Por :Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- En apariencia, los delitos de alto impacto ocurren principalmente en Tampico y Ciudad Madero, pero hace tiempo que salieron de estos municipios. Las fuerzas federales, ahora, corren más al norte a perseguir a los delincuentes. Todos los informes coinciden en la misma conclusión: el nuevo centro de operaciones está en Altamira.
El tema de la seguridad, por su importancia, precisa un manejo abundante y supervisado de datos que rebasa los propósitos de este espacio. En su lugar, nos gustaría llamar la atención sobre un delito federal que ha prosperado en Altamira en los últimos años, sobre todo al amparo de las autoridades locales: el robo de gasolina.
En reuniones de seguridad, Petróleos Mexicanos, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública han señalado que el robo de hidrocarburos, en Altamira, no puede pasar inadvertido para habitantes y funcionarios municipales porque varios tramos del poliducto corren al lado de la carretera Tampico-Mante, y la presencia de extraños resulta visible. Justamente, ahí los han descubierto los militares cuando hacen sus rondines. Sin embargo, para las autoridades municipales resultan invisibles.
Los ciudadanos pueden excusarse de omitir o callar ante el avistamiento de personas en maniobras prohibidas en el poliducto. No pueden arriesgar sus vidas ni están obligados a intervenir. Pero el gobierno municipal, en cambio, está obligado por mandato a mantener el orden en su territorio, y si hubiera actividades ilícitas fuera de su jurisdicción, también tiene la obligación de coordinarse con la Federación para frenarlas. Y esto último, por desgracia, no sucede.
Ninguna ciudad del sur de Tamaulipas es fácil de gobernar. Con esfuerzos, Tampico ha logrado reducir la incidencia delictiva después de varios años en números rojos. En Madero ha ocurrido igual, pues ambas ciudades comparten todos sus intereses como dos hermanos siameses unidos al nacer. Altamira, sin embargo, ofrece condiciones perfectas para delinquir u ocultarse; la urbanización de su territorio alcanza un 40 por ciento, y el resto es zona rural, compuesta por campos de cultivo, ranchos particulares y ejidos. Un complicado y fascinante sistema de canales atraviesa la parte poniente, y muy pocos sabrían por dónde salir si se internaran en él. Los únicos que tienen conocimiento del territorio y sus secretos son el presidente municipal y los integrantes de la Junta de Cabildo.
Pero, si uno observa a Armando Martínez Manríquez, alcalde de Altamira, pensará que vive en un lugar pacífico e ingenuo. Quiere ser famoso como López Obrador y convoca también a conferencias matutinas desde las 6 de la mañana. Sus temas divagan sobre el uso turístico de la laguna del Champayán, algunos proyectos de pavimentación y entrega de ayudas. Siempre sonríe y habla con suavidad. Nada parece preocuparle.
¿Qué responsabilidad tiene él, como primera autoridad, en el ataque a los ductos de Pemex y el tráfico de hidrocarburos? Esto requiere de fuentes de información bien acreditadas. Él, como autor o causante de eso, no tiene ninguna; la suya es de otro orden.
Aunque data de 2015, un estudio sobre robo de gasolina logró identificar a los grupos que intervienen en el éxito de esta actividad ilegal. Fue elaborado por la empresa EnergeA, una división de proyectos de energía de Grupo Atalaya. Los involucrados en este negocio son, como podía preverse, el crimen organizado, grupos armados, bandas locales, comunidades, gasolineros, exempleados de la paraestatal y autoridades locales de seguridad pública.
El estudia jerarquiza qué grupos utilizan la mayor infraestructura en estas operaciones. Así, las bandas locales, los empresarios gasolineros y los exempleados de Pemex se consideran de moderada a baja. En tanto, el crimen organizado, las bandas armadas y las autoridades locales, se califica de alta y muy alta.
Los policías y agentes municipales, internamente, reparten los beneficios de los atracos con sus jefes inmediatos; a su vez, estos hacen lo mismo con sus superiores, y los últimos, naturalmente, con los directores. De ahí los suben más arriba, según los reportes de 2015.
Desde esas fechas, la prensa ha publicado diversos aseguramientos y detenciones relacionados con el robo de hidrocarburos en Altamira, como el ocurrido en el ejido Santa Amalia. Se han llegado a clausurar, en una sola intervención, hasta nueve tomas clandestinas al poliducto para extraer la gasolina. A pesar del logro, cada año vuelven a violentar la tubería.
El robo de gasolina y el robo a escuelas públicas son los principales problemas de inseguridad que padecen los pobladores de las zonas rurales que, como ha quedado dicho, es la mayor parte de Altamira. La red Data México informa que este municipio tiene a un 37.8 de su población en pobreza extrema.
Al revisar estos datos, así como los detalles sobre el combustible robado y su red de complicidades, nadie entiende de qué se ríe Armando Martínez, ni a qué se refiere cuando habla de un mejor futuro si ni siquiera resuelve los problemas del presente.
Queríamos evitarlo pero hay que decirlo: Armando Martínez está sentado sobre un barril de pólvora, y alguien ha encendido una cerilla para acercarla a él. En este mismo espacio le suministraremos algunos detalles en los próximos días.
