Ciudad de México/Redacción:
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer este sábado 4 de diciembre que 10 ex funcionarios públicos señalados por el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro fueron imputados en la audiencia del viernes por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad culposa.
Dicha se da a pesar de que los abogados de las víctimas aseguraron que no se había llegado a tal etapa del proceso, debido a que no conocían los términos del acuerdo reparatorio alcanzado entre el Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Carso.
Sin embargo, Ulises Lara López, Vocero de la FGJCDMX expresó ante medios de comunicación que no se han solicitado las órdenes de captura contra ninguno de los imputados.
Señaló que “es importante señalar que hasta el momento, la fiscalía no ha solicitado órdenes de aprehensión contra ninguno de los imputados; se ha cuidado el debido proceso y se han celebrado diversas reuniones bilaterales con las partes y sus defensas para construir acuerdos”.
Cabe señalar que a la audiencia del viernes pasado solo asistieron 9 personas, a pesar de que el Tribunal había citado a 10.
Añadió el Vocero que “como lo informamos, desde la audiencia inicial se corrió traslado de la carpeta de investigación a la representación jurídica de los imputados para garantizarles el derecho a una adecuada defensa. Cabe señalar que la carpeta consta de 59 tomos con 30 mil 737 fojas útiles, lo que representa un tiempo razonable para su lectura y análisis”.
También refirió que “como lo lo anunciamos oportunamente, la representación legal de CICSA y el gobierno de la Ciudad de México firmaron un acuerdo que cubre la reparación y reforzamiento, no sólo del segmento colapsado, sino del total del tramo elevado, desde la estación Tezonco hasta la terminal Tláhuac”.
Por esa razón, señaló que se han mantenido reuniones para llegar a un acuerdo reparatorio con las víctimas directas e indirectas.
No obstante, explicó que “las defensas tenían acceso a la carpeta de investigación, con conocimiento pleno de que un acuerdo reparatorio es información reservada para las partes intervinientes, que puede construirse por separado o por cada una de las partes con las víctimas y que no hay correlación entre cada uno de dichos acuerdos, una de las defensas solicitó el sobreseimiento, es decir, la suspensión del proceso judicial y que su representado se beneficiara del acuerdo existente”.
