Por Mauricio Fernández Díaz
Detengan la agresión a periodistas en Tamaulipas
Ciudad Victoria.- Un informador sabe que ha hecho lo correcto cuando recibe amenazas o intimidaciones por su trabajo. La consecuencia es lógica: si hubiera falsedades o mentiras, nadie se molestaría por eso; a lo más, exigiría una corrección o una nota aclaratoria pero no se lanzaría a agredirlo. Casi sin excepción, solo se ofenden los simuladores y los que esconden secretos.
Aunque estas amenazas representen el sello del periodismo libre, ningún reportero trabaja para ser hostigado o sometido. El único compromiso es informar los hechos y las acciones con objetividad e independencia. Y los comunicadores ya tienen un juez, un censor que castiga la distorsión de la realidad: el público. La gente abandona a los medios que difunden historias falsas o ‘fake news’. Y a la inversa, apoya a los que ayudan con su trabajo a tener una sociedad más justa, segura e incluyente.
Sin comunicadores que acerquen la información al ciudadano, ¿cómo podrían solucionarse los problemas de la sociedad? ¿De qué manera vigilarían la actuación de las autoridades, el uso de los recursos públicos, la observación de los derechos humanos? Incluso, la clase política necesita su servicio para llegar a los gobernados. Todos necesitan a los comunicadores y todos se benefician de su labor. Solamente los deshonestos, los estafadores y los hipócritas preferirían un mundo sin prensa, sin periódicos y sin portales de noticias.
El tema de la violencia contra informadores es bastante serio. De 2018 a la fecha han asesinado a 25 periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19, que defiende el derecho a la información y el respeto a la prensa. Pero la cifra total, desde el año 2000, es de 145 muertes, de los cuales 14 se cometieron en Tamaulipas. Por desgracia, casi todos han quedado impunes, y nadie socorre a los familiares de las víctimas. Estos reporteros y editores no cometieron ningún crimen ni amenazaban a nadie: quedaron expuestos a la influencia de grupos o particulares poderosos; los silenciaron a causa de sus investigaciones y denuncias.
El otro método para silenciarlos es el del acoso o el miedo. En el primer semestre de 2021 se han documentado 362 agresiones contra la prensa (Artículo 19), de los cuales 64 se originaron en la Ciudad de México; 23 en, Tamaulipas; otros 23, en Quintana Roo; 22, en Puebla; 21, en Guerrero y 19 en Baja California. Estas agresiones consistieron, en primer lugar, en intimidaciones y hostigamiento; en segundo, en amenazas, y en tercer lugar, en ataques físicos o en uso ilegítimo del poder público. Los periodistas tamaulipecos, entonces, trabajan en condiciones profundamente inseguras y a merced de abusos y lesiones. Somos el segundo estado con mayor número de denuncias de este tipo. Las ciudades, las calles, las carreteras del estado, todos son lugares peligrosos para el reportero. El único escudo que puede protegerlo –pero no lo hace– es la ley, el Estado de derecho, el llamado clima de libertades que presuntamente se disfruta en este territorio de la república.
Si a la agresión contra el informador se le añadiera el hecho de ser mujer, se agrava más la situación de la prensa estatal. Ha llegado el momento de afirmar que cada periodista agredido, cada mujer violentada o acosada, es una falta de las autoridades con sus ciudadanos, el rompimiento de una promesa de mejorar la vida los tamaulipecos por medio del respeto y la protección de sus derechos. Si ya Tamaulipas adolece de un ambiente de paz y seguridad, ¿por qué dejar que se corrompa también con agresiones a las periodistas, con amenazas a la libertad de expresión?
En una situación normal, un reportero debería recibir el amparo de la ley para sentirse a salvo. Pero, ¿qué sucede cuando la amenaza viene precisamente de un representante de la ley, más aún, de un legislador, ese que redacta o mejora las normas jurídicas para bien de sus representados? Es el mundo al revés, de cabeza: quien más debería defendernos se encarga de agredirnos.
Solo podemos atribuir a la incultura y al desconocimiento de las funciones legislativas que una diputada local incurra en estos abusos. Nos referimos particularmente a Casandra de los Santos Flores, originaria de Río Bravo.
Los informadores y periodistas de Tamaulipas debemos usar el ejemplo de Casandra de los Santos para disuadir a cualquier otro servidor público que intente hacer lo mismo. Ella creyó que el nombre de “diputada local” le concedía facultades sobre el honor y la dignidad de las personas. Se equivocó. De paso, perjudicó la imagen de su partido, Morena, que hasta el momento ha cumplido con su objetivo de ayudar a los más necesitados y de acabar con los privilegios.
Ese es, precisamente, el tema que nos ocupa. La diputada Casandra de los Santos no goza de ningún privilegio para intimidar, agredir o humillar a un informador, a nadie. Es una figura pública; todo lo que haga, diga o deje de hacer será indagado por la prensa como un servicio a la sociedad tamaulipeca.
Apoyamos a Brenda Ramos, periodista de Sentido Común, frente a las amenazas de la diputada de los Santos. Pero, también, estamos listos para hacerlo con cualquier compañero de la prensa que se encuentre en una situación similar.
Vivimos en otros tiempos, donde no hay lugar para intocables, monarcas ni privilegiados.
