Por:Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- Todas las promesas electorales pasan necesariamente por la capacidad económica de los gobiernos para hacerlas realidad. En los seis estados donde habrá elecciones, los ciudadanos siguen con interés esas propuestas, creen de nuevo en las esperanzas políticas. Por eso inquieta que algunos les ofrezcan austeridad en vez de estímulos o crecimiento.
Dicha palabra, austeridad, puede representar algo positivo o negativo según el contexto, pero en el plano de las políticas públicas es absolutamente una mala noticia para las personas.
En el plano de las costumbres, de la moral, la moderación es una virtud estimada y admirable. Una persona austera rechaza el gasto frívolo, los lujos y las modas, aunque su situación económica se lo permita. Su fortaleza de carácter lo salva del derroche al que se dan las personas ordinarias, sin caer por eso en la avaricia. En definitiva, es un individuo racional, independiente y responsable.
En el plano colectivo, imponer la austeridad a millones de necesitados, cuando se pudiera rescartarlos, es simplemente maligno, si no un crimen de lesa humanidad. Se ha hecho famosa la anécdota, quizás el mito, acerca de María Antonieta, reina de Francia, quien preguntara, después de ver una protesta de personas hambrientas frente a su castillo, “¿Y por qué no se comen un pastel?”. Así de ciegos se comportan los gobiernos absolutistas con sus pueblos, a los que utilizan para seguir en el poder.
Esa clase de austeridad, de sacrificios inhumanos, se repitieron en muchos sentidos durante la etapa neoliberal, en el que los organismos financieros rescataron países en bancarrota a cambio de recortes severos al gasto social.
“La palabra austeridad evoca el sufrimiento, la gravedad, la amargura, la dureza, la abnegación y la escasez”, sostiene Myra H. Strober, economista de la universidad de Standford. En seguida, marca una postura contraria a esa indiferencia social. “Los keynesianos nos oponemos a esta amarga medicina”. En efecto, el presidente Keynes fue un defensor de elevar el gasto público para mejorar el bienestar de la población.
En México, a partir de 2018, la palabra austeridad se ha puesto de moda como principio de gobierno, pero no siempre para beneficio de la población. Si se trata de eliminar gastos superfluos para confort de funcionarios públicos, bienvenida sea. Pero hay otros usos que nadie quiere. “La austeridad económica se define como una disminución en el gasto gubernamental para reducir los déficits públicos”, explica Strober.
No queremos darle la apariencia a este comentario de una clase universitaria porque estamos aquí para dialogar, no para enseñar nada a nadie. Nos preocupa que la austeridad pueda ser una promesa de campaña cuando el país ha caído en una crisis que tiende a empeorar por el alza de precios. En momentos desesperantes, se necesita aumentar la inversión pública, no rebajarla.
Mientras el gasto público no mejore, el país seguirá en el retraso. En las circunstancias sociales de la población, la austeridad debería ser una palabra prohibida. Entre los países miembros de la OCDE, México ocupa el último lugar en la prueba Pisa de aprendizaje en educación básica. Le faltan 5,614 dólares para igualar a sus pares.
En materia de salud, el gobierno federal ha incrementado 15.2 por ciento el gasto de este año. Ha llegado a representar ya el 6.5 por ciento del PIB, superando el 5.6 por ciento de 2019. Se trata, indiscutiblemente, de una tendencia positiva. Pero en la cifra macro se esconden detalles menos favorables. Por ejemplo, que los mayores incrementos van a Aportaciones a la Seguridad Social (176.5 por ciento), a la Secretaría de Marina (11.8 por ciento) y a la Sedena (9.5 por ciento), de acuerdo con un análisis de México Evalúa.
Por otro lado, la frase “Abrazos, no balazos”, parece haberla tomado en serio el gobierno federal. Como porcentaje del PIB, México destinaba el 1.21 por ciento en 2018; en 2021, este promedio bajó a 1.17 por ciento. Para combatir eficazmente la delincuencia, la recomendación es del 13 por ciento. Como se ve, el país anda muy lejos de un gasto óptimo en seguridad, y las consecuencias están a la vista: se han cometido ya más de cien mil homicidios en lo que va del sexenio.
Hoy por hoy, este gobierno es el que más recursos directos destina a la población, por medio de programas sociales, hasta 3 billones de pesos. Pero este gasto es justamente eso, solo ayudas para el consumo; no es inversión, no regresa a la nación en la forma de una pequeña empresa o de recursos humanos capacitados o hábiles para producir, ni siquiera como una población más saludable.
Hay logros, en efecto, en el actual gobierno federal, como una política de gasto exenta de derroches. Pero la estrategia aplicada en salud, educación y seguridad no ha rendido los resultados esperados, y proponer un ajuste o la austeridad solo socavaría más a los pobres y a la población vulnerable.
Tamaulipas adolece prácticamente de las mismas carencias en salud, educación y seguridad. La única motivación para salir a votar el 5 de junio es creer que habrá mejoras, un mayor bienestar. Para ello se requiere inversión, mucha inversión, tanto pública como privada. Nadie quiere hablar de limitaciones o sacrificios, nadie quiere oír de austeridad.
