El malestar del profesor Jorge Rafael Ángeles González es notorio respecto al programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), un fondo administrado por padres de familia, ahí y en todo el país, que excluye a autoridades educativas y maestros. En la secundaria de El Sitio Centro hubo más de 200 mil pesos que mediante engaños y entregas en efectivo, prácticamente desaparecieron.
La situación se repite por todo el país y es tan grave que sólo con una muestra aleatoria realizada por la Auditoría Superior de la Federación, que revisó mil 187 millones de pesos, quedó en entredicho la mitad, es decir, el destino de 552 millones de pesos sólo por el ejercicio fiscal de 2020.
Creado en la actual administración, el LEEN es otro de los programas sociales que tiene por objetivo beneficiar escuelas «sin intermediarios»; su presupuesto en 2020, de 7 mil 250 millones de pesos, se redujo a la mitad en 2021 y ahora, para revitalizarlo, se anunció un incremento de 50% así como la extinción, para fondearlo, del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, creado en 2007 con la idea de garantizar alimentación y facilitar jornadas de trabajo para padres de familia.
LEEN es operativamente responsabilidad de la Secretaría del Bienestar y consiste en entregas de recursos que los comités de padres deciden en qué obras gastar y supuestamente con quién. Es tan prioritario para la actual administración que la mexiquense Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, justificó la extinción de las escuelas de tiempo completo en la reorientación de recursos a este programa de infraestructura.
De hecho, la funcionaria consideró el pasado martes 1, durante una conferencia de prensa presidencial, que el malestar por la extinción de las escuelas de tiempo completo era por desconocimiento de los beneficios que se patentan en localidades apartadas del país.
Lejos de los discursos del Salón Tesorería de Palacio Nacional, en la escuela de El Sitio Centro sólo les quedaron los castillos de varilla expuestos para lo que sería techumbre de una cancha de basquetbol y las excavaciones en donde, el director del plantel, Jorge Rafael Ángeles, acusa: «Ya se me fue un niño».
Al fondo de la escuela, un aula inconclusa es monumento al gasto inútil, obra gris por donde corretean algunos de los 126 adolescentes.
Lucía Antonio Maldonado y Raquel Antonio Martínez, madres de familia y vecinas de la localidad perteneciente a Villa Victoria, Estado de México, cumplieron, en julio de 2021, todos los requisitos que el «facilitador» Bernardo de Jesús les exigió: integrar un comité de padres de familia, excluir a profesores y al director y finalmente decidir la obra en asamblea que debía ser asignada al «ingeniero» Gerardo Vázquez Ponce, propietario de la constructora Servicios Vázquez, el hombre que ni era ingeniero y se le fue, en septiembre pasado, dejando la obra negra.
Raquel, la tesorera, desconfiaba pero, admite, sin experiencia ni conocimiento de procedimientos se confió con el resto del comité escolar a lo que el servidor de la nación les pidió. Una entrega en efectivo al constructor por 185 mil pesos, que apenas se les depositaron en una cuenta de Banco Azteca le entregaron en mano. Pero como Raquel y los padres de familia desconfiaban, grabaron en video y fotografías la entrega-recepción.
En la primaria 20 de Noviembre, de San Marcos de la Loma, los castillos sí fueron colados, de manera que 12 columnas de concreto son llamadas, con humor magisterial en la desgracia, «los pilares de la educación«. En el recorrido realizado por Proceso un profesor se apresura a aclarar que la red de volibol que entre dos columnas se sostiene, no estaba incluida en la obra.
Verónica Francisco Dionicio es la tesorera que con el mismo servidor de la nación y el mismo constructor, cayó en la trampa que incluía la presión para entregar los recursos al constructor o perder el apoyo de 500 mil pesos asignados por LEEN. Le entregaron 330 mil pesos y entonces desapareció. Después de los hechos, a partir de clientelismo y empleos temporales, la superdelegación del Bienestar quiso evitar las denuncias, pero Verónica no desistió y como en el caso de las madres de familia de El Sitio, denunciaron ante la Fiscalía General de la República el saqueo.
