Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- Que los morenistas Carlos Peña, Carmen Lilia Canturosas y Úrsula Salazar sean culpables de prevaricar, hasta este momento, es algo indescifrable para nosotros. No somos jueces ni contamos con elementos para hacer esa imputación. Claro, tampoco somos sus defensores; si algo deben que lo paguen. Sin embargo, les asiste el derecho humano a la presunción de inocencia como corresponde en un juicio justo.
Es atribución del fiscal presentar ante un juez a ciudadanos y servidores públicos que violen la ley. Tal es el caso de Peña, Canturosas, Salazar y otros morenistas, señalados por varios delitos. El fiscal puede y debe pedir castigo para ellos y otros morenistas si cayeron en ilícitos: no hay intocables. Pero si ese fiscal es Irving Barrios Mojica, más vale tomar con reservas las acusaciones y meterse con calma al asunto.
Se ha informado, por ejemplo, que la Fiscalía Anticorrupción cuenta con testigos y pruebas para pedir la detención de Úrsula Salazar, diputada local sujeta a desafuero. También, que posee evidencias de los delitos de Peña y otros alcaldes morenistas. Con esos elementos sustentaría la validez del proceso, ciertamente. La duda nace cuando verificamos que Barrios Mojica, como superior jerárquico, está detrás de estas investigaciones, y no cuenta con los mejores antecedentes para acusar a funcionarios públicos.
La primera vez que intentó la hazaña fue el 20 de mayo de 2009
Como titular de la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita de la SIEDO, Barrios Mojica colaboró con la captura de 11 presidentes municipales, 25 altos funcionarios y un juez de Michoacán, todos en sus cargos. De los alcaldes detenidos, dos eran del PAN y el resto del PRD y el PRI. Los acusó de proteger a la organización criminal La Familia, una de las más sanguinarias de la costa del Pacífico.
La noticia conmocionó al país entero y supuso un golpe de autoridad de Felipe Calderón, cuya presidencia seguía siendo cuestionada por la oposición. Ver sacar a alcaldes esposados causó inquietud en las demás entidades federativas. Los militares estaban del lado de Calderón.
Insólitamente, después de algunas semanas, algunos de los detenidos recobraron su libertad. En seis meses salieron de prisión 12 de ellos, entre los cuales iban los exalcaldes de Tepalcatepec, Uruapan, Ciudad Hidalgo y Tumbiscatio.
El Operativo Limpieza, como lo llamó el Gobierno Federal, se fue esfumando mes a mes. Para mediados de 2010 ya habían liberado a 34 funcionarios michoacanos.
Finalmente, el 11 de abril de 2011 se excarceló al último detenido, Armando Medina, exalcalde Múgica.
A la luz de los expedientes con pruebas y testigos, no se entendió esta reversa de la la SIEDO después del sensacional operativo que se implementó para sacar a los alcaldes del Palacio Municipal. Pero la verdad salió a la superficie, y la incertidumbre se aclaró.
La razón era simple: no se hallaron pruebas de su vinculación con el grupo criminal. Las carpetas carecían de evidencia de los graves delitos que buscaban sancionar. Prácticamente, se integraban de puro rollo.
Lo más que lograba la SIEDO de Barrios Mojica era abusar del arraigo mientras reunía las supuestas pruebas, pero como tardaba en recopilarlas, los funcionarios michoacanos pasaron varios meses privados de su libertad.
Apremiado por el juez y la defensa de los detenidos, Barrios Mojica y el equipo de la SIEDO presentaron algunos testigos protegidos para fundar su acusación y buscar una sentencia condenatoria. La estrategia funcionó… por un tiempo.
Dichos testigos, resguardados tras los nombres de “Paco” y “Zajed” hablaron ampliamente de la relación, los negocios y la complicidad de los alcaldes con el cartel de la Familia michoacana. Cientos de hojas mecanografiadas recogieron sus narraciones. Cuando el juez pidió pruebas de esos señalamientos, resultó que todo era saliva; bla, bla y más bla, bla.
También se descubrió después que los dos testigos habían falsificado sus identificaciones y varias de sus declaraciones ministeriales, con lo cual la Operación Limpieza se desintegró hasta sus cimientos como un castillo de arena.
Hoy, como Procurador General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica ha enderezado varios procesos judiciales contra los alcaldes de Ciudad Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo, y contra una docena de funcionarios municipales. Aquí, también, dice contar con testigos y pruebas. Todos los inculpados pertenecen al mismo partido: Morena.
Como nunca, el procurador tenía listas las carpetas y las órdenes de aprehensión en cuestión de semanas. Ni los horribles asesinatos de Camargo y la señora Miriam Rodríguez recibieron semejante atención.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha desnudado a las claras su obsesión contra los morenistas. Pero así es el poder.
Los focos rojos se han encendido. No es exagerado decir que la elección del 5 de junio se ha vuelto peligrosa.
