Porque tienen escrituras y son de su propiedad, el gobierno morenista de Nuevo Laredo anunció acciones legales para recuperar los seis centros de bienestar que el Gobierno del Tamaulipas intervino con uso de la fuerza pública ayer y tomó posesión de los inmuebles.
Juan Ángel Martínez Salazar, Secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, y Leticia Yazmín Meneses Camino, Secretaria de Bienestar Social del municipio, ofrecieron rueda de prensa para detallar el pleito legal que emprenderán para rescatar los centros de bienestar, antes llamados «tamules» en el sexenio de Egidio Torre.
Martínez precisó que primero presentarán una demanda de amparo indirecto ante la justicia federal, luego atenderán el juicio donde los acusan de despojo indebidamente.
«Todo es una serie de irregularidades, de aberraciones y de excesos, usaron todo fuerza pública en forma simultánea. Nos arrebatan esos centros y no les asiste ese derecho, el comodato terminó, y arman una querella sin notificarnos, sin respeto al debido proceso y al derecho de audiencia», señaló Martínez.
Ayer, la Administración de Tamaulipas, encabezada por el Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, allanó seis Centros de Bienestar de NuevoLaredo, gobernado por la morenista Carmen Lilia Canturosas.
También pedirán la intervención del Congreso para que modifique leyes para enjuiciar a jueces que violen el debido proceso y la garantía de audiencia, como le ocurrió al Ayuntamiento, que siendo dueño de los inmuebles se le acusa de despojo.
A las 19:30 horas, en un operativo simultáneo, la Fiscalía General de Justicia, Policía Ministerial y personal del Juzgado de Control del cuarto distrito judicial, con orden de desalojo girada por el Juez Isaías Contreras Tamayo, rompieron chapas y puertas para tomar posesión de los seis centros de bienestar ubicados en seis colonias diferentes.
Meneses explicó que los seis inmuebles son propiedad municipal y tienen escrituras, pero en el 2016 el Gobierno panista estatal acordó con el ayuntamiento panista cedérselos en comodato.
La Secretaria de Bienestar de Nuevo Laredo explicó que en octubre del 2021 al asumir el ayuntamiento la Alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, en la entrega-recepción encontraron que los seis inmuebles estaban abandonados, en mal estado y sin usar desde marzo del 2020, según testimonios de los vecinos.
Presentó un plan de rescate y restauración, que incluyó encuestas entre vecinos que pedían reactivarlos, pero con talleres de oficios para encontrar empleo o emprender negocios.
Martínez Salazar dijo que primero notificaron a la Secretaría del Bienestar del Estado que daban por concluido el comodato, que se venció en el 2018 y nunca se renovó.
«El contrato de uso en comodato, de hecho, nunca se formalizó el contrato, ni en documento, el cabildo solo lo autorizó, pero no hay contratos en el archivo que nos dejaron, el acuerdo de Cabildo decía que se vencía en el 2018», explicó Martínez Salazar.
Detalló que tras notificarle a la Secretaría del Bienestar del Gobierno de Tamaulipas la decisión, se dieron por enterados, pero el Gobierno estatal el 8 de noviembre les pidió actas del inmueble, y apenas el viernes se enteraron que había una querella penal por despojo en la Fiscalía General de Justicia del Estado.
«Ayer nos enteramos de querella penal por el despojo que supuestamente realizamos por esos centros, no hay despojo porque es propiedad municipal y notificamos a la entidad de la finalidad de finalizar el comodato», enfatizó.
La actuación del juez es arbitraria e ilegal porque en la audiencia púbica solo fue el representante del Gobierno estatal y de la Fiscalía, pero no notificaron al Ayuntamiento.
«El fiscal sabía, el juez sabía que tenemos interés legítimo», afirmó tras reprochar al Ministerio Público de no notificarles nada, de no usar la figura de mediación para el entendimiento, acorde al nuevo sistema de justicia penal.
«No entiendo cómo el fiscal hace este caso penal cuando es un asunto civil», señaló Martínez, «vamos a pedir la intervención del Consejo de la Judicatura, del Congreso del Estado para que se sancione este tipo de actuaciones de los jueces, no se respetó el derecho de audiencia ni el debido proceso».
