GUANAJUATO, Gto., (apro).- El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en Guanajuato negó al chileno Raúl Julio Escobar Poblete, “Comandante Emilio” un amparo contra la extradición que el gobierno mexicano autorizó a fines de 2018, para que sea procesado en Chile, donde es acusado de homicidio cometido durante un acto terrorista.
Escobar Poblete, exintegrante del Frente Patriótico “Manuel Rodríguez”, al final de la dictadura del general Augusto Pinochet, está recluido actualmente en el Cefereso de Ocampo, cumpliendo una sentencia de 60 años por el secuestro de una ciudadana extranjera en San Miguel de Allende, donde se ocultó con otra identidad por 20 años.
NOTICIAS RELACIONADAS
- El caso del “Comandante Emilio”, en la antesala de la Suprema Corte
- Justicia española absuelve a esposa de ‘El Comandante Emilio”, reclamada por México
- “Si en su momento no denunciaron, háganlo ahora”, pide fiscal a víctimas del “Comandante Emilio”
- Condena de 60 años para el ‘Comandante Emilio”
La resolución que negó el amparo fue aprobada por dos magistrados, mientras que un tercero votó en contra del proyecto que se presentó.
Con esta determinación, procedería que “Comandante Emilio” sea extraditado a Chile para ser procesado por el asesinato del senador de la Unión Demócrata Independiente Jaime Guzmán, cometido en 1991.
Aunque presumiblemente, Escobar sería devuelto a México una vez que termine su juicio en Chile, para que termine de cumplir la sentencia por secuestro en Guanajuato.
Secuestrador en San Miguel de Allende
Raúl Julio Escobar vivió en San Miguel de Allende durante dos décadas con otra identidad, como Ramón Guerra Valencia.
A mediados de 2017 fue detenido y acusado por la Fiscalía de Guanajuato de ser cabecilla de una banda internacional de secuestradores, misma que supuestamente habría cometido varios secuestros de alto impacto, entre ellos el del empresario Eduardo García Valseca y el senador Diego Fernández de Cevallos.
Sin embargo, Escobar no fue acusado formalmente por dichos secuestros, sino por el de una ciudadana extranjera residente en San Miguel de Allende, a la que le fue cortado un dedo durante la negociación de los plagiarios con familiares de la víctima.
Cuando se supo su verdadera identidad, la justicia chilena reclamó su extradición, misma que fue concedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, en noviembre de 2018.
Contra la extradición, el abogado Ángel Maximiliano Santiago Ibarra interpuso el amparo que ya fue rechazado de manera definitiva.
Desde su detención y hasta su sentencia, el “Comandante Emilio” se ha dicho víctima de una persecución de la derecha internacional motivada por su participación en el frente patriótico “Manuel Rodríguez” contra la dictadura militar, y ha sostenido su inocencia.
Sin embargo, fue sentenciado culpable y se le dictó una pena de 60 años de prisión, que cumple en un penal federal, al considerarse un reo de alta peligrosidad.
Asunto político
Sobre la resolución del Tribunal Colegiado, el abogado Santiago Ibarra aseguró que el caso del “comandante Emilio” siempre ha sido “un tema eminentemente político y lo sabíamos. No es un asunto de derecho internacional o de derechos humanos, sino que tiene un sesgo de poder político a nivel internacional”.
En entrevista con Apro, el defensor del “Comandante Emilio” dijo que el proyecto del Tribunal prácticamente reprodujo los argumentos del juez de distrito que negó el amparo inicialmente, y que desechó notas periodísticas e informes de organismos internacionales sobre la tortura y los procesos derivados de la Ley antiterrorista en Chile, violatorios de derechos humanos.
“Hubo pruebas que no nos admitieron, más de 50 pruebas documentales que ofrecí no se tomaron en cuenta; no solamente notas periodísticas, sino informes del Comité contra la tortura de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional y otras, que son resultado de una previa documentación de violaciones a derechos humanos”.
Resaltó el voto particular (en contra de negar el amparo) que emitió uno de los magistrados, Ricardo Garduño Pasten, “quien habló del principio pro persona, de la jurisprudencia interamericana, para respaldar que si se hubieran aceptado las pruebas y se hubiera revisado toda la situación de Raúl Julio, la decisión hubiera sido otorgarle el amparo”.
Maximiliano Santiago anunció que ahora se revisará la posibilidad de recurrir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para plantear la situación del ex guerrillero chileno.
FIN DE NOTA.
