El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, acusó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de mentir por asegurar que no se han desestimado las denuncias penales que interpuso contra él y otros consejeros por posponer la revocación de mandato.
«Lorenzo miente: 1. No se le persigue, como afirma. Se victimiza. 2. Las acciones que se tomaron, en su momento, no fueron por ´pensar diferente´ como cobardemente señala. Fueron por acciones legales, premeditada y dolosas que implicaron una violación a una suspensión de la SCJN», afirmó el diputado federal, el 29 de diciembre de 2021, y compartió en sus redes sociales el incidente de suspensión de la controversia constitucional 224/2021 sobre este tema.
Ese mismo día, en la conferencia mañanera se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta denuncia penal contra consejeros del INE y, tras declararse en contra de la misma, aseguró que «ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal, retirarla», bajo el concepto de que no la va a ratificar ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Así lo informó la Cámara de Diputados en sus redes sociales, afirmando que la presidencia «ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del @INEMexico», añadió.
El domingo 2 de enero, Córdova publicó un video de 4:46 minutos donde acusó a Gutiérrez Luna de seguir con la denuncia penal en contra de los consejeros del INE porque, estas, dijo, se persiguen de oficio. Y se quejó de una persecución penal por el solo hecho de pensar diferente respecto a la revocación de mandato que habían suspendido por, según los consejeros, falta de presupuesto.
«Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos, claramente inexistentes y que, evidentemente, sólo tienen propósitos políticos», indicó, luego de escribir que el INE sigue organizando la consulta para la revocación del mandato del presidente por pérdida de confianza, «en acatamiento a sentencias y resoluciones» de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Córdova calificó la denuncia como un acto «muy grave» que «traspasó una frontera» al usar «un brazo del Estado para amedrentar y amenazar» al INE solo por «pensar distinto».
«No debería ser motivo ni de censura ni mucho menos de persecución penal o política. Por eso, es grave que el presidente de un Poder, en donde además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él. Se trata de un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios.
«Perseguir a funcionarios públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes, para tratar de recurrir a sus responsabilidades legales implica criminalizar el derecho a disentir», agregó.
¿En qué va la consulta?
De acuerdo con Córdova, el INE está en el proceso de verificación de las firmas de los ciudadanos que apoyan y promueven la revocación de mandato del presidente por, como lo señala la Constitución, haberle perdido la confianza.
«En las próximas semanas sabremos si se alcanzaron los requisitos legales y, en consecuencia, el INE emitirá la convocatoria respectiva», indicó.
Dijo que los trabajos del instituto para organizar este proceso siguen adelante, a pesar de que no cuentan con los recursos presupuestales necesarios para organizar la revocación de mandato con las características y modalidades que nos exige la ley de Revocación de Mandato.
El costo total de la consulta para la revocación de mandato sería de 3 mil 800 millones de pesos. Si no les alcanza, pedirán recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, si no se le entregan, la consulta la organizarán con los recursos disponibles y solo con las características y modalidades que puedan fondearse. «A lo imposible, nadie está obligado», aseguró.
