Por: Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- El Juicio Final he llegado: se rasgarán las vestiduras, se escucharán lamentos, caerá la noche sobre sus vidas. Pero no se preocupe: el mundo seguirá igual. Los únicos que van a sufrir son los falsos maestros en Tamaulipas.
No debería sorprendernos la noticia que circuló este miércoles 27 ya que López Obrador ha dicho que su propósito como estadista no es un cambio de partido sino de régimen, un giro completo de la función pública, las instituciones y las actividades todas de la república. Por eso lo llama la “cuarta transformación”.
El anuncio al que aludimos es el siguiente: la Secretaría de Educación Pública asumirá la nómina de los maestros en los 32 estados del país. Los gobiernos estatales no administrarán más esos recursos.
La finalidad, de acuerdo con Óscar Flores, titular de la Unidad de Administración de la SEP, es aligerar la carga a las entidades del país, ya que muchas han sido insolventes en el pago de los salarios.
“La Federación asume el control de la nómina educativa estatal y apoya su financiamiento, liberando para ello a los estados de una presión de gasto”. Tales fueron las palabras del funcionario.
Quisiera llamar su atención sobre este discurso para no malinterpretar esta decisión como un simple rescate financiero, como una sustitución patronal. Seguramente, muchos desean eso. “Solo cambia la chequera de pago. No hay de qué preocuparse”. Creo oír estas frases en la cabeza de los sinvergüenzas que se han aprovechado de la nómina magisterial.
La Unidad de Administración ha sido bastante clara con el paso que acaba de dar: “La Federación asume el control de la nómina educativa estatal”. ¿Oyó usted bien? El control, asume el control del sistema de pagos a los maestros. Ahora, todo el archivo será suyo: claves, currículos, historial. Y podrá revisarlo, ampliarlo… o recortarlo cuando lo desee.
La SEP no ha querido asustar a nadie con este primer anuncio pero vale más entender la magnitud de este cambio. Vienen cosas grandes, muy grandes, con ganadores y perdedores. Los primeros serán aquellos profesores preparados, responsables, dedicados a la sagrada labor de educar a las nuevas generaciones. Los segundos serán los estafadores que han vivido de la nómina magisterial sin ser maestros.
¡Cuántas historias hay en Tamaulipas sobre “aviadores” en el magisterio! ¡Cuántos secretos se esconden en la entidad! Es más fácil conocer los salarios del Tribunal Superior de Justicia que de los maestros estatales. De ese tamaño son los intereses en la Secretaría de Educación de Tamaulipas que, por cierto, no comenzaron en este gobierno. Se habla de sacerdotes, opositores y hasta periodistas indebidamente asalariados como profesores. El caso corroborado por la prensa de Ciudad Victoria es el del ex director administrativo de la SET, ex director del UPYSSET y ex secretario de Administración, Jorge Ábrego Adame, con dos plazas de maestro sin tener carrera magisterial, como era requisito entonces.
Son muchas las anécdotas en Tamaulipas sobre “aviadores” en la SET y sus jugosos salarios sin la obligación de laborar. Una de esas la publicó el periódico el Norte, de Monterrey, en un remoto 2 de marzo de 2001, que les vamos a narrar por su interesante revelación.
Un día antes, el 1 de marzo, el secretario de Educación del estado, Baltazar Hinojosa, visitaba la ciudad de Reynosa. Cumpliría con reuniones y otras actividades ya agendadas con anterioridad. Parecía un día normal.
Pero Hinojosa fue interceptado por Miguel Treviño Rábago, de la oficina regional de la SET. Exaltado, Treviño Rábago dijo haber encontrado un saqueo en la nómina magisterial correspondiente a Reynosa. Los mejores pagados, aseguró, eran funcionarios municipales, del PRI o de otras dependencias que ni escuela tenían.
Y los denunció por sus nombres y cargos: Antonio Quijano y Narciso Ortega, regidores de Reynosa; Raúl Zárate Lomas, vocal ejecutivo del IFE en Tamaulipas; René Chapa, de Comapa Reynosa y Federico Ochoa, vocal distrital del IFE en Reynosa. Desde luego, todos los involucrados negaron las acusaciones. En aquel tiempo, casi prehistórico, no existía el derecho ciudadano a la información, y fue imposible exigir copia de la nómina. Hasta el 25 de abril de 2002 se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Si bien la SEP ha justificado esta decisión como una ayuda a las finanzas estatales, no puede ser una coincidencia que asuma el control de estos pagos y el reciente rechazo a la Ley Eléctrica en el Congreso de la Unión.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ganado un nuevo instrumento para presionar políticamente a los gobernadores. Será cuestión de que audite a los estados para verificar si registraron en sus nóminas magisteriales a funcionarios panistas, priistas o perredistas, a sus familiares y amigos, y a todos aquellos empeñados en desacreditar y sabotear a la Cuarta Transformación.
En la prensa nacional se habló de presiones y amenazas desde la Secretaría de Gobernación a diputados federales opositores para que apoyaran la reforma. Los gobernadores recibieron las mismas llamadas como jefes políticos de esos legisladores, de acuerdo con estas versiones. Pero fue en vano; la iniciativa de López Obrador fracasó.
Si este es el comienzo de su venganza lo sabremos en el ciclo escolar 2022-2023.
