TAMAULIPAS.- El veto a la eliminación del canje de placas para el 2022 significó un nuevo revés para la bancada morenista en el Congreso del Estado. La que parecía una clara mayoría legislativa que marcaría la pauta para el último año de la actual administración estatal, se fue desdibujando durante el primer periodo ordinario de sesiones.
El freno al reemplacado se convirtió desde un principio en un tema complejo para el grupo parlamentario que coordina Armando Zertuche Zuani, presidente de la Junta de Coordinación Política.
La primera señal de alerta ocurrió el 30 de noviembre, cuando el dictamen llegó al Pleno para que con los 18 votos morenistas fuera aprobada una reforma a la Ley de Hacienda que dejaba sin efecto el cobro para reemplazar los vehículos en el estado.
El problema es que, con la sesión a punto de iniciar, los morenistas se enteraron de la ausencia de cinco de sus correligionarios, Cassandra de los Santos, Jesús Suárez Mata, Nancy Ruíz Martínez, Nayeli Lara Monroy y Leticia Vargas Álvarez. Con solo 13 diputados listos para votar, les fue imposible defender su propuesta y tuvieron que recurrir al último recurso legislativo que les quedara para no perder la votación: abandonaron la sesión para que ésta fuera suspendida.
Las verdaderas dificultades para la representación legislativa de Morena comenzaron mucho antes, desde el inicio del periodo que culminó ayer. Cuando se conocieron los resultados de la pasada elección, se presagiaba una auténtica aplanadora que podrá revertir las polémicas reformas aprobadas de último minuto por la anterior legislatura. Entre ellas se encuentra la que brinda seguridad a los ex funcionarios, o la que da a los municipios la posibilidad de participar en la aprobación de las reformas constitucionales.
También, la que hizo irreversible a la votación contra el desafuero del gobernador. Para ello, crearon una comisión especial que hasta el momento ha arrojado nulos resultados.
El problema de fondo es que Morena no cuenta con la mayoría calificada -dos terceras partes- del pleno para hacer reformas a la Constitución del estado. Incluso si consiguieran “convertir” a diputados panistas, tendrían un escollo más para librar: La anterior Legislatura utilizó su mayoría para modificar la Constitución Política de Tamaulipas para agregar un párrafo al artículo 165: “Una vez aprobada la iniciativa de reforma o adición se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates, los cuales en el término de 30 días naturales deberán notificar si la aprueban o no.
Una vez transcurrido este término el Congreso realizará el cómputo correspondiente y, de obtenerse una mayoría de votos de los ayuntamientos en favor de la adición o reforma, ésta se declarará parte de la Constitución…”.
Esto quiere decir que, además de la aprobación de las dos terceras partes del Pleno, la reforma debe ser avalada después por 22 Ayuntamientos. Si se considera que Morena y PT apenas tienen nueve municipios bajo su poder, las reformas a la Constitución no serán posibles. También necesitarán mayoría calificada para reorganizar los organismos para la estructura de vigilancia e impartición de justicia del estado.
En la Auditoría Superior del Estado, que depende formalmente del Congreso, no podría removerse al titular Jorge Espino Ascanio, quien fue elegido por un periodo de ocho años que concluiría hasta el 2025, e incluso podría ser designado para otro periodo similar.
Para quitarlo de su puesto, la remoción tendría ser aprobada por dos terceras partes del Pleno, la misma cantidad de votos que se requieren para designar al nuevo Auditor. Lo mismo ocurrió con el Fiscal General de Justicia, quien sería inamovible por el Congreso, por lo menos hasta el 2025.
