Es muy importante que aquellos que vinieron aquí con unas condiciones determinadas no vean, por cambios que son perfectamente legítimos en un Estado soberano o reformas que puede haber, […] una retroactividad en cuanto a las decisiones que se tomen». José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores
Albares se reunió durante su viaje oficial con su homólogo, el canciller Marcelo Ebrard, con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y con la Mesa Directiva del Senado. No vio al presidente, pero en cada encuentro con las fuerzas vivas de la Cuarta Transformación quiso dejar un mensaje. En definitiva, que haya «seguridad jurídica» para las empresas españolas del sector energético. «Es muy importante que aquellos que vinieron aquí con unas condiciones determinadas no vean, por cambios que son perfectamente legítimos en un Estado soberano o reformas que puede haber, […] una retroactividad en cuanto a las decisiones que se tomen», indicó el ministro, que también solicitó que «que cualquier reforma que se haga, muy en concreto la del sector eléctrico, no entren en colisión con el Acuerdo Global entre la Unión Europea y México que España impulsa».
El Ejecutivo español deja, en cualquier caso, claro que rechaza las acusaciones vertidas contra algunas empresas españolas «Las rechazamos por infundadas. Son palabras que se repiten y se repiten, pero que no tienen fundamento o una base», prosiguió Albares. En su opinión, las compañías españolas que operan en México no necesitan ser defendidas, ya que por ellas habla su trabajo. Sin embargo, ha recordado que si los intereses de España necesitaran una defensa, será «el primero en hacerlo».
SIETE MIL EMPRESAS
En el país hay 7.000 empresas españolas que dan empleo directo a 300.000 mexicanos e indirecto a un millón de trabajadores, mientras que 500 empresas mexicanas en España dan empleo directo a 20.000 españoles. La reforma eléctrica, cuya viabilidad está aún rodeada de incógnitas por la falta de apoyos suficientes en el Congreso, también ha sembrado inquietud en Washington. Estados Unidos, principal inversor en México, busca negociar algunos aspectos de la reforma para evitar que el reparto del mercado perjudique a sus empresarios y que haya incumplimientos del T-MEC, el tratado comercial de América del Norte entre los dos países y Canadá.
