Por:Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- Hace poco, en un café del sur de Tamaulipas, unos empresarios se mesaban los cabellos y hablaban amargamente entre sí. Imágenes como esa eran comunes hace 12 años, cuando la delincuencia asolaba la zona conurbada y las familias acomodadas huían a Texas y a Monterrey para estar a salvo.
Lo primero que se hubiera pensado, al verlos así, era que alguien los extorsionaba o los tenía bajo amenaza. A medida que su conversación se aclaraba, la verdad de aquellas quejas dejó boquiabiertos a los testigos.
Se lamentaban de Armando Martínez Manríquez, alcalde de Altamira, de su mediocridad, de su incompetencia, de su apatía. Eran proveedores e inversionistas con un proyecto para el municipio, pero estaban cansados de la parálisis de la administración local, que no avanzaba para adelante ni para atrás. Se preguntaban si permanecería así los tres años o si, en realidad, daría preferencia a otros empresarios que aparecerían después.
En Altamira no hay empleo, inversión ni obra pública. Los robos y asaltos cunden por la ciudad y las familias se resignan a vivir sin esperanza. Consecuencia elemental de esta crisis es la descomposición social de la población, con estadísticas al alza en violencia familiar, drogadicción y deserción escolar.
En ocasiones, la crítica a la autoridad proviene únicamente de la “grilla”, es decir, de señalar errores por interés personal y político, no por el bien común. A los empresarios reunidos en aquel café se les pudo tomar por agentes de ese tipo, pero los acontecimientos recientes han terminado por darles la razón.
Después de cinco meses de esperar su pago, harto de excusas, un contratista del Ayuntamiento de Altamira protestó delante del Palacio Municipal, donde colocó una retro excavadora y una manta con la frase: “Paga, Armando, no seas cul…”
Personas que pasaban por ahí, lejos de reprocharle su forma de protestar, le daban la mano y lo animaban a exigir al alcalde lo que le debía. Algunas, incluso, se tomaban una selfie con la retro excavadora de fondo. Usuarios de redes sociales identificaron al manifestante como Adolfo Latofsky.
Prácticamente nadie lo amonestó por bloquear la calle o insultar a Armando Martínez Manríquez. La escena describe por sí sola el descontento de la población con el presidente municipal y su trabajo.
Que los altamirenses batallen para cobrar sus servicios con firmas foráneas, es entendible. Que eso les pase con su propio alcalde, en las condiciones económicas actuales, es un desatino. ¿Quien va a tomar en serio a los proveedores locales si el primero que les falla es el gobierno municipal? Con esos amigos, para qué quiero enemigos, dirían ellos.
Señoras y señores, dinero hay en Altamira. Para el ejercicio fiscal 2022, se aprobó un presupuesto de 1,285 millones de pesos a la administración pública de Armando Martínez Manríquez. De hecho, quisieron presumir justamente el aumento a obras de infraestructura de este año, que pasó de 153 a 307 millones de pesos. ¿Por qué le adeudan, entonces, cinco meses de renta al dueño de la retro excavadora?¿Por qué se quejan los empresarios locales de la falta de obra pública en Altamira, si hay tantos recursos autorizados?
Altamira podrá tener la apariencia de pueblo pero su actividad económica y el tamaño de su población es de toda una ciudad. Justifica plenamente su presupuesto municipal, y hasta podría llegar a 1,600 millones de pesos por su ritmo de crecimiento. Para darse una idea de su expansión, solamente el presupuesto de la Comapa Altamira es de 423 millones de pesos.
Entonces, hay recursos, instituciones e inversionistas, pero falta alcalde. Altamira es un tema demasiado grande para la mentalidad de vecindario de Armando Martínez Manríquez. Tal vez quiera ayudar, tal vez se preocupa de las necesidades del municipio, pero no sabe ni por dónde empezar. Se dice que nadie lo respeta, y sus órdenes se las lleva el viento.
Por esa razón a nadie le extrañó que terminara como el alcalde peor calificado de la zona conurbada en el pasado ranking de Consulta Mitofsky. A Martínez Manríquez le asignaron un 55.3 por ciento de aprobación.
Si de su popularidad e imagen depende la votación de Morena en Altamira para la elección de gobernador, la 4T está perdida. Casi todo lo ha hecho mal desde que asumió la administración municipal, el 1 de octubre de 2021, y una funcionaria suya, Cynthia Jaime, ya enfrenta una denuncia penal por agresiones.
Algunos analistas comienzan a discutir la posibilidad de sustituirlo o iniciarle un juicio para retirarle el cargo. En tales términos, no es posible. No existe la revocación de mandato para presidente municipal; de momento, ya se puede votar por retirar el mandato al Jefe del Ejecutivo Federal por pérdida de confianza, y es un avance considerable. También, a algunos gobernadores se les puede despedir antes de finalizar su sexenio, pero en Tamaulipas todavía no se aprueba este derecho ciudadano.
Aunque esté fuera de la ley, la idea de preguntar a los altamirenses si aprueban la continuidad de Armando Martínez Manríquez entretiene a los observadores. Al oír a los vecinos, a lo jóvenes y a los empresarios, casi podemos ver la marca que dejarían en la boleta de votación: que le revoquen el cargo.
