Cd. de México
La audiencia que se celebraría ayer por el amparo tramitado por buzos en contra del tramo 5 del Tren Maya se difirió para el próximo 13 de mayo.
La acción, que se resolvería si se concede suspensión definitiva, se aplazó porque las autoridades mencionadas en el amparo 884/2022 (Fonatur, Fonatur Tren Maya, Sedatu y Sedena), no han sido notificadas de la resolución previa, del 18 de abril, de acuerdo con José Urbina, integrante del colectivo «Sélvame del Tren». «Como anticipábamos, la audiencia se pospuso porque todas las partes denunciadas no fueron notificadas.
Les van a dar más tiempo. La nueva fecha de la audiencia es el 13 de mayo. Eso significa que hasta entonces los trabajos deben de seguir suspendidos», dijo Urbina.
Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito de Yucatán, concedió el pasado 18 de abril la suspensión provisional a los buzos profesionales que tramitaron el recurso en contra de la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento de esta parte del proyecto.
La resolución tiene como efecto paralizar las obras en dicho tramo, en tanto se resuelve el asunto de fondo.
«Que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo cinco sector sur del Proyecto Tren Maya –con trazo de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo–, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material», resolvió Novelo.
En los dos días posteriores a la notificación de la suspensión, trabajadores del consorcio liderado por Grupo México, la contratista de Fonatur para el tramo de 60.7 kilómetros, no interrumpieron tareas de desmonte, relleno y aplanamiento del camino.
Fue hasta el jueves pasado que las máquinas y el personal pararon actividades.
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su mañanera que respetarían la orden del juez. En el amparo se reclamaron tres actos de inconstitucionalidad, de los cuales sólo en uno de ellos se concedió la suspensión provisional; en los otros dos asuntos se negaron.
Se negó para los actos omisivos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la delegación de la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, por no dar seguimiento, clausurar o imponer sanciones, detener la tala y desmonte en el tramo 5 y, en consecuencia, impedir que se continúen esos trabajos, porque los quejosos no son los mismos quienes denunciaron al organismo, según se lee en el acuerdo. Y tampoco se concedió en la querella contra la Sedatu y su declaratoria de causa de utilidad pública de 2’410,107.72 metros cuadrados de propiedad privada.
