Con pruebas obtenidas de forma ilícita y contra el Código Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República armó contra el empresario Ernesto Álvarez Morphy un caso de supuesta defraudación fiscal equiparable.
sábado, 11 de junio de 2022
Con pruebas obtenidas de forma ilícita y contra el Código Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República armó contra el empresario Ernesto Álvarez Morphy un caso de supuesta defraudación fiscal equiparable. Pese a que un juez lo vinculó a proceso y le impuso medidas precautorias, una juez de amparo determinó y un tribunal colegiado federal confirmó que el cargo no se sostiene y que la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero transgredió los derechos del empresario.
CIUDAD DE MÉXICO (Proces).– Por contener diversas irregularidades, un tribunal federal desestimó una acusación que armó la Fiscalía General de la República (FGR) contra el empresario Ernesto Álvarez Morphy por defraudación fiscal equiparada.
El caso se armó desde la oficina de Juan Ramos, mano derecha del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, a partir de una denuncia anónima presentada en junio de 2019 contra Álvarez Morphy y toda su familia, en la cual se les acusó de cometer actos de corrupción durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, pero sin detallar qué actos fueron ni exhibir pruebas de los mismos.
En la denuncia únicamente se hizo referencia a que la esposa de Ernesto Álvarez Morphy es cercana a Angélica Rivera, quien fue primera dama como esposa del entonces presidente Peña Nieto.
Derivado de esa denuncia anónima, la FGR consiguió información fiscal con la que, de modo paralelo, armó otra investigación contra el empresario constructor a causa de una supuesta defraudación fiscal equiparable por la falta de pago de Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2018, daño calculado en 7 millones 500 mil 727 pesos.
Uso de información ilícita
El problema de la información sobre Álvarez Morphy fue que para obtenerla la FGR no dio intervención al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ni obtuvo un dictamen técnico contable del mismo para confirmar el cálculo de la supuesta defraudación fiscal que dijo haber detectado.
Lo que hizo la FGR fue darle vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) con los datos que recopiló para que, si confirmaba la omisión del pago del ISR supuestamente cometida por el empresario, presentara la querella correspondiente con la que en febrero de 2020 inició la carpeta de investigación contra Álvarez Morphy por defraudación fiscal equiparable.
Este proceso resulta irregular debido a que el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que antes de que la PFF presentara una querella de este tipo, el SAT debió requerir al contribuyente que aclarara la falta de pago de ISR, emitir un dictamen técnico contable y hasta entonces, si existe un delito, dar parte a la procuraduría.
