Por: Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- Quienes crean que el poder del presidente López Obrador se ha debilitado a consecuencia de sus problemas de salud no pueden estar más equivocados.
Andrés Manuel sigue teniendo las riendas de la república; en los temas de interés público, sobre todo en los procesos judiciales por corrupción, hace valer su criterio y su voluntad. Eso no ha cambiado un ápice por más visitas que haga al hospital y se someta a tratamientos médicos.
Una muestra de su tenacidad es que, a pesar de las presiones para que modifique la propuesta del embajador en Panamá, donde quiere nombrar a Pedro Salmerón, señalado por acoso sexual, a pesar, pues, de las protestas de defensoras sociales y aún de mujeres morenistas, López Obrador mantiene su intención de designar al historiador repudiado.
También, en días recientes, Emilio Lozoya ha tramitado algunos recursos para llevar su juicio en libertad. De hecho, acaba de triunfar en uno de los expedientes judiciales, el de la planta de Agronitrogenados, del cual logró deshacer una orden de aprehensión. Sigue preso, no obstante, por los supuestos sobornos de Pemex y Odebrecht a legisladores panistas. Y en este caso, se ha hecho valer el deseo de López Obrador: que Emilio Lozoya, miembro de una familia poderosa en México, continúe en la cárcel y lleve su juicio en prisión debido a que, según el juez, hay un riesgo creíble de fuga de parte del acusado.
Todas estas señales comunican con claridad que el Presidente, a pesar de sus padecimientos y dolencias, se mantiene firme en su voluntad de castigar a quienes declara sus adversarios o a los presuntos responsables de ‘vender al país’. El peligro de muerte, divulgado por él después de un cateterismo, no le ha despertado ningún sentimiento de piedad ni de indulgencia hacia sus opositores. Por eso es incomprensible que el gobernador de Tamaulipas, en su pesada situación legal, con varios delitos encima del fuero federal, insista en descalificar el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a su extitular, Santiago Nieto Castillo; todos saben que el queretano tenía el respaldo legal y moral de López Obrador para exhibir a políticos del PRI y del PAN.
A Francisco García Cabeza de Vaca lo acusó de lavar dinero, de evadir el pago de impuestos y de crimen organizado. Santiago Nieto fue el autor de las investigaciones que condujeron al desafuero del gobernador de Tamaulipas, ya que el Congreso de la Unión, erigido en juzgado de procedencia, las recogió y las avaló. La Fiscalía General de la República, por su parte, sostiene esos cargos en los juzgados para que Cabeza de Vaca entre a prisión. No fue, entonces, la trama de un solo hombre, el capricho de un funcionario actuando por su cuenta. Fue la acción de todo el sistema de justicia, apoyado por el Poder Legislativo. En ambas instancias, por cierto, está presente la influencia de López Obrador, sea como líder moral de los diputados de Morena o como el Presidente que ha depositado su confianza en el responsable de la UIF.
Santiago Nieto ya no pertenece a la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero, mientras lo hizo, representó la lucha contra la corrupción del gobierno de López Obrador y uno de los esfuerzos de la llamada Cuarta Transformación por acabar con la impunidad.
No ha llegado el momento de lapidar a la UIF ni al mismo Santiago Nieto porque el régimen que lo respaldó, Morena, aún está en el poder. Los adversarios no han perdido esa etiqueta ni ha llegado el perdón solo por la partida del queretano. El único mexicano incapaz de entender esta sencilla realidad es Francisco García Cabeza de Vaca. Ha lanzado burlas y descalificaciones a Nieto Castillo sin tener fundamentos y sin mediar motivo.
Hubiera aprovechado los juzgados para defenderse de manera correcta y eficaz. En vez de eso, lo denigró ante la prensa. “¿Sicario Nieto?… ¡Sicario, porque se dedicó a asesinar, a matar, a acribillar cobardemente a los adversarios políticos! Era un instrumento que estaba utilizando Morena con los adversarios políticos”.
Cabeza de Vaca tiene todo el derecho de defenderse en tribunales de los señalamientos de la UIF y de cualquier funcionario. Sin embargo, lo que acaba de hacer no es una defensa ni muestra la forma más elevada del derecho. Quiso desahogarse en Santiago Nieto sin denostar al Congreso de la Unión ni al Presidente; es más, dijo que Nieto Castillo los engañó, pero sus palabras sonaron insinceras y cuestionables. No sería la primera ni la última vez en que el gobernador de Tamaulipas provoca al Gobierno Federal o lo intenta ridiculizar. En estos casos, el tamaulipeco se lleva la peor parte, ya que la administración de López Obrador ha logrado limitar su dominio, deshacer sus rebeliones y debilitar su poder. Hoy, Morena gobierna a la mayoría de la población tamaulipeca.
Estos dislates de Cabeza de Vaca solo perjudican las posibilidades de la alianza PAN-PRI-PRD para la elección de gobernador de este año. Su precandidato, César Verástegui Ostos, ha tenido un magnífico arranque y se ha posicionado entre la gente. Por desgracia, lo construido es frágil y se puede caer en cualquier momento. Una nueva investigación, una orden de aprehensión, el seguimiento de un caso grave sin resolver –y Tamaulipas tiene varios–, cualquier asunto judicial del orden federal puede borrar de golpe todo el avance del ingeniero Verástegui. Y el único culpable sería el gobernador.
Aunque Santiago Nieto esté hoy bajo investigación por enriquecimiento ilícito, aunque la salud del Presidente se debilite, aunque las decisiones del gobierno federal sean rechazadas por especialistas, Morena aún tiene el poder, la influencia y las alianzas para acabar con cualquier enemigo político. Eso sí lo puede hacer.
El Gobierno Federal todavía mantiene congeladas casi 25 cuentas bancarias de Cabeza de Vaca y su familia. Si esto no revela la voluntad del régimen, quien sabe en qué piense el gobernador.
