MÉXICO.- El Senado y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajarán de manera conjunta para ajustar las leyes que permitan disminuir los 32 millones de delitos que se cometen cada año en México, que comienzan con los asaltos a tiendas y en transportes, y se transforman en crimen organizado; “los grandes delitos no salen de la nada salen de la impunidad de los pequeños delitos”, precisó la Fiscalía.
De esta forma, después de dos años de frustrado el primer intento de un esfuerzo interinstitucional por mejorar todo el sistema de procuración e impartición de justicia en el país, se volverá a hacer el intento, aunque en esta ocasión, por el momento, sólo será por parte de la Fiscalía y el Senado, a diferencia de 2020, cuando en el primer intento estuvo el Ejecutivo federal.
“Los territorios van perdiendo la autoridad, porque la autoridad se va coludiendo con los delincuentes en contra de la vida comunitaria, en las calles, los transportes, las áreas de trabajo, las viviendas, etcétera y, si no se da la batalla ahí la batalla, ya no se va a resolver.
“Quienes hemos estado cerca de eso, sabemos que lo que no se para en el barrio, en la colonia, en la casa, en el camión o en el metro ya no se paró, porque los delincuentes se van apoderando, se van convirtiendo ellos mismos en una nueva autoridad paralela y se va perdiendo lo que es la gobernabilidad, para que haya un poder sustituto que sea dueño de esa gobernabilidad.
“(Una gobernabilidad) que cobra derecho de piso y lo permiten; ellos se van adueñando de los territorios y entonces son unos socios poderosos de unos gobiernos locales totalmente sometidos o cómplices o encubridores”, explicó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a los coordinadores en el Senado de Morena, Ricardo Monreal; del PAN, Julen Rementería; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda; Manuel Velasco, del Verde; Geovanna Bañuelos, del PT, y del PRD, Miguel Ángel Mancera.
La reunión, realizada en el Senado el 17 de marzo, mostró la posición de los senadores en torno a las preocupaciones específicas que tienen en materia de seguridad, que consideran el tema más importante a atender, dado el impacto directo que tiene en la sociedad.
Senadores: trabajo conjunto, indispensable contra la violencia
Julen Rementería del Puerto, líder de los senadores del PAN, plantea que “cuando el Presidente de la República habla de los abrazos y no balazos, francamente no es lo que se necesita. Cuando los delincuentes están en las calles, cuando llegan al transporte público y van tomando las calles no se va a resolver esto con consideraciones, sino que se necesita usar la fuerza del Estado mexicano para lograrlo, porque persiste el gran incentivo de la impunidad.
“Estamos viviendo momentos terribles de violencia que la población ya no aguanta, ya no soporta y vemos cómo día a día se va reflejando en la población. La ciudadanía no ve que quienes tienen esta responsabilidad de la seguridad hagan su trabajo y más allá de que haya muchas leyes, debemos trabajar en ver qué hace falta e ir hacia allá; en esta materia la percepción que se tiene es que el gobierno mexicano no ha podido alcanzar los resultados que se ofrecieron desde el inicio”, precisa el panista.
Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, explica que “éstas son las reformas a las que tenemos que entrarle. Ante las circunstancias que se encontraron en la Fiscalía y que hemos vivido otros gobiernos, el tema de a quién se le defiende más en sus garantías, al delincuente o a la víctima; lo mismo teníamos nosotros.
“Creo que hay reformas importantes que hacer; creo que con el equipo de la Fiscalía y las comisiones involucradas del Senado debemos empezar a generar productos legislativos para poder darle a México, a las y los mexicanos la tranquilidad en este tema tan importante que es la procuración de justicia. Es una buena cantidad de pendientes que tenemos en el ámbito legislativo y es momento para lograr un acuerdo que pudiera generar una mesa de trabajo para empezar a hacerlo”, asegura.
Clemente Castañeda está convencido que el Senado y la Fiscalía General de la República tienen los mecanismos legales para trabajar de manera conjunta, a fin de mejorar los resultados que se necesitan en materia de procuración de justicia, es decir, pasar de las cifra histórica de un 95% de impunidad, a dar sustento a esos números para corregir.
Así, Castañeda plantea algunos de esos sustentos de realidad de esas cifras: los delitos de tortura, que prevalecen, pese a la ley que la prohíbe, pero de cinco mil investigaciones sólo se judicializó una; la inexistencia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género, a pesar de ser una obligación de ley y del número creciente de agresiones a las mujeres, que implican un promedio de 11 feminicidios al día; la impunidad que gozan los traficantes de personas que usan a los migrantes para enriquecerse.
Para el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano es urgente que se activen los mecanismos legales que se tienen para que el Senado y la Fiscalía trabajen para corregir esos problemas reales, que crecen.
“Una relación mucho más armónica, más fluida nos podría llevar a entender justamente los temas, porque creo que no hay manera de evaluar, porque ésa es una responsabilidad que tiene el Senado; no hay manera de evaluar el desempeño de la Fiscalía si no tenemos información para poder hacerlo, y creo que esa es una de nuestra parte con toda la disposición y toda la responsabilidad para hacerlo”, asegura.
Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, también coincide en la necesidad de atender los vacíos legales que existen, pero sobre todo atender los temas presupuestales, pues es evidente que la Fiscalía General de la República no puede trabajar de la misma manera con un monto cada vez menor de dinero, frente al crecimiento innegable de los casos de violencia e inseguridad que se registran en muchas partes del país.
Gertz: La seguridad se gana calle por calle
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó al Senado la creación de una Ley Nacional de Defensa Social, como un mecanismo que permitirá debilitar al crimen organizado, pues “los grandes delitos no salen de la nada, salen de la impunidad de los pequeños delitos”.
“La seguridad se gana calle por calle, colonia por colonia, transporte por transporte. No es una cosa complicada, pero es una cosa que requiere una estructura que realmente comprenda no nada más la parte legislativa, porque de leyes tenemos todas las que usted quiera, pero resultados no; en el área administrativa es donde la cosa verdaderamente se desmorona”, dijo.
“Las autoridades estatales dicen: ‘es que ha llegado el crimen organizado a absorbernos y a dominarnos de tal forma que ya no podemos hacer nada’. Sí, pero ese crimen organizado comenzó en la calle, en la banqueta, en la vida cotidiana de las autoridades locales, municipales, y su contubernio en los giros negros y en el manejo de las drogas. Si no aceptamos esa realidad, siempre va a haber una situación que será poco fructífera”, alertó Gertz Manero en la reunión con los senadores, la semana pasada.
Y frente a esas alertas, los coordinadores parlamentarios decidieron trabajar en coordinación con la Fiscalía General de la República una Ley Nacional que permita atajar a tiempo los delitos de la cotidianidad en calles, transportes, viviendas, para evitar que se conviertan en delincuencia organizada.
El camino en 2020
En octubre del año 2019, los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial acordaron instalar la mesa de trabajo, con representantes de los tres Poderes de la Unión a fin de que a más tardar el 18 de enero se cuente ya con este nuevo entramado del sistema de justicia nacional.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo en esa ocasión que “se ha propuesto tener para el 18 enero del próximo año un borrador de las reformas que se requieren. Para ello, la Junta de Coordinación Política y el Poder Judicial conformaron un grupo de alto nivel para iniciar la redacción y construcción del andamiaje jurídico. En este mecanismo participarán la Fiscalía General y el área jurídica de la Presidencia”.
Sin embargo, el 14 de enero del 2020 se filtró un paquete de reformas constitucionales y legales que generaron una polémica intensa y llevaron a frustrar el esfuerzo interinstitucional por lograr una transformación de fondo del sistema de justicia en todas sus partes: desde la detención de un delincuente hasta su permanencia en reclusión.
En ese paquete de reformas se incluyó la creación de la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, que estaba dirigida a dirimir los delitos relacionadas con la llamada justicia cotidiana; incluía que los adolescentes, de entre 12 y 18 años de edad, sí serían considerados responsables cívicamente, para lo cual serían sancionados de la misma forma que un adulto, con amonestaciones y servicios a la comunidad, en algunos casos, con multas, que deberían pagar sus padres o tutores.
La propuesta de esta ley atendió denuncias relacionadas con temas como cierre de calles o conducir bajo los influjos del alcohol y las drogas, sin que los castigos lleguen al encarcelamiento del inculpado.
Pero la polémica que se generó, no sólo en México, sino entre expertos internacionales que alertaron a México de regresiones judiciales, provocó que esa propuesta quedara en el olvido, aunque a nivel individual senadores, como Miguel Ángel Mancera, Xóchitl Gálvez y la bancada de Movimiento Ciudadano tienen iniciativas para atender el área de la llamada justicia de la cotidianidad.
CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR
