Por: Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria .- Por más llamados al orden y la cordura, por más pedidos a la civilidad y la concordia, el proceso electoral en Tamaulipas se encuentra en etapa tóxica, esa en la que los candidatos y partidos no se tienen respeto ni se lo dan, tampoco, al árbitro electoral. Aún no alcanzan los ataques graves y otras acciones consideradas como delitos del tipo penal, pero la frontera está cerca. Ha llegado el momento, pues, de pensar en otras medidas de prevención.
Cómo dicen los psicólogos, la violencia física comienza con la violencia verbal, y solo es cuestión de tiempo para pasar de una a otra. Revísense los altercados entre candidatos y partidos, entre el gobernador y los alcaldes, incluso entre el gobernador y los candidatos, para convencerse de que cómo la relación institucional ha caído en la etapa tóxica.
Estos episodios perjudican particularmente al candidato del PAN-PRI-PRD, ya que una jornada precedida de violencia, intervención de funcionarios públicos y activismo del gobernador, en caso de ganar su abanderado, puede motivar la anulación del resultado o la reposición de los comicios. De hecho pesa ya sobre él un llamado del instituto electoral para que respete la imparcialidad del Poder Ejecutivo en este proceso. Está marcado, pues. Tuvo la insensible ocurrencia de recordar el asesinato del candidato del PRI, Rodolfo Torre, en los comicios de 2010. A nadie serena que el gobernador reviva ese homicidio para incomodar a la oposición.
Entonces, hay discordia antes de la elección, y es predecible que la haya después. El Instituto Electoral de Tamaulipas lo sabe y ha tenido que reaccionar.
Juan José Ramos Charre, presidente del órgano electoral, ha solicitado vigilancia policiaca en nueve municipios del estado por riesgo de incidentes violentos. Se trata de Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo Díaz Ordaz , San Fernando, Hidalgo, Villagrán y Mainero. Como se ve, son localidades ya caracterizadas como volátiles y explosivas, pero ahora se les reconoce como inseguros de manera oficial.
Lo que se busca, de acuerdo con Ramos Charre, es garantizar el debido resguardo de los paquetes electorales de camino al instituto. Lo gobernabilidad de un punto de la república, ha dicho, es competencia de las autoridades legítimamente constituidas. Con esa respuesta, nos parece, ha tocado un asunto interesante.
Las pugnas que sostiene Francisco García Cabeza con figuras de Morena, como la diputada Úrsula Mojica y el alcalde Eduardo Gattás, han perturbado la tranquilidad del centro del estado. A la lista hay que agregar a Octavio Leal Moncada, líder social en Hidalgo y simpatizante del candidato Américo Villarreal. El gobernador mantiene bajo presión judicial a los tres y los quiere meter en prisión. Esto ha provocado malestar en grandes grupos populares y atizado la división política. En el caso de Leal Moncada, sus seguidores incluso han bloqueado carreteras para manifestar su disgusto.
Todas estas acciones, que no intentan la conciliación o el diálogo, ponen al estado en riesgo de ingobernabilidad, detonan la ruptura y la violencia. García Cabeza de Vaca parece más interesado en generar el desorden que en evitarlo. Incluso las investigaciones contra los morenistas, que estarían sustentadas en ‘aplicar el estado de derecho’ resultan otro motivo de ingobernabilidad, ya que persiguen únicamente a la oposición y exonera a los funcionarios públicos de su partido, como Carlos Fernández, exdirector del Instituto Tamaulipeco del Deporte, a quien el Auditor Superior de la Federación le señaló irregularidades por 92 millones de pesos, pero la administración de García Cabeza de Vaca no lo investiga ni le reclama.
Otro motivo de ingobernabilidad (o de gobernabilidad aplicada únicamente a la oposición) son las injerencias del reynosense en la campaña a favor de su partido, Acción Nacional, y el uso de recursos estatales y de la investidura para descalificar a Morena. Resulta reiterativo detallar aquí esos incidentes cuando están en circulación en redes sociales y todo mundo los conoce. Como tamaulipecos, debemos lamentar hacia dónde ha llevado García Cabeza de Vaca la elección de 2022. Claramente, ha tomado partido, viola la imparcialidad del gobierno, y es un promotor del PAN y no una autoridad confiable ni respetuosa de las reglas. Ya no gobierna para todos, sino únicamente para los suyos.
Así lo han visto también en el Senado, donde un grupo de legisladores acaba de acusarlo de usar la fuerza del estado con fines político-electorales. La tamaulipeca Guadalupe Covarrubias, de Morena, dio la alerta desde la Ciudad de México por las “violaciones a la ley e intervención directa el gobierno de Tamaulipas”.
Pero los señalamientos no se quedaron ahí. Los senadores Leonel Godoy y Alejandro Armenta Mier acusaron al IETAM de “solapar las campañas de terror” de García Cabeza de Vaca, y de hacer oídos sordos a las quejas de los partidos de oposición. Morena ha presentado 40 denuncias contra el gobernador, y asegura que el instituto no ha resuelto nada.
Si en las elecciones locales de 2021 se necesitaron 5000 elementos de la Guardia Nacional para vigilar los comicios solamente en Reynosa, ¿cuántos se necesitarán para cuidar la equidad, el orden y la imparcialidad de la elección de gobernador en 2022?
Al parecer, de eso dependerá la gobernabilidad.
