Ciudad de México..- La escena es sorprendente. Una mujer conduce un pequeño automóvil por el periférico de Guadalajara, a la altura de la colonia Ojo de Agua, a las tres y media de la tarde del jueves 12 de mayo. A su lado viaja su hija de siete años. De pronto, les corta el paso un convoy integrado por dos decenas de vehículos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Los agentes llevaban consigo armas largas. Es un operativo notable, de los que solo suelen darse cuando se detiene a criminales de consideración (o que, según muchos ciudadanos, en realidad no se ven nunca cuando se trata de esos criminales…). La mujer, más que intimidada, toma fotos de quienes se han interpuesto en su camino y sube un mensaje a sus redes sociales antes de ser detenida. «Estoy con mi hija menor de edad, me cerraron el paso al punto de casi voltearme y hay alrededor de 20 unidades de @FAnticorrupJal @FiscaliaJal ¡Difundan por si algo nos pasa por favor!». Logra hablar con uno de sus hermanos, quien se presenta en el lugar para hacerse cargo de la niña.
La detenida se llama Nancy Nallely Gómez Figueroa. Es abogada y fue agente del Ministerio Público. Trabajó en impartición de justicia por doce años, pero desde junio de 2019 está suspendida de sus labores. Es acusada por la Fiscalía del Estado por abuso de autoridad. Fue considerada «evadida de la justicia» por no presentarse a tres citatorios de audiencia emitidos por un juez. Esa fue la razón argüida para su detención, aunque ella revira que nunca fue notificada legalmente. Luego de darle vueltas por el periférico, sus captores la llevaron a los separos del célebre penal de Puente Grande. Fue liberada el viernes por la tarde, luego de permanecer incomunicada por más de 24 horas, y con la prohibición de salir del Estado mientras su proceso avanza. Ella sostiene que todo se trata de una serie de represalias y que el asunto se ha encarado de una forma personal y no legal. Asegura que recibió golpes y maltrato al ser detenida y dice que tanto su hija como ella tienen secuelas psicológicas por culpa del aparatoso operativo policiaco.
El calvario que ha vivido Gómez comenzó luego de denunciar que su exjefe, Marco Antonio Montes González, coordinador de los Ministerios Públicos en aquel momento, le pidió alterar una carpeta de investigación al respecto del caso de un menor relacionado con un secuestro, para cambiar su hora de registro y dejarlo libre. Desde que hizo pública la conversación con Montes, Gómez ha estado en la mira. Fue separada de su puesto. Su denuncia fue desestimada por la Fiscalía Anticorrupción, y, de hecho, su exjefe resultó ascendido (ahora es director de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales). Y a Nancy la acusaron de abuso de autoridad por la retención del menor indagado y también de dañar la imagen de la institución. Y la dichosa Fiscalía Anticorrupción comenzó a indagarla, ahora, a ella.
Su vida, desde esa fecha, ha consistido en una serie de presiones, citatorios, juicios, amparos, forcejos judiciales y, se queja ella, un acoso laboral frontal por parte de las autoridades. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya emitió una recomendación a su favor, en que señala que el proceso de Gómez estuvo plagado de anomalías y que la abogada ha sido víctima de trato desigual y discriminatorio por parte de sus superiores. Pero la Fiscalía ha hecho oídos sordos a esto y a los amparos que ordenan su reinstalación.
En Jalisco, no son castigados 96.2% de los delitos. Es decir, que de cada cien ilícitos que se cometen, menos del 4% reciben alguna condena, según cifras de la consultoría México Evalúa (el promedio nacional, por cierto, también es alarmante y alcanza el 92.4). Casos como el de Nancy Gómez explican bien por qué la impunidad reina en el Estado.
Imagen difundida en redes sociales de la detención de la abogada Nancy Gómez, el 12 de mayo de 2022, en Guadalajara, Jalisco.
