.
El gobierno de Durango también ha llevado el caso a sus instancias judiciales. En esa entidad, la administración del gobernador Jorge Herrera Caldera es acusada de desviar 230 millones de pesos. Toda la planeación y ejecución de la “Operación Safiro” fue “blindada” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A partir de la publicación del caso, Javier Corral Jurado, entonces mandatario de Chihuahua, afirmó que el gobierno priista tamaulipeco participó en la “Operación Safiro”. Al respecto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, nunca ha comentado sobre el posible quebranto del erario para fines electorales.
El mecanismo de desvíos
El mecanismo de los desvíos en las 6 entidades fue revelada por 2 participantes del quebranto que aceptaron ser testigos. Los relatos fueron leídos durante una audiencia oral realizada en Chihuahua, que duró 11 horas, el 21 de diciembre de 2017.
De acuerdo con la declaración de Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y Deportes, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue quien le dijo que Hacienda federal asignó 250,000,000 pesos a diversas dependencias de los estados para que contrataran a empresas fachada, mismas que destinarían el dinero a las campañas del PRI.
En su declaración, Ricardo Yáñez destacó que recién llegado al cargo -en 2016- se opuso a firmar los contratos ficticios por decenas de millones con las empresas que le habían sido indicadas desde la Secretaría de Hacienda estatal. El exgobernador César Duarte le exigió firmar los documentos para transferir el dinero a las campañas.
En una reunión en la Ciudad de México, narró Yáñez, el hijo de Alejandro Gutiérrez, señalado como apoderado legal de una de las empresas fachada y orquestador del esquema, aseguró a los exfuncionarios chihuahuenses que no serían descubiertos porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) protegía los movimientos financieros.
El imputado y Ricardo Yáñez tuvieron un segundo encuentro en un restaurante de plaza Carso, donde le advirtieron que en Chihuahua ya se habían descubierto los desvíos. Gutiérrez insistió que no los descubrirían y sostuvo que las compañías contratadas eran sólidas y estaban blindadas por el SAT.
Los entonces funcionarios reiteraron que había pruebas fotográficas sobre la inexistencia de las empresas en los domicilios fiscales de las supuestas proveedoras de servicios a las que se destinó el dinero. Entonces Gutiérrez reviró: No se puede devolver el dinero, “lo operaron en campañas en otros estados” y que esa misma mecánica se usó en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango.
Yáñez Herrera dijo que Alejandro Gutiérrez les mandó un mensaje donde advertía: “Ya hablé con MF. Del retorno: no hay opción”. Les prometió ayuda para la comprobación del uso del dinero.
En la investigación hay un testigo protegido que coincide que los recursos fueron enviados por la SHCP, con la intervención de Fabio Beltrones y Alejandro Gutiérrez para la triangulación, y acusa a las empresas contratadas porque nunca justificaron los recursos.
El exsecretario de Educación chihuahuense, Ricardo Yañez, fue sentenciado a 4 años de prisión. Quedó en libertad a finales del año pasado por buena conducta y a cambio de pagar una reparación por 21,504,180 pesos, en siete pagos. Se desconoce si ya concluyó de saldar el monto.
