Luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró improcedente la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), el gobierno federal anunció que se revisará la legalidad y rentabilidad de los contratos de producción independiente y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del «fraude a la ley».
«Como se podrá observar se termina el negocio heredado donde se benefició a la inversión privada extranjera (Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, etc)», sostiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de un documento difundido en el grupo de WhatsApp oficial de Presidencia de la República, se informó que existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77 mil socios-clientes, «ya que se compra – vende energía eléctrica y capacidad».
«Se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado mexicano de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente», advierte la postura oficial.
Incluso, señala que a estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), «aunque no se entregue la energía».
El documento refiere que ayer, el pleno de la SCJN declaró «totalmente improcedente la pretensión» de inconstitucionalidad de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica planteada por un grupo de Senadores de la República del bloque opositor conformado por los partidos PAN, PRD y PRI.
«Los ministros también rechazaron el argumento de los senadores en el sentido de que la Reforma es violatoria del T-MEC y otros tratados de libre comercio», refiere el gobierno federal.
Esto significa que la reforma del pasado 9 de marzo del 2021, sigue vigente en sus términos y debe ser aplicada por las autoridades competentes, afirmó el gobierno de México.
Además, afirmaron que el fallo de la Corte en favor de la constitucionalidad de la LIE «debe ser tomado en consideración» por los jueces de distrito y los tribunales colegiados que tienen a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas.
«El presidente de la Corte dictará un acuerdo en ese sentido», aseguró el documento del gobierno federal.
