Un día después de la celebración del primer referendo revocatorio de México algunos expertos temen retrocesos en materia electoral por la vuelta hacia algunos vicios del pasado y porque tanto el presidente como su partido anunciaron que el siguiente paso sería reformar la ley electoral y reconfigurar el organismo que controla las votaciones.
En México el Instituto Nacional Electoral (INE) suele ser reconocido por su buen desempeño en la realización de comicios, pero Andrés Manuel López Obrador lleva años criticándolo y tachando a sus consejeros de corruptos, acusaciones que el INE siempre ha negado.
Ahora, paradójicamente, tanto el presidente como la autoridad electoral consideraron la consulta un éxito, aunque por diferentes motivos.
López Obrador se mostró exultante el lunes, igual que Morena, aunque el domingo la abstención superó el 80% —y por tanto el referendo no será vinculante—, pese a que los partidos de oposición descalificaron por completo el ejercicio y a pesar de las muchas quejas y denuncias por prácticas irregulares.
«Fue un éxito completo», dijo. «Ahora estamos en una etapa nueva, no sólo de democracia representativa, sino de democracia participativa».
El mandatario agradeció los apoyos estado por estado y se jactó del gran número de ciudadanos que votaron para que continuara en el cargo, más de 15 millones, una cifra no desdeñable porque suponen más personas que las que votaron por el principal líder opositor en las presidenciales de 2018.
Eso, agregó, a pesar de las «trampas o boicot» del INE, una institución que confía en reformar con una nueva ley electoral. Ésta todavía no ha sido presentada y al implicar cambios constitucionales necesitaría una mayoría cualificada que parece difícil de conseguir, sin embargo, algunos sectores temen que el gobierno avance en cambios que supongan retrocesos democráticos y ponen como ejemplo como un derecho legítimo y positivo, como es un referendo revocatorio, que fue utilizado al servicio del gobierno, como sucede en gobiernos populistas, y no por que la ciudadanía hubiera perdido la confianza en el presidente, que mantenía una popularidad del 60%.
La consulta del domingo avivó la disputa entre López Obrador y el Instituto porque el INE, al ver reducido su presupuesto, dijo que no tenía el dinero suficiente para llevarla a cabo. El caso llegó a la Suprema Corte, la cual ordenó efectuar el referendo, aunque al final se hizo con menos de la mitad de lo presupuestado y colocando un tercio de las mesas de votación.
El INE «hizo todo para evitar la participación del pueblo» denunciaron los gobernadores de Morena en un comunicado, pero los miembros del Instituto negaron el lunes en conferencia de prensa que hubiera ningún boicot, subrayaron que votó todo aquel que quiso hacerlo y que la jornada fue un éxito «a pesar de conductas ilícitas e irresponsables», dijo su presidente, Lorenzo Córdova.
Según Clara Jusidman, fundadora de la ONG Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, «se violaron muchas reglas que se habían desarrollado para evitar el clientelismo, la intervención de los gobiernos en el proceso y el uso de fondos públicos para promoverlo».
Todas estas prácticas son reminiscencia de las utilizadas por el Partido Revolucionario Institucional durante las siete décadas que gobernó de forma continua y que terminaron en el año 2000. Por eso, Jusidman consideró la consulta un «retroceso muy triste para quienes hemos luchado al menos treinta años para que se reconozcan y respeten los derechos políticos en México».
«Fue un gasto inútil y se volvió a prácticas de cuotas de votos (sufragios que los mandatarios locales se comprometía a obtener) impuestas a los gobernantes de Morena, como lo hacía el PRI antes de los años 90», añadió.
