La elección de 2022 será la más peleada en la historia de Tamaulipas Por :Mauricio Fernández Díaz

Ciudad Victoria. – La situación político electoral del país se torna cada vez más delicada. En los seis estados donde habrá elección de gobernador, se han presentado conflictos, disputas y divisiones que amenazan la credibilidad de los procesos. El último episodio ha sido la destitución de la presidente del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, Guillermina Vázquez, y del consejero Francisco Martínez, hace tres días.

Aquí nadie escapa a la mirada escrutadora de la sociedad; no hay candidato, dirigente político ni autoridad electoral que no rinda cuentas o que evite el juicio público. Es tan firme esta actitud que las quejas han surgido desde el momento mismo de las elecciones internas; ya podemos imaginar cómo será en la campaña constitucional.

De extrema gravedad fueron las faltas ocurridas en Hidalgo, entidad que celebró 84 elecciones municipales en 2021, y que ahora prepara votaciones para elegir a gobernador en 2022. Guillermina Vázquez y Francisco Martínez eran integrantes de la Comisión Especial del PREP (Programa de Resultados Preliminares), y tenían la responsabilidad de validar su eficacia.

Se hicieron tres pruebas del software para probar su rendimiento, y en las tres presentó errores, pero ni Vázquez ni Martínez informaron de este percance. Su negligencia dañó la certeza del proceso 2020-2021 en la entidad, por haber complicado la verificación de resultados.

El INE resolvió sancionar a ambos con la destitución inmediata, pero solicitó dar parte al órgano de control para que se investigue también a los consejeros Christian García Reyes y Miriam Pacheco Martínez, quienes aprobaron sustituir el PREP original por otra herramienta denominada Preliminares Hidalgo 2020, y que resultó defectuosa.

Ciertamente, estos consejeros carecen de inocencia total en el aprieto. De hecho, Carla Humphrey, uno de los miembros del INE que impuso las sanciones, pidió también la expulsión de García Reyes y Pacheco Martínez del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. “No se deben excluir solo por no formar parte de la comisión -dijo Humphrey-; tienen idéntica responsabilidad de estar informados de los asuntos del proceso electoral”. Al final, salvaron el cargo porque se votó únicamente la destitución de la presidenta y del consejero Martínez Ballesteros.

En su dictamen, el INE fue implacable: “Se transgredieron los principios constitucionales de máxima publicidad y certeza, así como la vulneración e incumplimiento del reglamento de elecciones y los lineamientos del Programa de Resultados Preliminares emitidos por este instituto”.

Esto debe ser tomado por todos como una señal de la intensidad de las elecciones 2022, en las cuales no quedan inmunes ni las autoridades electorales. “Para mí es más complicado bailar que organizar una elección”, dijo a Milenio, de buen humor, Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM). No vaya a ser que administrar la elección local equivalga a “bailar con la más fea”. Muy caldeados andan los ánimos en Morena, con luchas internas e investigaciones; por el lado del PAN, han agriado su discurso contra la Cuarta Transformación, y cada vez le guarda menos respeto. Gómez Charre tiene una papa caliente en las manos y no puede darse el privilegio de equivocarse ni en el mínimo detalle. Sirva de advertencia la defenestración de su colega, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, Guillermina Vázquez, por afectar la legalidad del proceso.

Gómez Charre debe afinar la fiscalización de recursos de esta campaña. Hay un precedente ominoso en Morena: el caso de Sergio Carmona. Antes morir ejecutado en San Pedro Garza García, Nuevo León, este empresario procuraba la compañía de Mario Delgado, Erasmo González y Américo Villarreal, este último elegido precandidato a la gubernatura del estado. Se descubrió después que Carmona financiaba campañas de este partido para obtener obras del Gobierno Federal. Y, en efecto, le hallaron hasta 336 millones de pesos en contratos. También, se reveló la entrega de camionetas y vuelos privados a morenistas de Tamaulipas. Las evidencias son tan claras que hasta el presidente López Obrador ha ordenado una investigación para deslindar responsabilidades.

En tanto, la alianza del PAN con el PRI y el PRD ha sido atacada en tribunales por Morena ya que, a su parecer, carece de legalidad. Alegan que el registro de la alianza contiene firmas no autorizadas para tomar esas decisiones. La pésima gestión como gobernador de Francisco García Cabeza de Vaca puede igualmente derivar en denuncias judiciales que afecten al candidato César Verástegui, no obstante la buena aceptación que ha tenido su precampaña en la entidad.

Para Tamaulipas, la lucha electoral no tendrá lugar exactamente el 3 de abril, como indica el calendario oficial, sino que comenzó en noviembre de 2021. Una gran actividad ha agitado a las dos principales fuerzas políticas, el PAN y Morena, y se viven momentos de tensión tanto dentro como fuera de los partidos.

El Instituto Electoral de Tamaulipas tiene la difícil tarea de llevar la elección de gobernador, marcada para el 5 de junio, por la vía pacífica y legal. Tal es el deseo de los más sensatos. En los hechos, ya tenemos una de las elecciones más competidas, hostiles y apretadas de los últimos años en el estado.